Europa Press
Foto: Reuters
La Jornada Maya

La Haya, Paises Bajos
Jueves 12 de diciembre, 2019

La líder 'de facto' del gobierno de Birmania, Aung San Suu Kyi, ha asegurado que la denuncia de Gambia en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el supuesto genocidio contra la minoría rohingya es "incompleta y engañosa", aunque sí ha reconocido abusos de las Fuerzas Armadas por los que ha prometido depurar responsabilidades. La CIJ comenzó el martes una serie de vistas para examinar en una primera fase la denuncia presentada por Gambia, que acusó en noviembre a Birmania de violar sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948, de la que el país asiático es parte. En la segunda jornada, Suu Kyi ha negado este presunto incumplimiento de las obligaciones internacionales.

La premio Nobel de la Paz ha defendido durante unos 30 minutos las acciones de su gobierno y la "operación de limpieza" emprendida en agosto de 2017 en el estado de Rajine, del que huyeron más de 700 mil rohingyas en unas pocas semanas.

"Gambia ha presentado una imagen incompleta y engañosa de la situación", ha afirmado, recalcando la existencia de un "conflicto armado interno" por la actividad de grupos milicianos y apelando a una "situación compleja" que implica retos a nivel tanto de seguridad como de soberanía nacional.

"Trágicamente, este conflicto armado ha llevado al éxodo de cientos de miles de musulmanes de las tres localidades más al norte de Rajine", ha añadido la dirigente birmana.


[b]Defiende las investigaciones locales[/b]

Suu Kyi ha admitido que las Fuerzas Armadas pudieron actuar en ocasiones de forma desproporcionada, pero ha negado que se pueda catalogar de genocidio. En este sentido, ha subrayado que la "intención genocida" que han detectado investigadores de la ONU "no puede ser solo una hipótesis" a partir de la cual construir una acusación.

"¿Puede haber intención genocida por parte de un Estado que investiga, procesa y castiga de forma activa a los soldados y oficiales acusados de irregularidades?",ha planteado Suu Kyi ante la comisión de 17 jueces que escucha estos primeros argumentos de las partes.

El Ejército birmano anunció en 2018 una condena de diez años de prisión con trabajos forzados contra siete militares implicados en la matanza de diez rohingyas, entre ellos niños, en septiembre de 2017.

Sin embargo, el veto a organizaciones internacionales impide conocer la magnitud concreta de los abusos.

Los procedimientos de esta semana no abordarán la denuncia de genocidio propiamente dicha, sino la petición por parte de Gambia de medidas cautelares para que Birmania suspenda cualquier actividad que pueda empeorar la situación. Suu Kyi, por su parte, ha pedido a la CIJ que "se abstenga de cualquier acción que pueda agravar el actual conflicto armado y la paz y la seguridad en Rajine". En los campamentos de refugiado de Bangladesh, donde se agolpan más de un millón de rohingyas, ha tachado de "mentirosa" a Suu Kyi durante su declaración, transmitida por un canal de noticias local. "Es una gran mentirosa, debería darle vergüenza", ha dicho Abdur Rahim, de 52 años.


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