Exigen transparentar cobros en parque nacional de Tulum

Rosario Ruiz
La Jornada Maya

Tulum, Quintana Roo
Miércoles 1 de mayo, 2019

Con motivo del 1 de mayo, trabajadores del Parque Nacional Tulum que estuvieron acompañados del alcalde municipal, Víctor Mas Tah, se manifestaron para que las autoridades federales aclaren el destino de recursos por el cobro de transporte al interior del parque además de que quieren que las arbitrariedades de Fernando Orozco, administrador del lugar, dependiente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), terminen.

De acuerdo con los manifestantes, por instrucciones de Fernando Orozco, cobran 36 pesos a quien haga uso del “trenecito”, un transporte que lleva a los visitantes desde el área comercial hasta la entrada de la zona arqueológica y que mayormente es utilizado por personas con discapacidad y de la tercera edad.

"Queremos que se nos diga en qué se está usando ese dinero, que haya transparencia en el uso de los recursos", manifestó Alejandro González, comerciante de la zona arqueológica y quien lideró a los inconformes.

Tras la manifestación pacífica, los obreros con pancartas en mano urgían la ayuda del gobierno federal para que haya transparencia en el cobro.

"La Conanp está cobrando... pero no hay un solo baño en la parte de adentro, no hay recoja de sargazo en las playas, están llenas de sargazo y como parque queremos ir viendo las mejoras, que sí te cobren pero que disfrutes de un parque con servicios", dijo.

[b]La historia del asentamiento[/b]

Los asentamientos en el terreno que hoy es el Parque Nacional Tulum vienen de la época de la guerra de castas; "venían huyendo de las matanzas que había y se asentaron en lo que hoy en día es Mezzanine (aproximadamente a dos kilómetros de la zona arqueológica)", recordó.

Ahí la naturaleza les provió de pescado, agua, frutas y muchos recursos naturales; "el primer acceso lo hicieron a machetazos".

Muchos años después, el gobierno federal hizo una carretera de crucero a crucero (perpendicular a la carretera federal): "El gobierno federal impacta esta zona, extrae materiales de acá y así se hizo la carretera y nadie movió a las personas que ya estaban asentadas en el área", dijo.

"Posteriormente el gobierno de López Portillo emitió un decreto en 1981, pero antes hubo otro decreto de fundo legal y el gobierno federal vende terrenos a quien tenía necesidad de uno y finalmente en 1993 Carlos Salinas de Gortari impone otro decreto de zonas arqueológicas Tulum-Tankah", explicó.

"Entonces se enciman tres decretos, pero la gente ya vive allí, ya tiene un negocio, un restaurante, un hotel, ya hizo su casa... así se ha venido dando esto".

"En el tiempo de Calderón hubo una acción muy fuerte donde querían sacar a esa gente, no sé por qué no concluyó, porque en ese momento hubieran ejecutado el decreto e indemnizado a la gente y agarras tu parque y cobras desde la entrada y das servicios, pero pues dentro del parque hay gasolineras, hoteles, gente que tiene concesiones", comentó.

Ellos también pagan impuestos a nivel federal, estatal y municipal; "el gobierno estatal nos vendió, el municipal nos cobró las licencias de construcción, el uso de suelo y el gobierno federal cobra el IVA, ISR, Seguro Social... los tres órdenes de gobierno cobran. Los gobiernos deben reunirse para poder regular esta parte", dijo.

[b]Las denuncias ante la FGR[/b]

"Fernando Orozco es el encargado del Parque Nacional Tulum, de aquel lado puso una pluma, un candado, es su puerta personal, él sí puede entrar y salir a la hora que quiera con sus inspectores, luego te andan sacando fotografías, se mete a los terrenos sin permiso", explicó.

"Hay un hostigamiento, de hecho ya hay denuncias de parte de él ante la Fiscalía General de la República donde ya hay procesos, él está metiendo las denuncias. El tema no es menor, ya tiene a varios en un proceso judicial; las demandas son por despojo a la nación y nosotros no despojarnos a la nación", mencionó.

"Nosotros no nos vinimos a meter, el gobierno nos lo vendió, el gobierno nos cobra impuestos", asentó.

El Parque Nacional aún no tiene un plan de manejo y esa es la principal causa de los abusos que se están realizando de parte de Orozco: "pone horarios para que entre el agua, para proveedores, la basura. Si vas con tu nevera no te deja pasar, es una cuestión espantosa de parte de la gente que tiene en las puertas de entrada, deja pasar a ciertos grupos nada más", aclaró.

En un recorrido por la zona se pudo comprobar que en la carretera costera, a la altura de playa Santa Fé está prohibido el acceso a vehículos. Quien desea internarse a la zona arqueológica debe hacerlo caminando. En el lugar, junto a los letreros en los que se impide el acceso, se instaló un sitio de taxis.

[b]No ven los recursos para el sargazo[/b]

Se dijeron también inconformes con el combate al sargazo en la zona de playas; "si se está cobrando una cantidad que se vea reflejada en mejores servicios y en la limpieza de la zona".

El luchador social Marciano Toledo, quien también tomó parte en la manifestación, comentó: "Las playas son de los tulumnenses, nadie puede impedirles el acceso, que no se equivoquen, el pueblo ya está cansado. Pedimos al presidente de la república su intervención".

Secundó la propuesta de que se aclare en qué se han invertido los recursos para el combate al sargazo tanto a nivel federal como estatal, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente (Sema), cuyo titular es Alfredo Arellano.

[b]Añeja molestia[/b]

A finales de marzo pasado pequeños empresarios dueños de restaurantes y centros de hospedaje que han crecido desde hace más de 30 años señalaron que las playas, los atractivos más importantes de esa región, utilizados por los visitantes para disfrutar de espacios dignos y libres, se están viendo amenazadas por las disposiciones implementadas por Fernando Orozco, quien decidió cobrar los ingresos y limitar los horarios de acceso a estos espacios.

Las quejas señalan que los cobros para ingresar a las playas son arbitrarios, contrario a lo que las autoridades federales de Turismo han dicho sobre los accesos públicos y los balnearios de que no serán privatizados.

[b]Sin plan de manejo[/b]

En agosto de 2018, Javier Flores, perito del Parque Nacional, señaló que el descuido de las indicaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio pie a las anomalías en las que Fernando Orozco se ha hecho del poder y dominio de las disposiciones dentro del área que administra.

Durante los trabajos de delimitación de este espacio y luego de los resultados, la SCJN estableció que antes de operar, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debería de llevar a cabo la elaboración de un plan de manejo, el cual consistía en la forma de operar de este espacio y en la que tenía que colaborar con los dos órdenes de gobierno siguientes, tanto municipal como estatal.

Sin embargo, después de casi 12 años en los que este plan se ha mantenido sin solución, las autoridades no han dado conocer sobre la operación del espacio que, para Javier Flores, todo parece que ha sido la caja chica de la Semarnat.

“Tenemos como resultado que no hay un plan de manejo; los administradores o directores de estas áreas hacen a diestra y siniestra lo que les plazca”.