Lilia Balam
Foto: Óscar Rodríguez
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 15 de abril, 2019

El diputado perredista y presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública y Transparencia del Congreso local, Alejandro Cuevas Mena, informó que durante el próximo período ordinario de la LXII Legislatura presentará iniciativas para reformar la Ley de Fiscalización del Estado, entre otras, para que el Congreso “retome” responsabilidades para analizar la cuenta pública.

El legislador indicó que actualmente hay “deficiencias” en la ley que limitan las acciones de los diputados y diputadas en cuanto al análisis de los informes de la cuenta pública. Aunque consideró que la Auditoría Superior del Estado (ASEY) “hace un gran esfuerzo” para auditar a más de 219 entes, calificó su trabajo en el rubro mencionado como “totalmente deficiente”.

“Necesitamos darle más herramientas para que no solo quede en las auditorías, sino que haya denuncias de los hechos y puedan fincarse responsabilidades a quien haga mal uso del recurso”, sostuvo.

En este sentido, reiteró que durante el próximo período ordinario presentará propuestas para modificar la Ley de Coordinación Fiscal, la de Fiscalización del Gobierno del Estado, y algunos artículos constitucionales, con el fin de dar “dar uñas y dientes” al Poder Legislativo y pueda ejercer como ente auditor, con capacidad para interponer denuncias y ser “garante de la vigilancia del buen uso del manejo de recursos del estado”.

“Para retomar responsabilidades que antes tenía pero con la Ley estatal y nacional Anticorrupción se le han quitado. Para que podamos ver que quienes salgan negativos en el análisis cumplan con lo que se les solicita y se proceda en materia administrativa o resarcitoria, que devuelvan el recurso o se finquen responsabilidades”, puntualizó.

Cuevas Mena recordó que cinco dependencias estatales y 30 ayuntamientos obtuvieron resultados negativos en el análisis de la Cuenta Pública del 2017, y tienen hasta el próximo 19 de abril para solventar las observaciones que se les hicieron. La ASEY valorará los resultados y entre septiembre y octubre interpondría las denuncias que se requieran.

A su vez, mencionó que ya se notificó a 30 empresas particulares que manejaron recursos públicos para ser auditadas. “Se les va a fiscalizar cómo ejercieron el recurso, es una obligación lograda a través de un convenio firmado con la ASEY. Es la primera vez que serán analizadas”, señaló.

Finalmente, el perredista dijo que la cuenta pública del 2018 será analizada con base a la reforma aprobada en la anterior legislatura, por lo que se emitirán dos informes parciales (En junio y octubre) y en el mes de enero del 2020 será enviado el informe general del 2018.


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