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del

Felipe Escalante Tió
Foto: Gobierno del estado
La Jornada Maya

Viernes 24 de enero, 2020

Aquella noche, un grupo de individuos asaltó a mano armada el cuartel de policía de Mérida, enardecidos porque en la Plaza Grande se habían exhibido unas fotografías del presidente, el jefe militar de la zona y el gobernador del estado; esta última seguida del retrato del candidato opositor para sucederlo. El parte señalaba que los asaltantes pretendían apoderarse del armamento policiaco y que fueron rechazados por “los defensores del orden”, entre los cuales hubo dos heridos de relativa gravedad. Sin embargo, entre los llamados atacantes hubo tres muertos: Lorenzo Méndez, Eusebio Escalante y Teodosio Pérez Ponce; también cuatro heridos: Pedro José Guerra, Tomás Anaya, Antonio Brito y Ramón Loría.

En efecto, según dejó saber el periódico oficial de entonces, los manifestantes habían lanzado gritos de “muera” al gobernador, Carlos Peón Machado, y por su parte el jefe político y los oficiales de la policía “intentaron con palabras corteses y en tono de súplica disuadir a los escandalosos de su intento de atacar á la policía: después de grandísimo esfuerzo se consiguió que se retiraran dando los mismos vivas y mueras referidos. Pasados como veinte minutos se volvieron a reunir en la misma actitud amenazante y en el propio lugar invadiendo los portales que ocupaba la fuerza de policía y prorrumpiendo en los mismos vivas y mueras”.

El parte, firmado por el jefe político, Ceferino Monforte, concluía con la siguiente frase: “La tranquilidad pública ha quedado restablecida gracias a las acertadas disposiciones del Gobierno”. La versión oficial de los hechos, sin embargo, no prevaleció como verdad. Los partidarios del general Cantón difundieron la versión de que el accionar de la policía y la Guardia Nacional constituyó una agresión de la autoridad contra civiles indefensos y un agravio a los yucatecos por parte del grupo instalado en el gobierno del estado, al cual calificaron de indigno de continuar regenteando los destinos de Yucatán.


[b]Grupos de choque[/b]

Revisando periódicos de unos cuantos años más tarde, específicamente los aparecidos con motivo de las elecciones de 1911, cuando compitieron Delio Moreno Cantón y José María Pino Suárez por la gubernatura de Yucatán, llegaríamos a la conclusión de que ambas organizaciones contaban con grupos de choque; los morenistas acusaban especialmente a Tomás Pérez Ponce de organizar y conducir a un contingente de indígenas yaquis recientemente liberados, con la promesa de conseguirles un barco que los llevaría de vuelta a Sonora; mientras que los pinistas acusaban a sus adversarios de ser “provocadores”, de gritar “mueras” en los mítines y buscar liarse a golpes con policías y partidarios del que después sería vicepresidente con Francisco I. Madero. De nueva cuenta, si se revisan los resultados de las casillas, veremos que cada grupo tenía su propia estructura para encausar el voto a su favor, y esto incluía a gente dispuesta a generar violencia.

Estos episodios no se detuvieron con la Revolución. Urge una historia de los enfrentamientos entre socialistas y simpatizantes del Partido Liberal Constitucionalista, en los años 20 del siglo pasado, o una revisión de las protestas en Chemax en los años 80. Incluso podríamos acercarnos más, a elecciones en las comisarías de Mérida. Encontraremos que los principales partidos siempre han contado con gente preparada para agredir; en un ejercicio de historia oral, alguien recordará a la mestiza “de carácter” que costuraba piedras en su rebozo, convirtiendo la prenda en un arma contundente, y tal parece que por atavismo hallamos a estos grupos en cualquier partido. No tendría nada de extraño que Morena tenga el suyo, cuando PRI y PAN tienen los propios.

No, los yucatecos no son ajenos a las protestas violentas. La historia local no es precisamente de paz, ni ésta se instaló definitivamente después de la ejecución de Felipe Carrillo Puerto.


[b]Xenofobia[/b]

En algún momento deberá analizarse con serenidad lo ocurrido el pasado domingo 19 de enero. Finalmente, lo que disolvió la protesta fue una granada de gas, presuntamente lanzada sin autorización, y los policías no repartieron macanazos ni balas de goma o de otro tipo, como se hizo en 1992, contra la Unión Campesina Democrática. Sin embargo, atribuirle a agitadores profesionales o “gente de otros lugares, acostumbrada a cosas distintas” es insensibilidad por parte de la autoridad; es sacudir de nuevo el espíritu xenofóbico para iniciar un conflicto con quienes han llegado a vivir al estado, y cuando ya hay abiertos varios frentes de inconformidad, llámense padres de niños con discapacidad, trabajadores del Sector Salud, maestros que llevan seis meses sin cobrar una sola quincena, entre otros.

No deja de ser curioso que el periódico [i]La Oposición[/i], de 1897, indicara en un artículo que: “Aun en los grandes motines, como en los casos que se han dado en la capital de la República, los más exaltados han roto faroles, aparadores de comercio, &., &., y han gritado mueras frente al palacio nacional; no se ha oído, sin embargo, que la gendarmería de México se hubiese encarnizado contra ese pueblo, prefiriendo los medios pacíficos hasta obtener la calma…”

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