Abogado rechaza disculpa pública de la FGE de QRoo

Joana Maldonado
Foto: Captura de Google
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Martes 19 de noviembre, 2019

En julio de 2016, Carlos Roberto Santos Lima, quien entonces se desempeñaba como juzgado cívico en el Ayuntamiento othonense, fue detenido y trasladado a Yucatán acusado de violación y lesiones en la carpeta 236/2002, pero las irregularidades en el proceso obligaron a las autoridades de la Fiscalía General de Quintana Roo a solicitarle, más de tres años después, una disculpa pública que el abogado no aceptó, pues los responsables de su descrédito continúan al interior de la Fiscalía y porque el daño no ha sido reparado.

En 2016, cuando éste fue detenido, los elementos ministeriales no contaban con una solicitud formal de la Fiscalía de Yucatán para asegurarlo y privarlo de su libertad por casi 12 horas, aunque en su momento la propia Fiscalía informó que un juez yucateco había ordenado la detención.

Tras dos años, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo emitió la recomendación CDHEQROO/3/2018/11, que obligó a la Fiscalía a pedir una disculpa pública que estuvo a cargo del vicefiscal de la zona sur, Carlos Maya Girón, quien se comprometió a hacer una depuración en su coordinación.

El abogado no aceptó la disculpa pública porque, entre otros aspectos, citó la ausencia del fiscal general, Óscar Montes de Oca Rosales y el no haber sido incorporado en el padrón de víctimas de la Comisión de Atención a Víctimas (Ceavqroo) para obtener la reparación del daño hasta que el procedimiento administrativo se resuelva.

“No la acepto porque la representación social me ha dado trabas, se me hace raro que conociendo el asunto se condujeran con evasivas”, dijo.

Añadió que tiene los elementos suficientes para que la autoridad determine el cese de los tres elementos ministeriales que eran parte del grupo de aprehensión: Juan José, Josué y Flor N.; del entonces director de la Policía Ministerial, Ernesto H., que aún están activos en la institución y el entonces vicefiscal de justicia de la zona sur, Antonio.

“Esta clase de personas no deben seguir en el servicio público, el fiscal general ha hecho un gran esfuerzo, pero esta clase de personas entorpece su trabajo”, acotó.

El litigante añadió que el 21 de este mes vence el plazo para corroborar la ejecutoria de amparo para efecto de la reparación del daño que deberá aplicar la Ceavqroo, que esta semana le comunicó que había un dictamen alistado.

“Tristemente desde mi adscripción de víctima hace un año tuve que interponer un amparo y ello ha motivado a que actúen, la Ceavqroo para la ejecutoria de amparo tiene hasta el jueves, solo falta que avance para que el dictamen se someta a consideración del Consejo técnico”, precisó.