Francisco J. Hernández y Puente
Foto: Enrique Osorno
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Viernes 16 de noviembre, 2018

De acuerdo con fuentes del nuevo gobierno estatal que encabeza Mauricio Vila, quienes vivimos en Yucatán nos enteramos del desaseado proceso de entrega-recepción del gobierno que apenas hace unas semanas era del PRI, con lo que la tan vendida figura de Rolando Zapata como el mejor gobernador de México se vino abajo en apenas unas semanas.

No es sólo que se hayan gastado mil 900 millones de pesos de manera anticipada, con el consentimiento de la Secretaría de Hacienda federal y el equipo de Enrique Peña Nieto, sino la falta de control, la ausencia de disciplina y orden para para entregar cuentas claras, transparentes y consistentes. Ahora se revela que el ejercicio del gasto fue una pachanga financiera, sin apego a las normas mínimas como lo exige un asunto tan serio y complejo como el ejercicio de las finanzas públicas de un estado. El manejo del dinero público fue una fiesta o trataron de ocultar en la fiesta y el desorden peores cosas. No se puede gobernar un estado durante seis años y después irse como si fuera la tienda de abarrotes, y dejarla en el absoluto desorden, salvo que dejar un tiradero sea le mejor forma de esconder evidencia.

Hoy la nota es que en diversas ámbitos de la administración pública estatal hay irregularidades en el uso de los recursos públicos en por lo menos cuatro áreas: en la Secretaría de Salud, Desarrollo Social (de donde emergió el candidato derrotado del PRI, Mauricio Sahuí), la Fiscalía del Estado, y la ya conocida suma de recursos federales que hacen falta para concluir lo que resta del actual ejercicio presupuestal.

[b]Larga lista de irregularidades[/b]

La lista de irregularidades ya es larga, y se teme que pueda aumentar. De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Administración y la Contraloría del Estado, no hay dictámenes de los estados financieros entregados, en la Secretaría de Salud hay estudios que se pagaron y no aparecen por ningún lado, como el que se pagó a una comercializadora de pescados y mariscos que parece que también hacía estudios científicos. Obras duplicadas, facturas pendientes de pago y otras más que aparecieron en cajones que no se habían registrado para su liquidación; proveedores con facturas canceladas y que ya no pudieron reponer; compromisos de pago incumplidos, ausencia de la información financiera en los sistemas de cómputo, o computadoras de las que se borró toda la información. Un desaseo mayúsculo o un acto de destrucción sistemática de potencial evidencia.

El Isstey con un histórico adeudo de 2 mil millones de pesos respaldados por un fideicomiso que la anterior Secretaría de Finanzas jamás echó a andar y del que se limitó a pagar intereses corrientes; estimaciones de ingresos propios del gobierno del estado que se hicieron sobre la base de la eventual venta de terrenos que luego no se vendieron, desprecio por las normas, procesos y procedimientos para la entrega-recepción de oficinas y bienes públicos en general. En suma, un proceso de entrega calificado como lento, incompleto y poco profesional, que ha puesto en evidencia la ignorancia de los servidores públicos de la técnica presupuestal y jurídica que se requieren en el manejo de las finanzas y la administración de gobierno. Servidores públicos que, en el proceso de transición, y en la más absurda simulación, se atrevieron a presentar como entrega el último informe de gobierno de Rolando Zapata.

Hoy, hasta la entrega de uniformes, zapatos y computadoras en escuelas del estado, se ventila con la sospecha de que su manufactura fue el negocio de unos cuantos. La finalidad esencial del proceso de entrega-recepción -apunta la ortodoxia administrativa-, es acopiar e integrar en un documento legal el conjunto de pruebas documentales, informes e indicadores sobre el estado financiero, patrimonial, económico y administrativo, que guarda la gestión gubernamental con objeto de dar cuenta clara sobre la situación vigente, y facilitar la asunción de asuntos, compromisos y el ejercicio mismo de facultades, recursos y la atención de los compromisos que quedan en puerta o por resolver en la gestión que toma nuevo turno. La imagen de las encuestas se está divorciando de la realidad de trastienda que hoy todos empezamos a conocer.


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