Justicia social, tema pendiente en Yucatán

Abraham Bote
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 24 de febrero, 2020

Activistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil coinciden: en Yucatán no existe una justicia social, lo cual es palpable en la marcada desigualdad social, la economía dispar entre Mérida y el interior del estado, las violaciones a los derechos humanos de grupos vulnerables, particularmente de la comunidad LGBTTTI, despojo de tierras mayas, racismo, violencia de género, entre otros males sociales, invisibilizados o normalizados.

Para poder determinar el nivel de justicia social en Yucatán se requiere analizar las condiciones de desigualdad y los procesos que realizan los gobiernos y la sociedad para equilibrar la balanza de las oportunidades de desarrollo. Sin embargo, la experiencia y testimonios de defensores y activistas señalan la existencia de brechas socioeconómicas que generan una percepción de injusticia, lo que afecta las aspiraciones de las personas para alcanzar los niveles de bienestar que anhelan.

De acuerdo con las Naciones Unidas, la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, entre los países y dentro de cada uno de ellos. Los principios de justicia social se defienden mediante la promoción de la igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas y los migrantes, o la eliminación de las barreras que enfrentan las personas por cuestiones de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad.

[b]Desigualdad y pobreza[/b]

En Yucatán, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el porcentaje de personas en situación de pobreza pasó de 41.9 por ciento a 40.8 por ciento; es decir, se redujo de 901 mil 864 a 900 mil 476 personas, mientras el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema incrementó de 6.1 a 6.7 por ciento en la mismas fechas; pasando de 132 mil 415 a 147 mil 106 entre 2016 y 2018.

Carlos Escoffié Duarte, abogado y activista local, comentó que la desigualdad social y la pobreza es invisibilizada por la sociedad en general y las autoridades; es vista como un fenómeno natural, frente a la cual el Estado puede crear buenas acciones de caridad, lo que es nocivo porque no ven el tema como un asunto de obligaciones estatales y sociales.

Por ejemplo, la políticas de urbanización están destinadas a facilitar el crecimiento al norte de Mérida, en beneficio de cierto modelo de desarrollo urbano, poder adquisitivo, que no se ha visto reflejado de igual manera en el sur. “No es casualidad que Mérida esté tan estratificada de sur a norte; es el reflejo de las políticas que ha tenido la ciudad durante décadas”, manifestó.

En cuanto derechos civiles, el activista indicó que igual hay un pendiente de justicia social para Yucatán, como el matrimonio igualitario, pues los legisladores locales han negado este derecho en dos ocasiones, lo que manda un mensaje: “El acceso al matrimonio igualitario sólo está en manos de quien pueda pagar un juicio de amparo”. Esto, añadió, promueve una lógica de que no todas las personas merecen la misma dignidad y vivir en las mismas condiciones de bienestar social.

[b]Racismo [/b]

Para el especialista, gran parte de los problemas sociales de Yucatán pasan por el eje de la discriminación, un problema arraigado, patológico y no reconocido. Es por ello que la contaminación de cenotes en comunidades mayas, las prácticas de detención de presuntos delincuentes, los crímenes contra la población LGBT, se justifican o minimizan, pasando por un dejo de racismo, clasicismo y homofobia.

Al mismo tiempo, agregó, somos una sociedad dividida: la población maya no es cohabitante de las no mayas; las personas del norte de Mérida no se ven como habitantes de la misma ciudad que quienes viven en el sur de la misma.

Por lo tanto, para garantizar la justicia social, urge que el Estado y la sociedad misma reconozcan que existe una discriminación histórica, soportada por el mismo Estado e instituciones hacia las personas mayas, mujeres, comunidad LGBTTTI, y otros grupos vulnerables como las personas con discapacidad, abundó.

[b]Dos economías[/b]

Desde el punto de vista económico, para Gabriel Alejandro Rodríguez Cedillo, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), no existe justicia social en el estado. Esto se puede ver reflejado desde dos factores: la desigualdad económica en ingresos y salarios, sólo una pequeña parte de la población gana salarios exorbitantes, pero los de la mayor parte son de subsistencia.

