Joana Maldonado y Hubert Carrera Palí
Foto: Comité de Defensa de los Límites de QRoo
La Jornada Maya

Chetumal y San Francisco de Campeche
Martes 16 de abril, 2019

La publicación del mapa de Quintana Roo que incorpora el territorio controvertido con Campeche podría reavivar el conflicto legal entre ambos estados que fue iniciado en 1996: Juristas quintanarroenses han lanzado un desafío a los abogados del estado vecino que mediante “mañas e influyentismo” lograron que el Senado de la República archive el tema, mientras que en Campeche abogados aseguran que tienen los recursos institucionales para “botarle” al gobierno de Quintana Roo, las veces que sea necesario, sus pretensiones de apropiarse de su territorio.

El ex subsecretario jurídico de la Secretaría de Gobierno del estado, Joaquín González Castro, fue el encargado de coordinar a un equipo interinstitucional de los tres poderes de gobierno del estado para la construcción del mapa de Quintana Roo publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 9 de abril a partir de la reformas al artículo 46 fracción I que incorpora las coordenadas y latitud del punto Put.

Ahora, en su carácter de consultor jurídico independiente, González Castro resaltó que lo importante es el decreto para reformar la Constitución, cuyo objetivo inicial reafirmar los límites de Quintana Roo desde su origen como territorio el 24 de noviembre de 1902, confirmados el 8 de octubre de 1974.

Apuntó que ha habido consistencia constitucional en cuanto a los límites de Quintana Roo y hasta la fecha ha estado perfectamente bien señalizado de acuerdo a las coordinadas geográficas, excepto un punto: el punto Put.

Para el abogado, que cuando se crea el municipio de Calakmul e inicia la controversia con el estado vecino, en 1996, fungía como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, el tema litigioso es el vértice cerca de Put que une a las tres entidades que son Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Sobre eso –apunta-, hay una bibliografía que le da la razón a Quintana Roo.

El jurista apunta que antes del 22 de marzo pasado –fecha en la que se publica la reforma a la Constitución, al artículo 46 fracción I- el mapa del estado no contenía las coordenadas geográficas y es el cambio fundamental que en apariencia es sencillo, pero es trascendente.

“Para quienes hemos trabajado hace muchísimos años, concretamente de 1996 a la fecha, nos da una fortaleza jurídica para poder insistir en que la razón nos corresponde, y desde luego, nos va a beneficiar, ya tenemos un mapa oficial no publicado únicamente por decisión del Ejecutivo, es un mapa oficial derivado de una reforma a la Constitución del estado”, destacó.

Conductas erráticas del Inegi

González Castro apuntó que a través de los años, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ha mostrado una conducta errática y no ha mostrado una clara cartografía.

El mapa publicado el pasado 9 de abril es por tanto “un escudo de Quintana Roo para proteger los intereses de las comunidades de la zona limítrofe”.
Hacia este punto se dirigen los esfuerzos de controvertir los límites territoriales, acotó.

“Hacia ellos dirigimos nuestros objetivos para que los fondos y programas federales de desarrollo se canalicen por Quintana Roo, esa es una lucha que viene, es un trabajo que se inicia y forma parte de una etapa y un ciclo que hay que ir cubriendo”.

Influyentismo campechano

Con la experiencia en el tema, el jurista apuntó que durante todos estos años, Campeche ha combatido el tema con influyentismo político y no con argumentos legales.

“Los campechanos tienen juristas sacados históricamente y en los últimos años, tenían juristas influyentes como Jorge Carpizo, un senador, y una serie de abogados que seguramente conocían el fondo legal del asunto y que saben que no les pertenece esa zona pero tienen un romanticismo sobre Calakmul, eso no es prueba para poder ir en contra de un texto constitucional”, precisó.

Como abogado espera que el tema reavive el conflicto legal porque en el pasado, más que defenderse ante la SCJN, los defensores campechanos atendían el tema “con base a artimañas y no con argumentos jurídicos”.

