Graciela H. Ortiz
Foto: INAIP
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Miércoles 1 de marzo, 2020

“En 2019, el estado de Yucatán incrementó más del 80 por ciento la recepción de las solicitudes de información, recibiendo 23 mil 546 de ellas para los 235 sujetos obligados registrados en el padrón estatal. Hablamos de cerca del doble de preguntas ciudadanas recibidas en 2018, cuando se registraron 12 mil 949 solicitudes de información”, aseguró el titular del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (Inaip), Aldrin Martín Briceño Conrado, durante su informe anual ante la LXII Legislatura del Congreso del Estado.

Agregó que este despunte habla del impulso de los ciudadanos por saber más sobre el cumplimiento de “nuestras obligaciones, de una mayor vigilancia de nuestras acciones y el interés por participar como comunidad para lograr beneficios sociales”.

Los sujetos obligados a quienes preguntaron más en 2019, fueron el Ayuntamiento de Mérida, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, la Fiscalía General del Estado de Yucatán, la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría General de Gobierno.

“Además de ser garantes de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, al igual somos sujeto obligado de la ley, y en este contexto el Inaip Yucatán, recibió 412 solicitudes de información y 24 solicitudes de protección de datos personales. En total, nuestra Unidad de Transparencia atendió a 473 personas, en preguntas directas”, precisó.

Sostuvo, además, que también se registró un repunte en las solicitudes de protección de datos personales, las cuales prácticamente se triplicaron al pasar de 158 en 2018, a 461 en 2019.

Indicó que el aumento en las solicitudes, tanto de información como de datos personales, también tuvo un impacto en el trámite de recursos de revisión.

“En 2019 recibimos 2, 047 recursos de revisión de acceso a la información pública, en contraste con los 685 que la ciudadanía interpuso en 2018, es decir un aumento de más de 300 por ciento”, manifestó

En el caso de recursos de revisión sobre protección de datos personales el número también se elevó al pasar de seis en 2018, a 47 en 2019.

Recursos de revisión y denuncias

“El trabajo y esfuerzo para cumplir en tiempo y forma ha sido extraordinario y en 2019 logramos resolver mil 748 recursos de revisión, siendo el 87 por ciento de las veces favorecido el ciudadano en la resolución del Pleno”, abundó.

Los cinco sujetos obligados con más número de recursos de revisión interpuestos durante el 2019 fueron el Ayuntamiento de Kanasín, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, el ayuntamiento de Celestún y el ayuntamiento de Conkal.

En el seguimiento de estos recursos de revisión, el Pleno del Inaip Yucatán dictaminó 51 amonestaciones públicas y una multa.

Los cinco sujetos obligados con mayor número de amonestaciones fueron el ayuntamiento de Kanasín, con nueve; el ayuntamiento de Acanceh y el de Izamal, con ocho; y los ayuntamientos de Progreso y Río Lagartos con cuatro, cada uno. La multa fue para la presidente municipal de Calotmul.

En un año, casi se quintuplicó el número de denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencias, interpuestas por la ciudadanía ante el Instituto, sumando 696 denuncias en contra de 118 sujetos obligados, en contraste con las 117 presentadas contra 63 sujetos obligados durante el 2018.

“Este tipo de denuncia es interpuesta por la ciudadanía, cuando detecta faltas y omisiones en la información publicada por los sujetos obligados en portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y con ellas, se desencadena una verificación que realiza el Instituto”, recordó.

Por grupos de sujetos obligados, el que resultó con mayor número de denuncias fue el de los Ayuntamientos, con 528 denuncias; seguido por dependencias del Poder Ejecutivo, con 73; los organismos autónomos e instituciones de educación superior públicas autónomas, con 46; 24 para sindicatos; nueve para el Poder Legislativo y siete para los Organismos Públicos Municipales.

Los cinco sujetos obligados con mayor número de denuncias interpuestas por el incumplimiento de subir su información a la plataforma, en el 2019 fueron los ayuntamientos de Hoctún y de Temax, con 56 cada uno; el de Kanasín con 51; Tahmek, con 34 y Cansahcab, con 25.

Los tres grupos de sujetos obligados que presentaron mejor índice de cumplimiento fueron los que pertenecen al Poder Judicial, seguidos por los del Poder Legislativo y los partidos políticos. En contraste, los organismos públicos municipales, los sindicatos y los ayuntamientos fueron los de menor índice de cumplimiento.

austera y eficiente, “los 30 millones 708 mil 917 pesos autorizados por este Honorable Congreso del Estado”, al tiempo que afirmó que durante dos años consecutivos, el Inaip Yucatán, ha recibido un menor monto presupuestal otorgado por el Congreso del Estado, respecto al año anterior.

“Del 2018 al 2019 el decremento representó un menos 3 por ciento y este 2020 la disminución fue del menos 10 por ciento menos respecto al 2019. “En contraste, como hemos visto, las labores y obligaciones del órgano garante han incrementado cada año”, concluyó.

Finalmente, expresó que el trabajo expuesto se ejerció de manera austera y eficiente, “los 30 millones 708 mil 917 pesos autorizados por este Honorable Congreso del Estado”, al tiempo que afirmó que durante dos años consecutivos, el Inaip Yucatán, ha recibido un menor monto presupuestal otorgado por el Congreso del Estado, respecto al año anterior.

En ese sentido expresó que del 2018 al 2019 el presupuesto disminuyó en un tres por ciento, en tanto en este 2020 la disminución fue del 10 por ciento menos respecto al 2019. “En contraste, como hemos visto, las labores y obligaciones del órgano garante han incrementado cada año”, concluyó.

Estuvieron presentes la secretaria de la Contraloría General, Lizbeth Basto Avilés; en representación del gobernador del Estado Mauricio Vila Dosal; el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Ricardo Ávila Heredia, y el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey), Óscar Sabido Santana, entre otras autoridades.



Edición: Gina Fierro


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