Lilia Balam
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 17 de julio, 2019

Activistas y académicas de Campeche, Quintana Roo y Yucatán han detectado en esas entidades el incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, la cual establece que el personal médico de hospitales públicos y privados de todo el país debe brindar el servicio de aborto a cualquier mujer embarazada como resultado de una violación sexual, y que todas las instituciones deben contar con personal de salud capacitado para realizar la interrupción del embarazo.

En los centros hospitalarios, el personal desconoce o no está capacitado sobre los alcances de la NOM 046, y por ende, obstaculizan el acceso al aborto, al que tienen derecho las mujeres del país en caso de ser violadas. Las activistas hacen llamados frecuentes a las autoridades a respetar la norma federal.

[h1]En Quintana Roo condicionan a las víctimas de violación[/h1]

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Foto: Rodrigo Díaz Guzmán

La NOM 046 establece que es obligación de los servicios de salud proveer el servicio de aborto a cualquier mujer que, bajo protesta de decir verdad, manifieste estar embarazada como resultado de una violación sexual. A partir de una reforma realizada en el 2016, no es necesario que las víctimas presenten una denuncia por el delito para ser atendidas.

Pese a esto, en los hospitales públicos de Quintana Roo condicionan a las víctimas: si no presentan la denuncia, no se les brinda el servicio de la interrupción del embarazo, todo lo contrario a lo que establece la normativa federal, explicaron miembros de la asociación civil Marea Verde Quintana Roo.

Esto debido a que el Código Penal de ese estado no ha sido armonizado para respetar la normativa federal: en Quintana Roo el aborto es un delito con cuatro causales de no punibilidad, es decir, no se castiga si el producto tiene alteraciones genéticas o congénitas graves, si es imprudencial o culposo o si la madre está en peligro de muerte.

Tampoco se sanciona si el embarazo es producto de una violación sexual, sin embargo, para brindar el servicio se exige que la víctima denuncie y solamente se puede practicar la interrupción durante el primer trimestre de gestación.

Una de las integrantes de Marea Verde, Yunitzilim Rodríguez Peraza, indicó que hasta hace un año, quienes querían interrumpir el embarazo, fruto de una violación, acudían a los centros hospitalarios acompañadas por activistas para recibir el servicio, sin embargo, desde finales del 2018 ni siquiera con el acompañamiento de las asociaciones civiles pueden abortar.

“Aquí se ha dicho que conocen los protocolos y no dudo que lo sepan, el problema es que no los están aplicando correctamente. Las mujeres que piden una interrupción legal del embarazo son revictimizadas, les obligan a poner la denuncia cuando la NOM 046 establece lo contrario”, expresó Sandra Cortés González, también miembro de Marea Verde.

De acuerdo con la activista, en lo que va de 2019 la asociación ha asesorado a cinco víctimas de violación sexual a quienes se les impidió acceder al servicio, y de ellas, sólo dos consiguieron que la Secretaría de Salud de Quintana Roo aceptara interrumpir los embarazos.

Rodríguez Peraza indicó que al menos tres mujeres acuden semanalmente a la agrupación para recibir información al respecto. Señaló que las cifras han aumentado significativamente, ya que no pueden acceder a un servicio que antes sí era otorgado.

Agregó que solicitar la denuncia a las víctimas implica que pasen por procesos burocráticos muy largos y por ello, algunas mujeres prefieren buscar el servicio en la Ciudad de México, donde sí está permitido el aborto hasta la semana número 12 de gestación. De acuerdo con la Secretaría de Salud de la capital del país, del 2007 al 2019, 126 mujeres quintanarroenses han viajado para acceder a los servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Por ello, Marea Verde presentó en septiembre de 2018 una iniciativa ciudadana ante el Congreso de esa entidad para reformar la Constitución local en materia de protección a la vida desde la concepción, para modificar el Código Penal y que se permita el aborto hasta la semana número 12 de embarazo, y para cambiar la legislación en materia de salud, de manera que permita que los centros hospitalarios brinden el servicio de manera segura, legal y gratuita.

En abril de este año las activistas solicitaron al legislativo integrar a la propuesta ciudadana la iniciativa que presentó en 2017 el gobernador Carlos Joaquín para despenalizar la interrupción del embarazo, acción realizada en cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), como parte del proceso para activar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

“No se ha dado la discusión y ya casi vamos a cumplir un año de haber presentado la iniciativa, sin embargo, tenemos muchas expectativas con la legislatura que tomará posesión en septiembre, creemos que es muy importante la capacitación, perspectiva de género e insistimos en que nuestros derechos no son negociables”, externó Rodríguez Peraza.

De acuerdo con el informe de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este año han abierto siete carpetas de investigación por aborto en Quintana Roo.

[h1]Personal de salud campechano desconoce la NOM 046[/h1]

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Foto: Notimex

Activistas y académicas campechanas han trabajado con personal médico de hospitales públicos campechanos y coinciden en algo: muy pocos conocen la NOM 046 y los protocolos de atención a las víctimas de violación sexual.

De acuerdo con María Cauich Puc, investigadora del Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), médicos entrevistados durante un estudio realizado en el último año en ese estado declararon que “sabían muy poco” sobre la normativa federal.

“Cuando existen casos de violencia lo único que hacen es pasar a la paciente al área de ginecología y de ahí, la turnan al DIF, pero no tienen el conocimiento para llevar a cabo (el procedimiento) como menciona la NOM 046”, detalló.

