Texto y foto: Notimex
La Jornada Maya
Dallas, Estados Unidos
Miércoles 28 de noviembre, 2018
El gobierno del presidente estadunidense Donald Trump ha reanudado discretamente la separación de familias inmigrantes en la frontera, mediante acusaciones vagas o infundadas contra los padres por irregularidades o violaciones menores, incluidos casos de reingreso ilegal al país.
Un reporte de ProPublica, una organización sin fines de lucro dedicada al periodismo de investigación, dijo que en el último trimestre, abogados de Catholic Charities, que asesoran a niños inmigrantes bajo custodia del gobierno en Nueva York, detectaron al menos 16 nuevos casos de separación familiar.
Los abogados sostienen que toparon con esos casos por casualidad y por medio de su propia investigación después de que los niños fueron puestos en albergues o refugios con poca o ninguna indicación de que llegaron a la frontera con sus padres.
ProPublica recibió a fines de octubre último una llamada de un padre salvadoreño angustiado, detenido en el sur de Texas y cuyo hijo de cuatro años, Brayan, había sido “literalmente arrancado de un tirón” por un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) después de cruzar la frontera y pedir asilo.
Julio, padre de Brayan, pidió ser identificado sólo por su nombre porque huía de la violencia de pandillas y estaba preocupado por la seguridad de familiares en El Salvador.
ProPublica rastreó a Brayan en una agencia temporal de crianza temporal en la ciudad de Nueva York, y se acercó al abogado que lo representa.
Hasta esa llamada telefónica, aseguró ProPublica, Jodi Ziesemer, abogada supervisora de Catholic Charities, no tenía idea de que Brayan había sido separado de su padre. El caso, dijo, se sentía inquietantemente como tolerancia cero de nuevo.
"Es tan desalentador", dijo Ziesemer. "Se suponía que esto era una política que terminaba".
Oficialmente la política de separación de familias concluyó el pasado 20 de junio, cuando Trump firmó una orden ejecutiva para terminar su llamada política de inmigración de tolerancia cero, que pedía a las autoridades que procesaran penalmente a los adultos que cruzaran ilegalmente la frontera y los separaran de los niños.
Una semana después, un juez federal, Dana M. Sabraw, emitió un recurso judicial contra las separaciones y ordenó al gobierno que juntara a los miles de niños que fueron separados de sus padres.
Sabraw, sin embargo, eximió los casos en que la seguridad del niño estaba en riesgo y, de manera crucial, no impuso normas ni supervisión sobre esas decisiones.
Como resultado, los abogados dicen que los funcionarios de inmigración están utilizando cualquier justificación que puedan encontrar, con o sin justificación, para considerar a los padres inmigrantes como aptos o no.
"Cualquier cosa que puedan encontrar sirve para decir que la separación es por la salud y el bienestar del niño, entonces los separarán ", dijo Neha Desai, abogada del Centro Nacional de Derecho Juvenil.
En un correo electrónico a ProPublica, un alto funcionario de la CBP reconoció que las familias inmigrantes aún están siendo separadas, pero dijo que las separaciones "no tenían nada que ver con la tolerancia cero".
El funcionario agregó que "esta administración sigue cumpliendo con la ley y separa a adultos y niños cuando es requerido para la seguridad y protección del niño”.
El funcionario se negó a decir cuántos niños les han quitado a sus padres con el argumento de que actúan en el interés de su propia protección.
El reporte de ProPublica, difundido este martes, se da dos días después de que se revelara que la administración Trump comenzó a separar a los niños de sus padres migrantes en la frontera con México, en julio de 2017, nueve meses antes de lo reconocido hasta ahora por la Casa Blanca.
La política de “cero tolerancia” que el entonces procurador general Jeff Sessions anunció a finales de abril pasado, comenzó en realidad en el área de El Paso, Texas, en julio de 2017, dijo este domingo el programa “60 Minutos" de la cadena de televisión CBS.
La cadena citó partes de documentos gubernamentales que fueron “censurados” por la administración Trump.
De acuerdo con los documentos, hubo un programa piloto en el "sector de El Paso" de "julio a noviembre de 2017", para probar los efectos del programa de “cero tolerancia”
Bajo la estrategia de “cero tolerancia” toda persona adulta detenida al cruzar ilegalmente a Estados Unidos fue acusada y procesada. La aplicación de la estrategia condujo a que los padres que atravesaban con sus hijos fueran separados al ser detenidos mientras los progenitores enfrentaban un proceso legal.
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