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Normando Medina Castro
Foto: Notimex
La Jornada Maya

Jueves 14 de febrero, 2019

La simulación de un Estado de derecho caló en personas de distintos estratos sociales, desde los habitantes de condición muy humilde que participan en el [i]huachicoleo[/i] y agreden al Ejército acostumbrados a no recibir sanción alguna, hasta los multimillonarios que no cumplen con sus obligaciones fiscales, y los empresarios con contratos leoninos que creen que sus privilegios ilegales nunca deben terminar.

Unos piensan que por su pobreza están por encima de la Ley, y los otros que por su riqueza no pueden ser tocados por la Ley. Ambos solapados por los gobiernos anteriores. Todos beneficiados por la impunidad.

Con la voluntad del Presidente Andrés Manuel López Obrador para establecer el Estado de derecho y acabar con la corrupción y la impunidad, las resistencias y los obstáculos están por todos lados. Parece absurdo que los partidos de oposición de Morena no hayan entendido que no contribuir de manera franca y decidida en el combate de la corrupción y la impunidad es condenarse al estancamiento. Actúan como si ser oposición fuera llevar las contras en todo, aún las luchas que representan los anhelos de la mayoría de los mexicanos.

Apuestan a las mentiras y las medias verdades. Pierden de vista que el pueblo no es tonto y que los mexicanos en la actualidad tienen una interconectividad que no existía. Un pueblo interconectado y que ha padecido los efectos de años de corrupción e impunidad es casi imposible que le crea a quienes han sido sus verdugos o son de la misma filiación. Y más, cuando en los hechos siguen con la misma oferta: obstaculizar todo lo que haga el gobierno federal. El resultado que han obtenido es el rechazo cada vez mayor hacia ellos. Y en contraparte, han contribuido al fortalecimiento de la imagen de López Obrador.

La derecha mexicana perdió cuando Ricardo Anaya ganó la candidatura presidencial del PAN en alianza con el PRD y el MC. En la misma ruta de derrotas, perdió el PAN cuando con la operación de Rafael Moreno Valle asumió la presidencia nacional [i]blanquiazul[/i] Marko Cortés. Ahora el PAN actúa en abierta coordinación con el PRI y sus aliados, defendiendo sus mismos intereses. Por consecuencia han dilapidado la poca rentabilidad electoral que les quedaba. No es casual que esté encaminado a la derrota en las elecciones de gobernador este año.

El venezolano Lorent Saleh, vinculado con movimientos neonazis y la ultraderecha violenta, fue expulsado de Colombia en 2014 por el gobierno derechista de Juan Manuel Santos, acusado de atentar con sus actividades contra la seguridad, el orden, la salud pública y la tranquilidad social.

Los legisladores del PAN lo introdujeron a México y lo llevaron al Senado para que hable en contra de la postura del gobierno de López Obrador de rechazo al intervencionismo, de respeto a la autodeterminación de los pueblos y de la solución pacífica de conflictos. El sujeto despotrica contra AMLO como si el Artículo 33 de la Constitución Política de México no existiera. No sé si eso le dé rentabilidad electoral al PAN, sus aliados y la derecha mexicana en general, porque Margarita Zavala de Calderón también se reunió con Lorent Saleh y difundió orgullosa su encuentro.

Los programas sociales siempre han tenido presupuestos millonarios que por la corrupción llegaban mermados e incompletos a los beneficiarios. El [i]coyotaje[/i] de organizaciones y pseudo líderes, junto con la codicia de funcionarios creó un andamiaje de ordeña de esos recursos que con la política actual del gobierno federal de hacerlos llegar de manera directa a los beneficiarios se acaba con esa práctica corrupta. Varios ponen el grito al cielo al ver afectados sus intereses y tergiversan la información, como ha ocurrido con las guarderías, cuyos recursos que antes llegaban a los propietarios ahora se destina a los padres de familia. El recorte del que hablan es a los dueños de las guarderías, muchos de los cuales son ex funcionarios y familiares de panistas y priístas beneficiados por los gobiernos anteriores.

El gobernador Carlos Joaquín dio un mensaje sobre la seguridad pública a las familias de Quintana Roo en el que expuso un plan de diez puntos sobre la materia. Reconoció que el estado enfrenta “una situación complicada producto de varios años de descuidos y corrupción”. Señaló que recibió un estado en crisis, principalmente de organización y mística, para solicitar enseguida la ayuda ciudadana: “Sólo con la participación de todos podremos salir adelante de este estado de vulnerabilidad latente en la que nos metieron varios años de saqueo y corrupción que padecimos”.

Hizo un recuento de lo hecho en materia de seguridad pública en su gobierno y expuso sus diez puntos: mando único, academia de estudios superiores en seguridad pública, construcción de complejo tecnológico de seguridad, dignificación policial, sectorización por cuadrantes, integración del consejo ciudadano, etcétera. Se entiende que lo malo es fruto del pasado. Eso explica que el equipo de colaboradores de Carlos Joaquín dilapiden su capital político y el bono democrático con que asumió la gubernatura. Varios actúan de manera prepotente, sin oficio ni sensibilidad política, como si su poder fuera eterno y nunca hubieran elecciones, como si las instituciones fueran tigres de papel y las enfrentan con todo el peso de su altanería.

En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

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