Reprimen en Argentina movilización social

Protestantes afirman que el gobierno de Mauricio Macri se niega a aceptar la crisis alimenticia

Stella Calloni
Foto: Afp
La Jornada Maya

Buenos Aires, Argentina
Jueves 12 de septiembre, 2019

Una operación policial impactante, con desplazamiento de vehículos, efectivos en motocicletas fuertemente armados y uniformados de la infantería con escudos, dispararon gas lacrimógeno e irrumpieron la tarde de ayer en la manifestación de miles de integrantes de movimientos sociales, que comenzaban a acampar afuera del Ministerio de Desarrollo Social, con saldo de varios heridos y cuatro detenidos.

Horas antes, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, advirtió: "si pasan hambre tienen comedores y cantidad de lugares a dónde ir", a pesar de que en los últimos días se denunció que estos sitios están totalmente desbordados por la emergencia social que vive el país. Y añadió: "yo diría que en Argentina hay gente que está pasando necesidades, no llegaría a decir que hay gente que hoy está en una situación de no comer".

El gobierno cerró en la mañana una línea del Metro, para impedir que los integrantes de las organizaciones sociales se desplazaran hasta el centro porteño. Hubo otros obstáculos, pero las columnas de Polo Obrero, Barrios de Pie y otras organizaciones sociales comenzaron a llegar instalando ollas populares en reclamo de aumentar las partidas de alimentos en 50 por ciento para los comedores comunitarios, y la apertura de programas sociales.

Dijeron que de no haber respuesta instalarían pequeñas carpas afuera del ministerio de Desarrollo Social. La mayor parte de la columna ocupó tramos de la Avenida de Mayo y la 9 de julio, donde se toparon con el operativo policial, lo que puso en tensión a toda la zona del centro.

Decidieron quedarse para apoyar a los diputados que hoy debatirán la ley de emergencia alimentaria, ya que el gobierno de Mauricio Macri la consideró "innecesaria", pero por ahora fuerzas policiales están impidiendo la presencia de los organismos sociales.

El líder de Polo Obrero, Eduardo Belliboni, afirmó que "la policía reprime si tiene orden de hacerlo", y exigió que "el gobierno abra una mesa de diálogo y frene la represión", al subrayar que en la movilización no se pretendió cerrar el transporte público, como aseguró el gobierno porteño.

La iniciativa de los bloques de diputados opositores que se reunirán hoy para debatir el proyecto de ley de emergencia alimentaria surge con mayor firmeza a partir de que el gobierno se negó a decretarla. Aún no se sabe si habrá quórum para comenzar la sesión, porque los legisladores oficialistas esperarán la órdenes del Ejecutivo.

El jefe de la bancada oficialista de Cambiemos, Álvaro González, manifestó que los legisladores de dicha alianza esperan saber si es viable esta iniciativa a nivel fiscal y "si no, pues no darán los dos tercios" necesarios para votar la ley.

"La voluntad de todo el arco opositor en Diputados es lograr la media sanción este jueves y llevaremos a cabo la sesión con la responsabilidad que el gobierno no tuvo ni tiene respecto "a un tema tan sensible como el hambre", sostuvo Leonardo Grosso, uno de los autores del proyecto de ley.

Por otra parte, el presidente Mauricio Macri pidió a industriales que paguen a sus trabajadores un bono de 5 mil pesos, que "hagan un sacrificio como hicieron todos" y la respuesta no se hizo esperar. Dirigentes de las pequeñas y medianas empresas le recordaron que han cerrado 27 mil compañías por las políticas gubernamentales y que actualmente no tienen dónde solicitar créditos, y las que están en pie, se sostienen en condiciones de "agonía".

Al cierre de esta edición, la juez Marta Cirulli resolvió intervenir la empresa de la familia Macri en el caso de la deuda millonaria que tienen con el Estado argentino, al considerar que hubo ocultamientos reiterados de información, que entre otras cosas están referidos a sospechosos pasivos por préstamos de sus propias empresas de control Socma y Sideco, claves en el grupo empresarial.

La resolución dispone una "coadministración" de la compañía, pero no desplaza a quienes están actualmente a cargo. La fiscal Gabriela Boquín, quien denunció en 2017 un intento de condonación de la deuda que hoy llega a 4 mil 500 millones de pesos, a través de un pacto entre el Correo y los representantes estatales, había pedido ya entonces la intervención, con el desplazamiento de síndicos y administradores.

La juez señaló también la reticencia a responder a los pedidos de datos para el expediente, donde se investigan maniobras de vaciamiento y contradicciones. Este será un tema que mañana, junto con otras medidas judiciales contra funcionarios del gobierno actual, estará en el centro de la tensión de cara a las elecciones del 27 de octubre.