Hermanas violadas por militares en Chiapas exigen justicia tras 25 años

Texto y foto: Elio Henríquez
La Jornada Maya

San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Martes 4 de junio, 2019

Acompañadas por decenas de integrantes de grupos civiles y por dos sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal, las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez tomaron simbólicamente durante una hora la guarnición militar ubicada en esta ciudad, para exigir que se haga justicia por la violación de que fueron víctimas, hace 25 años, por parte de integrantes del Ejército Mexicano en el municipio de Altamirano.

Al grito de “justicia” y “por la vida y por la paz, militares nunca más”, los manifestantes colocaron una manta y cartulinas para exigir el fin de la impunidad en el caso y se apostaron a las 9 horas frente al edificio castrense -ubicado en el sur de la ciudad-, cuyas puertas permanecieron cerradas y sus ocupantes dentro.

La abogada, Gloria Guadalupe Flores Ruiz, integrante del Comité Hermanas González Pérez, dijo que las tres indígenas y su madre Delia Pérez de González, fueron detenidas en un retén del Ejército Mexicano en Altamirano el 4 de junio de 1994 en el contexto de la guerra de baja intensidad en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y “las tres hermanas fueron golpeadas, torturadas y violadas por los militares, que obligaron a la madre a presenciar las agresiones”.

Añadió que el 4 de abril de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que “el Estado mexicano violó” diversas garantías de las tzeltales y le recomendó “investigar los hechos de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para determinar la responsabilidad y sanción de todos los autores de las violaciones a los derechos humanos” en agravio de las cuatro mujeres.

“A la fecha han transcurrido 25 años de impunidad y olvido; cinco administraciones de gobierno han conocido de la obligación que el Estado mexicano tiene para con el sistema Interamericano de Derechos Humanos en el presente caso”, aseveró.

Manifestó que las víctimas exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que se cumpla la recomendación de la CIDH: “Investigación y castigo a los militares responsables de la violación y tortura; realizar un reconocimiento público de responsabilidad en su calidad de comandante en jefe de las fuerzas armadas y con la presencia de mandos militares, y reparación integral por el daño causado, de acuerdo con la cosmovisión de las hermanas Pérez González”.

Explicó que el pasado 7 de mayo se celebró una mesa de trabajo en Jamaica y el gobierno mexicano se comprometió a cumplir, “ahora sí, en forma exhaustiva con la recomendación de la CIDH”.

Flores Ruiz expresó que la recomendación no se ha cumplido porque “el Estado Mexicano se niega a reconocer que los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos de las hermanas González Pérez fueron los militares. Este ha sido el punto que ha atorado el caso en las anteriores administraciones, pues no han querido salir a decir que el Ejército fue el responsable de esta violencia generada en el contexto de la guerra de baja intensidad en 1994, pero esperamos que este gobierno de la cuarta transformación dé una muestra de que el mando civil está por encima del militar”.

El sacerdote Marcelo Pérez Pérez, responsable de la pastoral social de las tres diócesis de Chiapas, pidió “al máximo comandante del Ejército Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, para que se haga justicia en el caso de las hermanas González Pérez y su madre.

“Exigimos justicia para estas cuatro mujeres que viven el dolor, la pesadilla de haber sido violadas por los militares (…) la cuarta transformación que tanto se aclama sólo se verá cuando se haga justicia, pues de palabra muchos gobiernos lo han dicho. Vamos a esperar a ver si realmente hay en el corazón del nuevo gobierno amor al pueblo. Si no hay justicia para las hermanas González Pérez serán cómplices y traidores a los pueblos originarios”, afirmó el religioso tzotzil.

En la protesta participaron también integrantes de la organización Sociedad Civil Las Abejas, del Servicio Internacional por la Paz y el sacerdote José Bartolomé Gómez Martínez, rector del seminario de la diócesis local y representante de la dimensión de pastoral de pueblos originarios de la Conferencia del Episcopado Mexicano.