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Normando Medina Castro
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Jueves 13 de diciembre, 2018

La imparcialidad es el principio sobre el que se construye, en la división de poderes, todo el andamiaje del poder judicial bajo la premisa de que “nadie es buen juez de su propia causa”, ya que deviene en un conflicto de intereses que vulnera la justicia y el Estado de Derecho.

Desde un principio, los integrantes del poder judicial de nuestro país se negaron a ajustar sus salarios en base a la Ley Federal de Remuneraciones que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador derivó de un mandato constitucional que se resume en que ningún servidor público puede ganar más que el mandatario de la República.

Cuando un grupo de senadores del PRI, PAN, PRD y MC promovieron una facciosa acción de inconstitucionalidad de dicha ley federal de remuneraciones, la Corte no tuvo empacho en darle trámite y el ministro Alberto Pérez Dayán concedió de inmediato la suspensión de dicha ley siendo a todas luces parte interesada, es decir juez y parte.

¿Dónde quedó el principio fundamental de la imparcialidad sobre el que se erige el poder judicial? No existe ningún sesudo análisis que pueda soslayar esto.

El ministro de la SCJ Alberto Pérez Dayán, quien junto con sus 10 colegas que completan la corte se niegan a ganar un salario equiparado al de López Obrador (108 mil pesos mensuales), ahora enfrenta las consecuencias de su acción y se queja que recibe todos los días críticas, insultos y ataques en redes sociales y llamadas telefónicas, debe también enfrentar la justicia.

Lo repetimos, es juez y parte en todo lo que compete a la Ley Federal de Remuneraciones, lo mismo que todos los demás integrantes del poder judicial que, incluso salen a protestar y manifestarse en todo el país. Dice un refrán latino: “Quien siembra vientos cosecha tempestades”; las acciones mal encaminadas generan resultados negativos cuando son evidenciadas.

En un artículo publicado en el portal Sin Embargo, la periodista Sanjuana Martínez enlista a los servidores públicos que ganan más que el Presidente de México y se niegan a aceptar una reducción a sus percepciones, entre los cuales está la alta burocracia de los llamados organismos autónomos, como la CNDH, el INE, el Inegi, el INEE, la Cofece, el IFT, los consejeros del consejo de la judicatura federal, gobernadores y presidentes municipales, así como ministros y magistrados del Poder Judicial de la Federación, incluyendo a los integrantes del TEPJF que validaron la elección de Martha Alonso –esposa de Rafael Moreno Valle– como gobernadora de Puebla por encima del cúmulo de evidencias de violación del principio de certeza.

Son 35 mil funcionarios, y al respecto, afirma la periodista: “No existe crisis institucional, ni invasión de la independencia de poderes en México, lo que existe es un grupo de funcionarios millonarios que se niegan a aceptar el cambio de paradigma del servicio público”.

El sistema de privilegios de unos cuantos fue derrotado el pasado 1º de julio con una copiosa votación a favor de una opción diferente que, no dejó dudas respecto a la implantación de medidas que disminuyan las injusticias y las desigualdades que mantienen en la miseria y en la pobreza a la inmensa mayoría de los habitantes de nuestro país, que de acuerdo con proyecciones del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, publicadas en el portal Country Meters, reporta en 2018 un total de más de 133 millones de mexicanos (countrymeters.info/es/mexico.)

La pregunta pertinente sobre la Ley Federal de Remuneraciones es sobre si es contraria a la voluntad del pueblo soberano que legitima las leyes. Lo segundo sería preguntar si afecta negativamente a ese pueblo soberano que en su inmensa mayoría definitivamente no gana más de los 108 mil pesos del presidente y que, a los privilegiados del régimen anterior les parece poco y algunos devengan salarios de recursos públicos cercanos a los 600 mil pesos mensuales. Viene a la mente el Gulliver de Joaquín Sabina: “para ellos la generosidad no es más que un lujo que no pueden pagarse/viven alimentados por la envidia que los habita en forma de costumbre/míralos revolverse recelosos tras sus gafas de concha/te acusarán, te acusarán, te acusarán: de ser el tuerto en el país de los ciegos…”

En el ojo del huracán se encuentra el Sindicato de Taxistas de Cancún debido a que al parecer uno de sus miembros participó en la desaparición de una joven en ese polo turístico. En muchas ocasiones los socios de ese sindicato que no participan en acciones ilegales han denunciado públicamente el miedo que sienten por el grado de infiltración del crimen organizado en su gremio. Los controles sobre los conductores de las unidades son endebles y no garantizan la seguridad de los usuarios. Aunado a eso los sindicatos más fuertes no cesan de hacer presión para conseguir incremento de tarifas. Menuda tarea para el titular del Instituto de Movilidad del Estado, Jorge Pérez Pérez, de hace muchos años, de los del ex secretario de Energía de México y también ex gobernador de Quintana Roo, Pedro Joaquín Coldwell.

Cuando con palabras se contradicen los hechos de manera frecuente, una y otra vez, la situación de una sociedad se agrava más, según Noam Chomsky. Circula en redes diferentes publicaciones de personas de Chetumal, incluso afines al gobernador, que manifiestan preocupación y malestar por hechos de violencia en la otrora tranquila capital de Quintana Roo. Una de estas publicaciones consigna: “Tan sólo lo que pasó el martes en Chetumal: asalto con arma de fuego a temprana hora en Proterritorio.

Asalto con arma de fuego a un negocio de telefonía en Proterritorio. Asalto con arma de fuego en abarrotes de Calderitas. Asalto dentro de una vivienda de un empresario reconocido en la ciudad. Asalto con arma de fuego nuevamente en Proterritorio (hubo detonciones). Presunto asalto en la colonia Solidaridad. Lo que todos se preguntan es dónde está la vigilancia, no se ven policías en Chetumal, dónde están?”.

En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.

¡Hasta la próxima!

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