Discriminación, enfermedad social

Abraham Bote
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Lunes 2 de marzo, 2020

Por trato discriminatorio y obligarle a subir escaleras en contra de las recomendaciones médicas, una niña con discapacidad presentó una demanda de amparo en contra de la Escuela Primaria “Rodolfo Menéndez de la Peña”, ubicada al poniente de Mérida.

Policías estatales detienen a una persona sin justificación legal para una “revisión de rutina”, basándose sólo en su apariencia y su ropa; es decir, discriminación y prejuicios.

Una estudiante universitario, de tez morena, sufre de discriminación por sus apellidos mayas. Sus mismos compañeros hacen bromas, al respecto. “Es coto, nada más”, se justifican, pero no hay nada de divertido en la discriminación.

Estos son tan sólo algunos de los tantos casos de discriminación que se dan todos los días en Yucatán. Académicos y defensores de los derechos humanos reconocen que, pese a que se presume a la entidad como un oasis de paz, prevalecen males sociales; uno de ellos, la discriminación. En general, en el estado se discrimina por el tipo de ropa, por la apariencia, por la preferencia sexual, a las personas con discapacidad, a la mujeres e indígenas.

La última Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, elaborada por el Inegi en coordinación por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), revela que una de cada cinco personas de 18 años y más declara haber sido discriminada ya sea por alguna característica o condición personal, tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual.

El estudio indica que los principales ámbitos donde las personas indígenas y las que tienen alguna discapacidad percibieron haber sido discriminadas son los servicios médicos, la calle o el transporte público, y en la propia familia.

El 40.3 por ciento de la población indígena manifestó que se le discriminó debido precisamente por su condición de persona indígena; mientras que el 58 por ciento de las personas con discapacidad refiere su misma condición como motivo de discriminación.

Por eso, en el marco del Día para la Cero Discriminación, que se conmemoró ayer 1 de marzo, es importante reflexionar sobre este lastre social que aqueja a la población.

[b]Diagnóstico[/b]

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Miguel Sabido Santana, anunció que a raíz de esta la Codhey realizará un diagnóstico este 2020, para tener información más actualizada y precisa de la entidad en esta materia.

La Codhey recibió sólo tres quejas por discriminación en 2019, de una niña con discapacidad que sufrió de discriminación en su escuela por su condición, otra de una mujer que fue despedida por estar embarazada y de una persona que fue detenida y golpeada sólo por su apariencia.

Entonces, se tiene que trabajar mucho, realizar campañas más fuertes para llevar información a la gente, y así evitar estas prácticas, además que se impartan estos temas desde la educación básica, para fomentar empatía y una igualdad entre todos.

[b]Origen[/b]

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó, el 1 de diciembre de 2013, el 1 de marzo como el Día para la Cero Discriminación, con el fin de acabar con la discriminación y celebrar la diversidad, la tolerancia y la inclusión, basándose en el Artículo 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual señala que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho”.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la discriminación es un concepto que se refiere a cualquier acto o comportamiento que tiene por objeto la violación de derechos humanos, de los cuales toda persona debe disfrutar debido a la igualdad. El derecho a no ser discriminado implica que las personas reciban un trato digno, a que se respete su autonomía, privacidad y confidencialidad.

El derecho a la no discriminación implica que todas las personas reciban un trato digno: que se respete su dignidad humana, autonomía, privacidad y confidencialidad, y que se les garantice la ausencia de coacción y abuso en igualdad de condiciones, señala el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida)