Óscar Rodríguez
Foto: Gabriel Graniel Herrera
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Jueves 21 de marzo, 2019
El Congreso del estado aprobó, en sesión ordinaria, reformas al Código de la Administración Pública de Yucatán (CAPY) y la Ley de Educación estatal, a fin de incidir en la inclusión laboral de personas con discapacidad y hacer obligatoria la presencia de trabajadores sociales en las escuelas desde educación inicial hasta la superior. Ambas propuestas las impulsó Luis María Aguilar Castillo, diputado del Partido Nueva Alianza (Panal).
La sesión de ayer miércoles duró más de tres horas debido a que el orden del día incluyó 14 puntos. Además, el diputado Miguel Candila Noh, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) acusó al presidente municipal de Yaxcabá, Sansón Israel Palma Santos, de utilizar a policías de ese ayuntamiento para aterrorizar a grupos políticos rivales.
Las modificaciones al CAPY y a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado, que establecen que el tres por ciento de las plazas vacantes y de nueva creación en el Ejecutivo estatal y los ayuntamientos de los 106 municipios sea otorgado a personas con discapacidad, fueron aprobadas por unanimidad.
El diputado Aguilar Castillo aclaró que no es un programa de asistencia sino una oportunidad real para que las personas con discapacidad puedan incorporarse e interactuar, porque es un gran paso para construir la inclusión en Yucatán.
“Debemos seguir impulsando este tipo de iniciativas para construir una gran sociedad y dar certeza laboral, económica y social; no es una dádiva, es un derecho a las personas con discapacidad que estamos obligados a otorgar”, enfatizó el promotor de la reforma.
En el mismo sentido, Manuel Díaz Suárez, del Partido Acción Nacional (PAN), añadió que se trata de un verdadero avance en la inclusión de las personas con discapacidad, que abona a formar una mejor sociedad, abre espacios y ayuda a romper las barreras en Yucatán.
Además, la 62 Legislatura avaló por unanimidad las reformas a la Ley de Educación estatal, para que en los planteles de todos los niveles educativos se cuente con al menos un trabajador social. Al respecto, Aguilar Castillo señaló que tendría un impacto sociofamiliar, porque ayudarán a la recomposición del tejido social, pues actualmente sólo existen 260 profesionistas en el área para 3 mil escuelas.
Los diputados también aprobaron por unanimidad la minuta para modificar la Constitución Mexicana, en materia de extinción de dominio y otra referente a la prisión preventiva oficiosa.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Felipe Cervera Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó que, con las reformas en materia de prisión preventiva oficiosa, quien cometa delitos como el robo a casa habitación, principal problema en el estado, no podrá llevar su juicio en libertad, por lo que su proceso lo llevará estando en prisión.
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