La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Miércoles 14 de agosto, 2019

Adrián López Sánchez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Cancún, llamó a privilegiar el diálogo y construir una legislación acorde con el país que los mexicanos quieren, con un sistema tributario fuerte y un marco normativo que combata, pero no criminalice la defraudación y la evasión fiscal.

"Al ser un delito catalogado como delincuencia organizada no habría derecho a fianza, incluso con la Ley Federal de Extinción de Dominio se podrían vender propiedades del contribuyente de forma inmediata. Esos mecanismos crean un arma política muy poderosa contra empresas que no sean bien vistas por quienes ejercen el poder. De esa forma, lejos de abonar a la construcción de un sistema tributario seguro, se generaría una inquietud justificada", manifestó.

Agregó que eso pondría en jaque la ya de por sí debilitada confianza empresarial en el nuevo gobierno federal, cuyos niveles son los más bajos en la historia del país, por lo que demandó a los legisladores realizar un análisis extenso y consensuado, y a echar por tierra la percepción que hay de que pretende votarse la propuesta hacendaria en fast track.

Dijo que las reformas que serán discutidas próximamente en el Senado pretenden clasificar como crimen organizado la evasión fiscal, pero deben establecer claramente los candados sin incurrir en una legislación punitiva que cree mayor incertidumbre y en la que al final "paguen justos por pecadores".

En la Coparmex, sostuvo López Sánchez, es reconocida la gravedad de la defraudación y la evasión, y de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es de alrededor de 350 mil millones de pesos el monto anual de la elusión fiscal por medio de facturas falsas, lo que equivale a ocho veces el último presupuesto anual de la UNAM.

"Hacemos un llamado a los legisladores de todas las fuerzas políticas a privilegiar el diálogo y a construir una legislación acorde con el país que queremos. Es momento de cerrar los espacios a una mala interpretación de la ley, con la que los buenos contribuyentes paguen las consecuencias", destacó.

En principio, combatir la defraudación y evasión fiscal es una política adecuada, pero es prioritario que la autoridad establezca reglas claras para frenar a los defraudadores fiscales; sin embargo, no debe llegarse al extremo de crear incertidumbre jurídica entre las empresas y los contribuyentes honestos con la aprobación de una legislación extremadamente punitiva.

Comentó que para el empresariado, el cumplimiento de las obligaciones fiscales es fundamental para que el país tenga los medios necesarios para crecer, y que los impuestos son vitales para desarrollar proyectos de infraestructura, proveer seguridad y crear servicios públicos que permitan fomentar el capital humano.

Sostuvo que un reporte interno de la confederación patronal reveló que la confianza empresarial en el gobierno federal es la más baja en la historia, lo que podría traducirse en una reducción de inversión y consecuentemente en la no generación de empleo.

"De acuerdo con la presentación de Data Coparmex de junio, la confianza del empresariado da señales de ir a la baja. El sector de la manufactura fue el más afectado, ya que tuvo una disminución de 52.84 por ciento a 51.23; es decir, una disminución del 1.6 por ciento. La confianza empresarial en el sector construcción bajó 0.5 por ciento, ya que pasó de 49.7 en el mes de mayo a 49.2 en junio", finalizó.


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