En Yucatán existe transfobia institucional, asegura víctima de agresión

Texto y foto: Katia Rejón
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 5 de noviembre, 2018

“Fui víctima de agresión física y sexual. El agresor nunca ha sido arrestado y lo que exijo a las autoridades es justicia”, afirmó Grecia Sosa, una mujer transgénero que en el 2015 interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de abuso sexual y lesiones dentro de la carpeta de investigación S1/323/2015. Sin embargo, tres años después, la juez segunda de Control del Primer Distrito del Estado de Yucatán dictó el no ejercicio de la acción penal.

De acuerdo con Grecia Sosa, la agresión tuvo lugar en el 2014 por parte de un hombre que intentó violarla, y ante su negativa la golpeó. La víctima requirió de una intervención quirúrgica de reconstrucción facial interna y externa debido a la gravedad de los golpes y fue amenazada de muerte por parte de la esposa del agresor.

“Todo ello está documentado. Tres médicos, incluido uno de la fiscalía, están de acuerdo en que necesito otra cirugía interna porque presento secuelas físicas. Tengo pólipos, inflamación crónica de cornetes y problemas para respirar”, explicó Grecia Sosa en rueda de prensa.

“La Fiscalía omitió pruebas importantes, la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas (CEEV) no me dio asesoramiento adecuado, interpuse denuncias a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán y refieren que no hubo ninguna violación a mis derechos humanos. Existe transfobia institucional, no tienen un protocolo adecuado para atender a las mujeres transgénero porque acostumbran tratarme como hombre aunque emocional y físicamente no lo soy”, afirmó.

El abogado Jorge Fernández Mendiburu, miembro de Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., comentó que aunque Grecia Sosa realizó todo el proceso médico y recopiló una serie de pruebas contundentes sobre la probable responsabilidad del acusado, el Ministerio Público integró mal la carpeta de investigación y tardó tres años en determinar que no iba a proceder penalmente. Asimismo, explicó que se le asignó un asesor jurídico que en ningún momento coadyuvó con ella.

Miembros de la sociedad civil organizada y representantes de organizaciones de Derechos Humanos como Indignación, It Gets Better México, Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, AEPAF Yucatán y el Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia A.C. respaldaron la acusación de la víctima y exigieron a las autoridades correspondientes garantizar su acceso a la justicia.

Declararon que entre las pruebas que se omitieron en la carpeta están los documentos médicos de las secuelas que quedaron de la agresión física y sexual de la que fue objeto, lo que repercutió en su salud física y mental.

El 27 de febrero del 2018 la Juez Segunda de Control del Primer Distrito del Estado de Yucatán confirmó la determinación de la Fiscalía General del Estado de Yucatán donde resuelve que no hay elementos suficientes para proceder penalmente contra el acusado. La parte acusadora presentó un juicio de amparo reclamando diversas violaciones a su derecho de acceso a la justicia y el 5 de septiembre de este año y un juez federal otorgó el amparo señalando que se había violado su derecho a la defensa.

“El juez ordenó volver a efectuar esa audiencia garantizando que ella cuente con toda la asesoría legal correspondiente para que se dé en igualdad de circunstancias. Con esto, la Fiscalía tiene la oportunidad de reconocer que existe discriminación, integrar las pruebas correspondientes y aplicar los protocolos que deberían aplicarse cuando hay violencia transgénero. El juez Manuel Jesús Soberanis Ramírez será quien realice de nuevo la audiencia”, afirmó Fernández Mendiburu.

[b]Revictimización por parte de la Codhey[/b]

La doctora Ligia Vera manifestó que la Fiscalía y el Tribunal repite patrones de machismo y juzga con sus propios valores y creencias personales, lo cual “no puede ser permitido en una sociedad del siglo XII”.

La activista Adelaida Salas agregó la resolución de la Codhey también llegó tres años después determinando que Grecia Sosa no había sufrido discriminación. La carta firmada por la visitadora Ileana Braga López llegó a la casa de Sosa sin sobre y se dirigían a ella con su nombre masculino. Esto, declaró Salas, provocó que de nueva cuenta sufriera violencia y agresión por parte de otras personas que hasta ese momento habían respetado su identidad como mujer. Grecia Sosa añadió que esto incluye amenazas y heridas a su mascota.

“La Codhey siempre dice que no pasa nada. En el caso de Grecia además la CEEV no le permitió tocar su expediente. Desde la primera vez que visitan a Grecia le pegan esta notificación [de la Codhey] con su nombre masculino y le destruyen la vida privada. Le escribimos pidiendo que la notificación se realice en un sobre cerrado, y lo vuelven a hacer”, agregó Salas.

Los abogados y activistas declararon que la Codhey no tiene credibilidad e hicieron un llamado al ejecutivo del estado para que a la brevedad nombre al nuevo titular de esta organización. Así mismo, piden que sea autónoma y no un “simulacro, con titulares que están para bardear”.

Agregaron que aunque es un caso particular, representa la deuda que tiene el gobierno con las personas transexuales y de la diversidad secual. “Yucatán está en los primeros lugares en crímenes de odio por homofobia y transfobia. Este caso es un demostrativo de una situación sistémica y discriminación estructural en Yucatán. Hasta donde sabemos, es la primera vez que un juez federal obliga a que se reabra un caso de violencia por discriminación por identidad sexogenérica”, finalizó Mendiburu.