En lo hondo de un pozo de horror

Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Miércoles 29 de agosto, 2018

Tahdziú despertó envuelto en el horror hace unos días, cuando tras buscar infructuosamente a la nena Ana Cristina, decidió mirar en las profundidades negras de un pozo, en donde vio una imagen que aterró a gran parte de esa población maya, mantenida en la marginación y pobreza, gobierno tras gobierno, para seguir ostentando el primado de uno de los municipios más pobres del país y de Latinoamérica. Envuelta en las tinieblas, yacía el cuerpecito de Ana, golpeado y agredido con saña por su victimario. Un grito de horror surgió de la boca del hombre enviado a buscarla hasta las honduras infernales a donde la lanzaron sin piedad alguna.

En éste caso, como en muchos otros –como el de Emma Gabriela Molina Canto–, hay una historia detrás de agresiones, una ruta de violencia, desoída por las autoridades de los diversos niveles, no atendida a tiempo, que culminó en la brutal muerte de una nena de apenas 6 años y de una madre de familia afuera de su casa y frente a sus hijos.

Evidentemente, en este tema, como en muchos otros, a la autoridad estatal saliente le ha interesado sobre todo su imagen pública, construida a través de la “verdad oficial”, sus boletines, y de la realización de eventos a modo donde lo fundamental ha sido destacar los “logros” de quienes heredan la bola de nieve que no para de crecer de la descomposición social, de la pobreza y de la cruenta realidad de un modelo económico del que es beneficiario un grupúsculo de personas y familias.

“Si Emma Gabriela (Molina Canto) hoy no está con vida, es porque no tuvo la debida protección, no tuvo ninguna protección para salvaguardar su vida y la de toda su familia”, así nos lo dice su madre, Ligia Canto Lugo, cuando le preguntamos sobre el papel del gobierno saliente en el caso de su hija, quien fue asesinada brutalmente afuera de su casa en Mérida, por dos sicarios enviados ex profeso tras años de agresiones de toda índole escenificadas en muchos casos en el llamado “Estado más seguro”. Y ante la indiferencia, o complicidad, de las autoridades.

Como nos dice doña Ligia Canto, “a pesar de toda la ruta de violencia, nunca se tomó en cuenta, y se le negaron a ella, de manera inexplicable y hasta cierto punto absurda, las medidas de protección que inclusive ya estaban mandatadas por la ley general de víctimas”. Después vino su brutal asesinato, hace ya un año 6 meses.

“En este incumplimiento no está solamente el gobierno de Rolando Zapata, sino la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, instancia federal que está aquí en Mérida, que es la que debió haber visto que el estado diera el cumplimiento a las medidas de protección”, añade doña Ligia.

Al cierre del gobierno de Rolando Zapata estamos ante “un aumento notable en la violencia y agresiones hacia las mujeres”, como nos comenta Karen Montiel, activista, ex funcionaria, licenciada y colaboradora de la ONG, Emprendedores de Desarrollo Comunitario.

“¿Qué quiere decir esto? Que el grado de descomposición social es muy grande en el estado”, puntualiza Karen, quien recuerda que en Tahdziu estamos ante un caso de mujeres mayahablantes, con bajo nivel de escolaridad, de escasos recursos donde se combina la vulnerabilidad con la marginación.

Señala que sabíamos que desde hace al menos 10 años existían muchos problemas en Tahdziu. El caso de la niña asesinada tiene mucho que ver con la corrupción en el municipio y con una serie de agresiones que se sucedieron a lo largo de los últimos 10 años.

Por ejemplo, narra que obligaron a una muchacha, hija de la señora (mamá de Ana) a casarse; ella no accedió, rechazó ese matrimonio forzado tras ser llevada contra su voluntad a la casa donde habitaban los familiares del asesino de Ana. Hubo denuncia, inclusive en la delegación de la Fiscalía General del Estado en Tekax, pero ni constancia hay de la misma. Es decir, no se quedaron con copia de la denuncia o de la relatoría de hechos. O quizá ni se las dieron. Así con las autoridades.

En la ruta de violencia cabe recordar que la agresión contra Ana María inició cuando una de sus hermanas dijo no a ese matrimonio forzado.

Además, Karen nos recuerda que hay una posible agresión sexual –que tampoco nunca fue investigada por las autoridades– contra la hermana mayor de Ana María, jovencita de quince años. Fue presuntamente violada por un miembro de la familia expulsada de Tahdziu por el asesinato de la niña.

Recuerda también que acechaban la casa de Ana María. El día que ocurrieron los hechos, de alguna manera esto se veía venir. Ana María fue secuestrada, fue retenida, y lo mismo intentaron con su hermanita de 8 años, la que se dio a la fuga, cuando empezaron a chiflarle. Lo que le salvó la vida.

Estamos ante gravísimas omisiones de autoridades de los diversos niveles de gobierno. Sordos e indiferentes, pero eso sí, muy preocupados por evitar la alerta de género en Yucatán e irse entre aplausos para pasar al olvido rápidamente.

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