Abraham Bote
La Jornada Maya
Mérida, Yucatán
Miércoles 18 de marzo, 2020
Activistas, académicas, universitarias, colectivas y agrupaciones feministas condenaron las amenazas que han recibido Rosa Elena Cruz y demás integrantes de “UADY sin acoso”, al mismo tiempo exigieron a las autoridades estatales y del la Universidad Autónoma de Yucatán, al mecanismo de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, investigar y tomar acciones para proteger la vida de Rosa Elena Cruz, su familia y demás miembros de la agrupación.
“Exigimos al estado cumpla con su responsabilidad y función y responda con los debidos protocolos ante el acoso y hostigamiento a Rosa Elena. Exigimos a la UADY que proteja a la estudiante sin revictimizarla y actúe contra sus agresores en conjunto con la Fiscalía General de Estado”, indicaron en un pronunciamiento que leyeron en rueda de prensa.
Rosa Elena, estudiante de dicha casa de estudios, ha recibido amenazas de muerte desde perfiles falsos de Facebook, esto luego de compartir y documentar en la página de “UADY sin acoso”, los cientos de casos y denuncias de acoso y agresiones sexuales contra alumnos y personal docente de la casa de estudios, por lo que interpuso una denuncia ante la Fiscalía.
Las activistas indicaron que los tendederos expuestos sobre el acoso que viven las estudiantes de la Uady es un acto de libertad de expresión y en ningún caso y por ningún momento debe primar la violencia contra las denunciantes, sino a la resolución de los casos, que de acuerdo con la Ley General de Víctimas se reconoce el derecho humano y derecho fundamental autónoma a la verdad, como medio importante de reparación, que debe ser reconocida y hecha pública.
Asimismo, agregaron, las víctimas de violencia y acosos tienen derecho a la dignidad humana que implica que las autoridades están obligadas en todo momento a respetar la autonomía de las víctimas y a considerarlas, tratarlas con fin de su actuación y sin revictimización.
“La presunción de buena fe que involucra en creerle en todo momento y no responsabilizarlas por su situación de víctimas y a la no criminalización, las autoridades no deben agravar el sufrimiento de la víctima, ni tratarla de sospechosa o responsable ”, detallaron.
Por otro lado, subrayaron que el discurso de odio contra Rosa y otras compañeras de distintas facultades de la máxima casa de estudios no puede ser permitido en nuestra sociedad y mucho menos en una institución como la UADY. “Un acosador es un potencial violador y una autoridad debe responder en congruencia con la ley de víctimas”, denunciaron.
Edición: Gina Fierro
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