Foto y Texto: Joana Maldonado
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Miércoles 12 de diciembre, 2018

Un Tribunal colegiado determinó que la carpeta 151/2017 relativa al caso Vip Saesa que involucra a 12 funcionarios de la administración borgista, cinco de ellos bajo proceso, prescribió, por lo que Mario Castro fue liberado este miércoles del Centro de Reinserción Social de Chetumal, motivo por el cual la Fiscalía Anticorrupción del estado buscará que el asunto sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en virtud de las incongruencias que se presentan.

Este día en audiencia, el ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Mario Castro Basto, vinculado a dicha carpeta, fue liberado tras cuatro meses de mantenerse en prisión tras su detención el 19 de agosto pasado, luego de que haber darse a conocer el fallo del Tribunal Colegiado que determinó la prescripción del caso, es decir, que los delitos imputados perdieron vigencia.

En conferencia de prensa, Rosaura Villanueva Arzápalo, Fiscal Anticorrupción fijó la postura de la Fiscalía con relación a este caso e informó que “por increíble que parezca y después de haberse girado órdenes de aprehensión y de haber sido ratificadas por Jueces federales y Tribunales colegiados, la justicia federal libera a los imputados por hechos de corrupción, en verdad, por increíble que parezca”.

Aclaró que el hecho de que se haya determinado que la Fiscalía no podrá proceder penalmente contra los involucrados en la carpeta, no significa que éstos sean inocentes de los cargos imputados, sino que éstos no pueden ser castigados penalmente.

Indicó que a partir de esta carpeta, existen 12 órdenes de aprehensión en contra de mismo número de servidores públicos, quienes pese a promover amparos, éstas fueron ratificadas por jueces y magistrados federales.

“Hace unos momentos fue liberado el imputado Mario N., quien junto con otras personas fueron imputadas por el delito de desempeño irregular de la función público, previsto y sancionado en el artículo 207 fracción IV del Código penal vigente en el momento de los hechos”, expresó la Fiscal.

Acotó que es inadmisible que a pesar de todas las pruebas que emitieron los Jueces de control al momento de emitir los autos de vinculación a proceso, un Juez federal decida que la conducta cometida, no pueda ser castigada penalmente por haber operado la prescripción del ejercicio de la acción penal.

“En ningún momento establece ni desvanece los hechos de prueba, ni la posible conducta cometida y por la cual están siendo investigados”, expresó.

La Fiscal hizo un “enérgico llamado” a las autoridades federales a efecto de coadyuvar en el combate a la corrupción.

Villanueva Arzápalo hizo evidente que las autoridades federales han tenido diversos criterios sobre el mismo asunto en el que los jueces habían ratificado siete detenciones.

“A pesar de haber conocido y haberse pronunciado anteriormente, han confirmado en la mayoría de las órdenes de aprehensión que habían sido combatidas, las siete habían sido confirmadas, por cuanto a los autos de vinculación, más de cuatro han sido estudiados por jueces federales, un tribunal colegiado decida que ha prescrito el ejercicio de la acción penal, vamos a estar combatiendo esos actos que considero una falta de respeto”, dijo.

Villanueva Arzápalo anticipó que están en estudio de la carpeta para saber a cuántos de los 12 imputados le sirve este criterio, pues es aislado del Tribunal Colegiado.

“Inclusive en una de estas sentencias se determinó por otro Juez federal, es un delito que no prescribe sino que es continuado, toda vez que no hicieron nada por revertirlo, sin embargo este criterio que emitió el Tribunal y este Juez sexto de distrito”, explicó.

En este orden anticipó la posibilidad de que la Fiscalía promueva una acción legal de modo que la Suprema Corte de Justicia atraiga y analice el caso en específico, dados los diversos criterios de las autoridades.


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