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del

Romeo Valentín Maldonado
Foto: Captura de pantalla
La Jornada Maya

Jueves 28 de marzo, 2019

Las reacciones automáticas y viscerales que propicia cada intervención polémica del presidente López Obrador, volvieron a manifestarse ante su petición de disculpas a la Corona Española y a la Iglesia Católica, por los abusos cometidos durante la conquista realizada hace 500 años mediante la cruz y la espada. Como en otros casos, una vez asentada la polvareda que levanta, se abre el espacio a reflexiones políticas de mayor peso.

Para algunos, el Presidente refleja una concepción histórica anacrónica –producto del nacionalismo abrevado en la escuela pública y en los libros de texto– o simplemente ocurrencias derivadas de su astucia y capacidad para imponer temas en la agenda y desviar la atención de asuntos que pueden resultar incómodos a su gobierno.

Las reacciones van desde el insulto procaz –como el del “Capitán Alatriste”– y la proliferación de memes en las redes sociales, hasta la reflexión sobre el alcance jurídico y político del tema y sus implicaciones en la relación de México con España.

El asunto no puede subestimarse, pero tampoco tiene una dimensión que ponga en riesgo las relaciones bilaterales.

El gobierno español aduce que no pueden juzgarse hechos históricos ocurridos hace 500 años con una óptica contemporánea. Quizá tengan razón. Aquí la incógnita es si, efectivamente, el buscapiés lanzado no encenderá ánimos sociales poco favorables al cúmulo de intereses económicos de empresas españolas que se han fincado con muchas ventajas en México en los últimos lustros, precisamente los identificados por el Presidente mexicano con la “pesadilla neoliberal”.

Los dos gigantes financieros españoles, BBVA y Santander, obtienen en México su mayor volumen de ganancias, lo que les permite mantenerse como fuertes competidores en el mercado global. En 2017 el BBVA recibió en nuestro país el 40 por ciento de sus ganancias totales, mientras que para Santander México representó el 7 por ciento de esa proporción. Nuestro sistema de pagos depende en gran medida de lo que determinen las sedes nacionales de esos gigantes, como no ocurre prácticamente en ningún otro país que se considere desarrollado.

No es un secreto que durante los 12 años de gobiernos panistas se abrieron las puertas de par en par, y prácticamente sin restricciones, a empresas españolas de la construcción que monopolizaron concesiones en autopistas y accedieron preferentemente a los grandes contratos de obra gubernamental, en detrimento de pequeñas y medianas empresas mexicanas, muchas de las cuales fueron llevadas a la quiebra. Esta posición privilegiada la mantuvieron y aún acrecentaron en el sexenio anterior, tal es el caso de OHL, entre otras.

Ni hablar de las empresas relacionadas con la energía (Iberdrola, Repsol, Endesa, por citar algunas) que fueron beneficiadas con la Reforma Energética. Esa es la óptica contemporánea de la relación México-España, aunque de esa reconquista los principales responsables son los gobiernos mexicanos que lo permitieron.

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