Aunado a esto, agregó, en Yucatán existen dos economías: la de Mérida y la del interior del estado. Desde esa perspectiva se puede comprobar que hay una desigualdad: la sociedad no tiene acceso a las mismas condiciones de bienestar. En su opinión, debe haber igualdad en la competencia por parte de los agentes económicos, que beneficia sólo a un pequeño grupo como las gasolineras, el sector inmobiliario, industrias de servicios, centros comerciales, financieras y grandes constructores.

Para solucionar esto, indicó, se debe dejar de fomentar el crecimiento exclusivo de Mérida y enfocarse en los demás municipios, generar políticas de infraestructura, desarrollo de agentes económicos, propiciar las mismas atenciones y acciones que se otorgan en Mérida. “Dejar de llevar políticas paliativas, populistas y llevar políticas de intervención integral económicas, de salud y educación”, subrayó.

[b]Despojos tierras mayas[/b]

Se presume que Yucatán es de los estados más pacíficos del país, sin embargo prevalecen vulneraciones a los derechos humanos, desigualdad económica, laboral, de género, reflexionó Martha Capetillo Pasos, del Equipo Indignación.

La activista expresó que la vulneración más pronunciada es la que se da contra los derechos indígenas: el despojo de sus tierras y la contaminación de sus recursos naturales. “Durante años se ha privilegiado al capital, a los empresarios, y las políticas del gobierno están enfocadas a favorecer a éstos y despojar a los pueblos”, indicó. Los mayas deben ser consultados sobre cualquier situación que pudiera afectarlos, subrayó.

Como sociedad, añadió, se debe superar esta visión paternalista de beneficencia; construir un estado donde todas las personas puedan tener acceso al disfrute de los derechos humanos, y no seguir fomentando acciones que profundicen la desigualdad.

[b]Violencia de género [/b]

Adelaida Salas Salazar y Teresa Campos, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, indicaron que, en cuanto a las mujeres, persiste la desigualdad y violencia de género. “Aún hay un abismo grande”, afirmaron. Hay casos que quedan impunes, carpetas de investigación que queda paradas, se criminaliza a las mujeres que denuncian o se manifiestan. “Desde mi experiencia, sólo tenemos revictimización, y mucha. Si nos matan, culpa de nosotras; si nos violan, culpa de nosotras”, indicó la segunda.

A la par, Salas Salazar observó que hacen falta refugios para atender la violencia de género, y no existe un banco de datos concretos sobre los casos, tipos de violencia o tentativas de feminicidios, entre otros. Por lo tanto, para avanzar en ese tema, se necesita que los gobiernos sean sensibles al género, que revisen lo que pasa en las dependencias, en el gabinete, que asignen programas de prevención de la violencia.

[b]Alertas[/b]

Gustavo Arjona Canto, secretario ejecutivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), reconoció que la discriminación en el estado es real y constituye un elemento para determinar si existe o no justicia social. También reconoció que el despojo de tierras mayas es un tema preocupante, y que la desigualdad en oportunidades laborales y en educación “son signos de que no estamos bien”.

Indicó que cada vez las personas denuncian más este tipo de afectaciones a sus derechos, y la Codhey recibe en promedio una queja diaria. En 2019 hubo más de 400 quejas, principalmente contra las policías municipales.

La Codhey, desde su ámbito, procura capacitar y sensibilizar a los servidores públicos, además de exponer las carencias en materia de derechos humanos, recibir quejas y emitir recomendaciones para garantizar precisamente los derechos humanos; también promueve actividades con la sociedad.

Arjona Canto anunció que en dos meses se retomará el proyecto del ombudsmóvil, en el que un autobús de la Codhey recorrerá las comunidades para interactuar con la sociedad, difundir los derechos humanos y recibir quejas.