Indígenas piden ser consultados sobre megaproyectos en Chiapas

Elio Henríquez
Foto: Twitter @cdh_kuuntik
La Jornada Maya

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
Viernes 28 de junio, 2019

El Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), con presencia en 11 municipios del norte y los Altos de Chiapas, demandó al gobierno federal que “respete y cumpla” con el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y realice consultas amplias siguiendo el protocolo que establecen los estándares internacionales para la construcción de proyectos y mega proyectos que afectan a los pueblos indígenas.

En un comunicado aseguró que las consultas hechas por el gobierno federal no han respetado el derecho de los pueblos indígenas a una consulta previa, libre e informada, de buena fe y culturalmente adecuada, pues no han llegado a los directamente afectados.

Señaló que “la imposición de la militarización en las comunidades con el nuevo nombre de Guardia Nacional, es un instrumento de represión a la organización del pueblo”.

Manifestó que se pretende “imponer el proyecto de la carretera San Cristóbal-Palenque, obligando y amenazando a las comunidades a firmar, así como a nuestras autoridades comunitarias usando la presión política y económica para que consigan firmas para la liberación del derecho de vía para la autopista”.

El Modevite, que impulsa la autonomía y los gobiernos comunitarios sin la participación de partidos políticos, exigió que se respete la libre determinación de los pueblos indígenas de Chilón y Sitalá”, y que se rehabilite la carretera la carretera existente que comunica a San Cristóbal con Palenque.

Demandó que haya “progreso para nuestros pueblos preservando su territorio, ríos, tierra, animales, idioma y su cultura, pues ya basta de engordar al capital privado, a las trasnacionales y a los políticos corruptos”.

Dijo que a siete meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador “seguimos viendo que en Chiapas aumenta el número de cantinas y la trata de mujeres que trabajan en ellas; el narcotráfico y el consumo de drogas, la violencia y el crimen organizado, la corrupción, los proyectos extractivistas que contaminan el suelo, subsuelo y sobre todo a la población, empobreciendo más a las personas más vulnerables”.

Añadió que “a pesar de que muchas organizaciones defensoras de la vida y de centros de derechos humanos e indígenas que se esmeran día a día por resolver estos asuntos, el gobierno sigue manifestando que su interés político, económico y social no responde a las necesidades reales del pueblo”.

Denunció “la agresión verbal e intimidaciones a los integrantes del Modevite por grupos armados enviados por autoridades municipales para detener nuestro trabajo en defensa del territorio”, así como “la agresión impulsada por autoridades municipales de Chilón y Sitalá a los integrantes de gobiernos comunitarios y al sacerdote jesuita José Avilés, provocando un escenario de enfrentamiento entre los mismos hermanos de esos municipios”.

También denunció la “campaña de difamación iniciada por partidos políticos colocando al Modevite como uno de ellos y creando un ambiente colectivo en contra de nuestro movimiento, desprestigiando y poniendo en dicho nuestro objetivo de ‘defender la vida’”.