Fuenteovejuna no es justicia

Felipe Escalante Tió
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Miércoles 29 de agosto, 2018

Agosto termina y deja ver en cuán poco tiempo las instituciones pueden debilitarse hasta el punto de parecer inútiles. Concluye un sexenio y los hechos de violencia muestran que en Yucatán la sociedad está más cerca de ser una de Antiguo Régimen que de una conformada por ciudadanos.

Este mes ha sido muestra de que la violencia contra los más desprotegidos es una problemática real en el estado. El intento de violación contra una niña que por defenderse terminó con severas heridas con arma blanca, el asesinato de una mujer embarazada a manos de su pareja y el terrible crimen contra Ana Cristina, de apenas seis años, en Tahdziú, han movido a la justa indignación, pero la respuesta de las autoridades en conjunto para la correcta administración de justicia ha sido por demás débil.

Esta crisis de seguridad para mujeres y niñas exhibe tanto a la ciudadanía como a los tres poderes en el estado. Tal parece que unos ya están contando los días para irse y van a la oficina por mera inercia, si es que acuden, mientras los otros se mantienen en silencio porque “no les corresponde todavía”. Llama la atención el silencio de las pocas diputadas de la actual Legislatura, y más el de las electas, que bien podrían llamar a una investigación. Mientras, pareciera que la sororidad es un concepto que no les inspira a la acción.

Tahdziú es en este momento la herida que se gangrena. Si durante este sexenio se caracterizó por ser el municipio más pobre de Yucatán, la repercusión interna del crimen de Ana Cristina es indicadora de que justicia, autoridad y ley fueron arrojadas también arrojadas al fondo de un pozo; ese al que se destinan las cosas que, en nuestra percepción, son inútiles.

Porque la respuesta de los vecinos de Tahdziú ha sido la de regresar al siglo XIX o incluso mucho antes. “El pueblo” parece aparecer como un actor colectivo en demanda de justicia, pero se ignora completamente a las instituciones encargadas de su impartición. Esto, tal vez, porque las mismas han ignorado a poblaciones en las que impera la miseria.

Que el alcalde “por decreto” haya expulsado de la población a la familia del hasta ahora presunto criminal, ya vinculado a proceso. Que los vecinos hayan quemado la vivienda de los arrojados al exilio, a quienes ahora no se quiere recibir en la vecina Peto. Que se anuncie la creación de una escuela en el terreno robado a la familia del victimario, son medidas que remiten a la total desconfianza en el sistema estatal de justicia y a la ausencia de las instituciones.

Porque la justicia “por usos y costumbres” no puede ir en contra de las garantías individuales, y la familia del asesino, por más gravedad con que se quiera calificar el crimen, es distinta en cuanto a una posible participación en el mismo. Y en todo caso debió presentarse una acusación en contra de sus integrantes. Mientras, lo que se difunda no deja de ser un chisme de muy mal gusto.

Porque el presidente municipal, no obstante “se lo haya pedido el pueblo”, carece de facultades para desterrar a una familia, y mientras no exista una indemnización, tomar una propiedad, así sea para dedicarla a una escuela, es un robo. Recordemos que, en su toma de protesta, el alcalde se comprometió a cumplir y hacer cumplir la ley, y ésta ha estado ausente.

Pero que como sociedad aplaudamos el linchamiento del asesino y de su familia hoy errante sólo indica que nos encontramos en un estado de miseria del espíritu y nuestra alta disposición a desconocer los actos de la autoridad; somos, entonces, más siervos que ciudadanos.

De ser ciudadanos, estaríamos exigiendo la desaparición del Cabildo de Tahdziú, donde los anuncios hechos por presidente municipal recuerdan más a Juan Vargas, el personaje que interpretara Damián Alcázar en La Ley de Herodes, que a un individuo consciente de su deber como autoridad electa. Estaríamos exigiendo a la Fiscalía General del Estado una investigación exhaustiva sobre este crimen. Estaríamos demandando a la Comisión de los Derechos Humanos que intervenga y recomiende a varias dependencias un trabajo urgente en materia de educación, organización de productores, atracción de inversiones y participación ciudadana.

Sí, estamos en un tiempo que más que de transición es de vacío de autoridad, pero a esta ausencia corresponde una sociedad que se entiende limitada a un “votas y te vas”, sin querer involucrarnos más en el ejercicio de la política porque ya es más cómodo el activismo y el linchamiento a través de las redes sociales.

Ya hace más de un siglo, don Marcelino Menéndez y Pelayo calificó a Fuenteovejuna, de Lope de Vega, como la más democrática de las obras en lengua castellana. Democracia, en este caso, no es equivalente a justicia.

Tahdziú necesita de atención urgente, al igual que otros municipios y poblaciones altamente vulnerables por las condiciones de marginación existentes, a las que no les resolvió nada el establecimiento de Grupo Modelo o Leoni, pero que no dejan de ser parte de Yucatán, aunque no se les quiera ver. Le debemos esa atención a niñas como Ana Cristina.

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