En este sentido, la coordinadora del área de derechos sexuales y reproductivos de la asociación civil Red de Mujeres y Hombres por una opinión pública con perspectiva de género en Campeche (REDMYH A.C.), Isabel Guadalupe Rodríguez Casanova, informó que en noviembre del 2018 la agrupación capacitó a servidores públicos (médicos, enfermeras, trabajadores sociales y psicólogos) sobre la Norma, y la mayoría desconocía sus alcances.

“Muy pocos habían tenido capacitación previa sobre la NOM 046 y todo lo que contempla. Cuando las mujeres que han sido violentadas sexualmente acuden, sí les dan atención para denunciar, pero el aborto, los antirretrovirales, la pastilla de emergencia o la revisión ginecológica son limitados, o no cuentan con los insumos”, apuntó.

En opinión de Cauich Puc, hace falta brindar capacitación en el tema al personal médico de la entidad, ya que al desconocer los protocolos federales, tampoco brindan la información adecuada a las víctimas de violación. Esto, a su vez, ocasiona que muchas de ellas ignoren sus derechos e incluso “no se atrevan a denunciar” los ilícitos.

Rodríguez Casanova recalcó que el aborto es un tema del que casi no se habla en Campeche, pese a que el Código Penal de la entidad no lo sanciona si es imprudencial o culposo, por motivos de salud o si el embarazo es producto de una violación, aunque en este último caso se exige que la víctima denuncie y presente al personal médico una autorización, y el servicio solo se brinda en el primer trimestre de gestación.

La activista mencionó que a la causal de violación es la más conocida, pero “se tiene bajo acceso” a la misma. Añadió que la agrupación de la que forma parte ha brindado consejería a 44 mujeres este año. El año pasado fueron 82 las que solicitaron información al respecto y en el 2017, fue un centenar. Generalmente, las mujeres que buscan consejería tienen 21 años y suelen ser estudiantes o mujeres que viven situaciones de violencia y tienen dos o tres hijos. De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de 2007 a junio de 2019, 16 mujeres campechanas acudieron a la capital del país para interrumpir legalmente su embarazo.

Rodríguez Casanova externó su preocupación ante la iniciativa presentada en días pasados por el diputado panista Jorge Alberto Nordhausen, para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

“Sería una violación a los derechos de las mujeres, incluso una tortura si se aprueba. Hacemos un llamado a que las autoridades se informen, tomen decisiones con perspectiva de género y consideren los convenios y tratados que México ha firmado a nivel internacional sobre el acceso al aborto. Lo ideal sería que dejen de tener una visión personal y tengan una más objetiva, por la salud y seguridad de las mujeres campechanas”, sostuvo.

[h1]Desinformación en Yucatán[/h1]

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Foto: Enrique Osorno

Como informamos en el reportaje “Maternidad forzada: el mito del aborto legal en Yucatán”, publicado en abril en [i]La Jornada Maya[/i], de acuerdo con Lorena Aguilar Aguilar, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y la investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Ligia Vera Gamboa, personal médico en centros hospitalarios públicos desconoce los aspectos jurídicos y legales que implica la NOM 046.

La Jefa del Departamento de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Salud local, Geny Beatriz Sánchez Fernández, aseguró que cuando se modificó la NOM 046 en marzo de 2016, se brindó capacitación sobre el tema a los trabajadores de las instituciones de salud, además de que la solicitud de la AVGM hizo ver a las autoridades estatales “los huecos” que hacía falta atender en ese sector.

Sin embargo, la funcionaria admitió que pese al trabajo realizado “sí hay desconocimiento por parte del personal médico”, pues la temática “es un tabú” y es “difícil trabajarla” con los empleados del sector.

Insistió que la NOM 046 se debe respetar y por ello se han enfocado durante más de un año en la sensibilización del personal ginecobstetra, “para que cuando ellos decidan si quieren o no intervenir en un aborto, sea con conciencia y decisión fundamentada”.

Más que una cuestión moral, los trabajadores del sector temen no estar protegidos legalmente en caso de interrumpir un embarazo, detalló. “Nos hemos percatado que si se les explica que la NOM 046 está homologada a leyes federales y que es nuestro deber garantizar el servicio, se tranquilizan”, admitió.

Hasta abril del 2019, se había capacitado aproximadamente a 50 por ciento del personal de salud. La funcionaria estimó que para el 2018 la mayoría de los ginecólogos y trabajadores que pudieran alegar objeción de conciencia, tenían conocimiento de la ley.

A su vez, comentó que los Servicios de Salud en Yucatán (SSY), cuentan con módulos multidisciplinarios especializados en la atención a la violencia familiar y sexual, los cuales cuentan con personal capacitado en violencia, interculturalidad, perspectiva de género, derechos humanos, y en la NOM 046.

Señaló que hasta ahora el gobierno del estado no ha realizado ninguna campaña que difunda qué es y qué implica la NOM 046. Recalcó que los esfuerzos institucionales en materia de violencia deben ser constantes para garantizar que las mujeres víctimas de violencia sexual reciban atención de manera oportuna, además de que es necesario sensibilizar al personal sobre el tema.

La asesora jurídica de la asociación Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el crecimiento personal (Unasse), Amelia Ojeda Sosa, coincide en que hay desinformación y poca difusión de las leyes sobre el aborto. “No quieren que se difunda para que no se hagan las solicitudes en los hospitales”. afirmó.

En respuesta a una solicitud de información, la Secretaría de Salud local declaró haber realizado 11 interrupciones legales del embarazo entre 2009 y 2018 bajo los lineamientos de la NOM 046 en recintos públicos. Por su parte, la dependencia homóloga en la Ciudad de México indica que desde 2007 a junio de 2019, 40 mujeres han viajado a la capital del país para practicarse un aborto.


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