de

del

Rafael Robles de Benito
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Lunes 7 de octubre, 2019

Ayer empecé a leer con entusiasmo la nota que [i]La Jornada Maya[/i] público con el encabezado de “Establece SADER zona de refugio pesquero frente al municipio de Celestún”.

Parecía ser una de esas noticias capaces de reavivar el optimismo; sin embargo, el entusiasmo se me fue disipando antes de terminar de leer dos párrafos. La zona de refugio pesquero parece no ser tal, y queda muy lejos de satisfacer lo que subyace desde hace décadas a la problemática pesquera de lo que tendría que ser un muy próspero puerto. Trataré, primero, de presentar los rasgos que, en mi opinión, debiera incluir una zona de refugio pesquero para que se le pueda considerar eficaz; y después revisaré algunos de los aspectos de la pesca en Celestún, que la tienen atrapada –como pasa con toda la pesca ribereña de la península– en una suerte de callejón sin salida hacia el desarrollo.

La idea de establecer refugios pesqueros en nuestro país fue una respuesta, quizá un tanto tímida, por parte de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, por encarar lo que ya reconocía como una situación crítica de las pesquerías más importantes de nuestras aguas. La idea, en lenguaje llano, era que se podría, a petición de parte, establecer zonas en el mar donde no se ejercieran actividades pesqueras, o zonas de cero captura. Como se decía entonces, era como establecer una suerte de “bancos” de recursos pesqueros donde crecería el capital (las poblaciones de especies de interés comercial y otras), de modo que los excedentes (los intereses) saldrían a buscar alimentos fuera del área protegida, y quedarían expuestos como recursos pesqueros aprovechables. La meta última era que las especies expuestas a sobrepesca contaran con sitios donde podrían recuperar las dimensiones de sus poblaciones, sin enfrentar la presión de la actividad pesquera. Sonaba bonito.

Claro está que para funcionar, la idea tenía que haber resuelto los enormes problemas de gobernanza que enfrenta un sector con una organización medieval, bajos niveles de educación y una actitud de vivir al día y llegar al recurso antes de que lo hagan otro, que lo condenan a una conducta típica de “tragedia de los comunes”. Pero bueno, quienes formularon la propuesta tenían al menos el corazón del lado correcto del cuerpo (¿el izquierdo?).

Cuando se ve cómo caracteriza la autoridad del estado la zona de refugio de Celestún, es claro que está muy lejos de la propuesta original: dice la SADER que “en la zona de refugio pesquero parcial temporal únicamente podrán llevarse a cabo las actividades de pesca comercial de pulpo mediante el método de captura al gareteo y respetando el periodo de veda vigente del 16 de diciembre al 31 de julio de cada año, y la de carito, sierra y picuda, utilizando solamente la técnica de troleo, exclusivamente en el periodo de octubre a febrero”. ¿En qué se diferencia esto de lo que sucedía sin refugio pesquero? Por muy “parcial” y “temporal” que se le llame, esto no es más que una simulación. La pesca seguirá como de costumbre, y hacer un supuesto refugio que no aporta nada más que decir que se debe cumplir con lo ya regulado, no resuelve lo que resulta en verdad una situación al borde de la catástrofe.

Celestún, en lo que atañe a la pesca ribereña, es un muy buen ejemplo de los problemas que aquejan a este sector, desde el punto de vista de gobernanza y organización social, resistencia al cumplimiento de la ley, conflictividad entre comunidades con capacidades dispares (Celestún e Isla Arenas), y políticas públicas ineficaces y clientelares. En manos de unas cuantas familias, propietarias de las plantas de procesamiento de productos pesqueros, la red de frío, y embarcaciones, motores e insumos, la pesca ribereña se encuentra empantanada en un esquema medieval de producción, en el que los pescadores son en realidad siervos de un señor paternalista y poderoso, así se reúnan en supuestas “cooperativas”, que lo cierto es que no son más que simulacros de organización, con corruptos esquemas de cacicazgo.

Los dueños de la industria pesquera se reparten también, de manera más o menos rotativas, las estructuras formales del poder local (gobierno municipal, diputaciones, representación frente a las organizaciones regionales o nacionales del sector, etc.). Los pescadores responden a lo que impone este universo de intereses, y lo hacen como una estrategia de supervivencia. Van donde se les ordena, a pescar lo que se les encarga, cuando al poder así le interesa. Véanse si no las migraciones de pescadores de Celestún durante las temporadas de captura de pepino de mar, o de pulpo.

Si la autoridad de verdad considera que establecer refugios pesqueros “parciales y temporales”, que no lo son, y que no engañan a nadie, pocos resultados reales podrá ofrecer, que demuestren un compromiso serio con la intención de recuperar la salud perdida de las importantes pesquerías de la región. En tanto no enfrente, con la ley en la mano y con la fuerza del estado, el imperio de ilegalidad, inequidad e injusticia que privan en el sector, los recursos pesqueros seguirán abatiéndose, la sobrepesca seguirá siendo el común denominador, y la tragedia de los comunes seguirá asomándose por el horizonte del Golfo. Pero se trata de enfrentar intereses, estos sí, conservadores. ¿Será entonces que, en plena vorágine de la 4T, las autoridades pesqueras, federales y estatales, responden también a esos intereses y que son pues, “conservadoras” del status quo ajeno a l derecho y a la justicia social que priva en el mundo de la pesca?

[i]Mérida, Yucatán[/i]
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