“Nos daban palo con decisiones políticas, en el Senado nos hicieron una cochinada, el senador panista que fue presidente del Senado nos archivó el expediente en donde están nuestras pruebas y secuestró los documentos, están arrumbados en alguna bodega del Senado y ahora propongo que se haga una amistosa solicitud y una inspección judicial de esos expedientes y que son de Quintana Roo”, refirió.

A este asunto, se ha añadido el disgusto que tienen los Presidentes del país respecto a los conflictos entre las entidades.

“El problema es que a los Presidentes no les gustan los conflictos en los estados y entonces estos conflictos de límites, espero que López Obrador y la Cuarta Transformación diga que jurídicamente haya que darle la razón a quien la tenga”.

Un desafío a los juristas campechanos

Para González Castro esta medida que han tomado los tres poderes de Gobierno del estado representa “un desafío para los abogados de Campeche”.
“Es un desafío de los juristas de Quintana Roo, un reto que les lanzamos a los juristas de Campeche para que si tienen elementos para discutir el tema, incluso podemos discutirlo en foros antes de llegar a tribunales y quedará en absoluta claridad que la razón le pertenece y asiste a Quintana Roo”.
Ante esta confrontación legal, González Castro consideró que es importante dejar claro que no obstante a que se trata de una lucha entre dos estados del país, no se deben rebasar los límites por la cercanía y familiaridad que hay entre las tres entidades de la península yucateca.
Se trata –subrayó-, de un asunto técnico y legal que los abogados defienden con pasión y elementos razonables “que no debe ir más allá ni afectar la relación fraternal que hay entre estos dos pueblos”.

Cosa juzgada y archivada el lío limítrofe
“El conflicto limítrofe entre Campeche y Quintana Roo ya fue cosa juzgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el caso archivado en 2013 incluso por el Senado de la República, por lo que intentar revivir esta añeja controversia sólo podría responder a intereses económicos y políticos muy importantes del gobierno de esa entidad, sostuvo Juan Antonio Cardeña Vásquez, presidente del Colegio de la Barra de Abogados en Derecho de Campeche.
Por principio de cuentas dejó en claro que tratar de revivir esta pugna es contravenir y violar el pacto federal de soberanía de cada entidad federativa y más cuando ha sido cosa determinantemente juzgada.
Consideró que si el gobierno de Quintana Roo tiene el deseo de hacer otra “Alaraca”, ¡adelante!, pero que se dirija a las instancias legales como lo es la SCJN y no promoviendo reformas locales que de poco o nada le servirán.
Admitió, sin embargo, que hay que vigilar el tema y aunque la razón le ha asistido siempre a Campeche, “estamos listos para enfrentar cualquier argumento o embestida con las pruebas y el resolutivo definitorio emitido por la SCJN.
“Tenemos los suficientes recursos institucionales para botarle al gobierno de Quintana Roo, las veces que sea necesario, sus pretensiones de apropiarse de una extensión de 10 mil 500 kilómetros cuadrados que nunca les corresponderá”, precisó el litigante.
“Y sólo baste recordarle a la entidad vecina que Campeche apoyó la constitución del Estado Soberano y Libre de Quintana Roo y ahora resulta que hasta quiere apropiarse de un terreno que no le corresponde”.

Hay intereses económicos

Para el presidente del Colegio de la Barra de Abogados en Derecho de Campeche revivir el litigio por parte del gobierno de Quintana Roo tiene que ver más con intereses económicos y políticos ya que Calakmul se ha posicionado como un destino turístico muy importante por su riqueza cultural, de flora y fauna, además de que se ubica más cerca del vecino Estado.

Aunado a lo anterior la presencia del Tren Maya seguramente será un importante detonante económico del cual pretende aprovecharse el gobierno del vecino Estado para acaparar más turismo y más recursos económicos.

Sin embargo le recordó al Congreso de Quintana Roo que en cuanto a la controversia ganada una y otra vez por Campeche no puede haber un mismo juicio sobre el mismo tema, porque cada entidad ya planteó y agotó sus alegatos.

Por ello, sentenció, Campeche no permitirá de ninguna manera que se le quiera venir a despojar de algo que ancestralmente le pertenece con la ley en la mano. Estamos listos para lo que prepare el gobierno de Quintana Roo, advirtió Cardeña Vásquez.


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