Emir Olivares Alonso
Foto: Captura del video
La Jornada Maya

Ciudad de México
Jueves 16 de mayo, 2019

Las autoridades federales y de Guerrero deben adoptar de inmediato las medidas pertinentes para salvaguardar los derechos de los niños y adolescentes que manifestaron que se unirán a la policía comunitaria, en el municipio de Chilapa de Álvarez, aseveró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El organismo solicitó que “implementen mecanismos adecuados para evitar la criminalización, revictimización y difusión de los datos personales de los menores y sus familias; la elaboración de un plan integral que incluya medidas para su atención urgente y su rehabilitación, así como acciones para informar y sensibilizar a los líderes comunitarios y población en general sobre su responsabilidad como garantes de los derechos de las personas menores de edad, para evitar su involucramiento en ese tipo de conflictos”.

La Jornada dio a conocer el lunes pasado que niños nahuas de la comunidad Rincón de Chautla, de Chilapa de Álvarez, anunciaron su incorporación a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF ) para defenderse del grupo delincuencial Los Ardillos. Los menores, de entre siete y 10 años de edad y que supuestamente han recibido adiestramiento básico en guerrilla, aparecieron en un video que difundió la CRAC-PF, en el que leyeron un comunicado e informaron que combatirán a los grupos criminales que asolan su región.

Este miércoles, la CNDH emitió un pronunciamiento ante este hecho, en el que manifestó a las autoridades “su profunda preocupación” por el contexto de violencia existente en el país y las consecuencias que ha generado en la vida de los menores de edad, “quienes se ven involucrados en grupos armados de la delincuencia organizada como víctimas de reclutamiento forzado, trata de personas, desapariciones, homicidios y otros ilícitos que anulan sus derechos humanos”.

Ante el anuncio de los pequeños en Guerrero, el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez solicitó elaborar el diagnóstico y plan de restitución de derechos integral que corresponda a cada niña, niño o adolescente afectado, atendiendo a sus circunstancias sociales y culturales; focalizar acciones de recuperación física y psicológica, reintegración social y garantizar la investigación pronta y expedita de los hechos de violencia referidos.

Además exigió que se proporcione atención adecuada y reparación a todas las víctimas, realizar acciones para eliminar los videos que circulan en diferentes páginas de Internet relacionados con los hechos, para proteger la identidad de los menores involucrados.

La CNDH envió una comunicación oficial a las y los titulares de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo; y a los sistemas Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Sistema Nacional y Estatal para el Desarrollo Integral; a las Procuradurías Federal y estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y a la Fiscalía General de Justicia de Guerrero.

El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de menores en los conflictos armados, ratificado por el Estado mexicano, dispone que los grupos armados distintos de las fuerzas del orden de un Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a personas menores de 18 años, y que el artículo 39 de la Convención referida establece la obligación de los Estados de proporcionar servicios de rehabilitación a la niñez y adolescencia víctima de cualquier forma de explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o conflictos armados.

La CNDH agregó que la Observación General número 11 del Comité de los Derechos del Niño dispone que los Estados partes deberán prestar particular atención a los riesgos a que están expuestos las y los niños indígenas en caso de hostilidades y tomar el mayor número de medidas preventivas.


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