Exigen alternativas de vivienda para quienes no tengan donde resguardarse

Abraham Bote
Foto: Juan Manuel Valvidia
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Domingo 22 de marzo, 2020

Ante la contingencia por el COVID-19, organizaciones civiles, académicos y activistas exigen a las autoridades federales, estatales y municipales aplicar una serie de medidas para afrontar la pandemia desde una perspectiva del derecho a la vivienda adecuada así como garantizar políticas sociales adecuadas que enfrenten la crisis.

Algunos de éstas son otorgar con urgencia alternativas de vivienda para quien no tenga dónde resguardarse, así como ofrecer alternativas a los servicios carentes y alimentos a los grupos en mayor riesgo; suspender cortes de servicios domésticos de agua y saneamiento, así como establecer medidas urgentes de salubridad e higiene en asentamientos del país en condiciones precarias o no reconocidos.

Por otro lado, suspender desalojos en todo el territorio nacional y velar que ningún privado aproveche la emergencia para llevarlos a cabo a través de presiones indebidas, decretar suspensión en el pago de las rentas de inmuebles usados para viviendas o pequeños negocios familiares, de los suministros básicos, y de los préstamos o créditos hipotecarios para los hogares que pierdan o reduzcan significativamente sus ingresos.

Por medio de un comunicado externaron que es una prioridad que las autoridades de los tres órdenes de gobierno del país tengan una perspectiva del derecho humano a la vivienda adecuada para atender la presente contingencia por la pandemia del COVID-19.

“Esta situación impactará de manera significativa a distintos sectores de la población, pero sobre todo a las personas que sufrirán despidos, a personas trabajadoras informales o en situación precaria, y a quienes verán reducido su salario”, advirtieron.

También, agregaron, afectará de manera significativa a las personas que viven en espacios inadecuados o en asentamientos en condiciones precarias o no reconocidos, con servicios carentes o en la calle.

Si bien no puede señalarse responsabilidad de las autoridades por el surgimiento de esta crisis que afecta a los cinco continentes, éstas sí son responsables de sus acciones y omisiones al momento de definir las medidas para responder al creciente número de casos confirmados. “Garantizar el derecho a la vivienda de todas las personas es fundamental para el ejercicio de otros derechos”.

De la misma manera es fundamental garantizar políticas sociales adecuadas que enfrenten la crisis.

Por lo anterior, exigieron que se adopten a la brevedad las medidas pertinentes para cumplir con los siguientes cuatro objetivos prioritarios.

1. Suspender desalojos en todo el territorio nacional y velar que ningún privado aproveche la emergencia para llevarlos a cabo a través de presiones indebidas

El desarrollo de la pandemia obliga a que las personas se resguarden en sus hogares para evitar contagiar a otros y/o contagiarse a sí mismas. En este contexto, la realización de desalojos implica un gran riesgo sanitario que pudiera agravar el escenario. Del mismo modo, la contingencia implicará una disminución en los ingresos de miles de personas y, por lo tanto, su capacidad para realizar pagos a tiempo. Frente a este escenario, los Poderes Judiciales que aún no lo han hecho deben suspender todas las diligencias de desalojo con el fin de evitar aumentar el número de personas en las calles. Asimismo, el Gobierno Federal y los gobiernos locales de las entidades federativas deben garantizar que tampoco se realicen desalojos extrajudiciales, instruyendo a los cuerpos de policía a no participar en ningún tipo de diligencia de esta índole e intervenir ante reportes de desalojos realizados durante esta contingencia. Estas medidas no deben ser interpretadas en el sentido de dejar de realizar todas aquellas diligencias en materia de órdenes de protección o restricción emitidas para asistir a mujeres víctimas de violencia y desalojar sus agresores del domicilio.

2. Decretar suspensión en el pago de las rentas de inmuebles usados para viviendas o pequeños negocios familiares, de los suministros básicos, y de los préstamos o créditos hipotecarios para los hogares que pierdan o reduzcan significativamente sus ingresos.

Las afectaciones económicas por la contingencia pudiesen llevar a muchas personas a no estar en condiciones de pagar los alquileres de sus viviendas e incluso de los inmuebles usados para negocios familiares, así como en su caso, realizar el pago de préstamos y créditos hipotecarios sobre sus viviendas y/o negocios. En este sentido, como se ha hecho en otros países como Canadá, debe reconocerse la necesidad de poderse suspender o en su caso reducir el pago de los alquileres, priorizando y facilitando el acuerdo entre las partes. Esta suspensión de pagos deberá mantenerse hasta superar la crisis sanitaria.

También, al igual que en otras jurisdicciones del mundo (como Estados Unidos, España e Italia), debe declararse la moratoria al pago de préstamos o créditos hipotecarios, paralizando el cobro de deudas e intereses durante la contingencia a personas, familias y negocios pequeños. Bajo esta lógica, es importante que el INFONAVIT adopte medidas similares con el mismo objetivo y así evitar que personas trabajadoras pierdan los beneficios de los que ya sean titulares Lo mismo debe realizarse frente a préstamos y créditos hipotecarios de instituciones bancarias privadas. El Gobierno Federal, en coordinación con la SEDATU y la CONAVI deben adoptar esta situación como una crisis de vivienda y, por lo tanto, disponer de los recursos federales necesarios de emergencia para ayudar a la población más vulnerable de desalojo. De manera análoga, debieran reaccionar a nivel local los gobiernos y organismos públicos de vivienda. Para estas finalidades, deben adoptarse las medidas presupuestales y fiscales para lograr estos objetivos.

3. Otorgar con urgencia alternativas de vivienda para quien no tenga dónde resguardarse, así como ofrecer alternativas a los servicios carentes y alimentos a los grupos en mayor riesgo

Durante la contingencia, muchas personas no tendrán donde resguardarse por vivir en la calle o haber sido recientemente desalojadas. Otras, como la población migrante, estará viviendo en estaciones migratorias, refugios para migrantes y solicitantes de asilo que no siempre garantizan las medidas básicas de higiene y la posibilidad de distanciamiento social. Similar ocurre con la población que habita en cárceles. También habrá una gran cantidad de mujeres y menores que se verán obligados(as) a permanecer con su agresor por falta de lugar alternativo para resguardarse. Aunado a ello, se han reportado en los últimos días casos de personas de la comunidad LGBTTTI que, al ser rechazadas de sus hogares recientemente, no tienen dónde pasar los días que vienen.

Frente a ello, las autoridades deben otorgar alternativas de vivienda y/o refugios temporales suficientes, toda vez que este tipo de medidas forma parte del derecho a la vivienda adecuada y parte de la política de vivienda reconocida por México. Debe garantizarse a todos esos sectores mencionados espacios en los que puedan pasar la contingencia en condiciones dignas, salubres, con acceso al agua potable y con todos los cuidados necesarios para que no se vuelvan centros de contagio. Esto incluye, además, adoptar medidas específicas de cuidado y prevención para aquellas personas en situación de calle que no se acercan a los refugios. También habrá que asegurar el acceso al agua potable de calidad y otros servicios básicos a los sectores carenciados así como alimentos.

Solicitan, así que tanto a nivel federal como local se priorice la implementación de política pública de vivienda de arriendo prevista en los artículos 8.XI, 23.X y 38.VII de la Ley de Vivienda, así como en su caso implementen los programas de vivienda emergente establecidos en el artículo 40 de la misma Ley para emergencias.

4. Suspender cortes de servicios domésticos de agua y saneamiento, así como establecer medidas urgentes de salubridad e higiene en asentamientos del país en condiciones precarias o no reconocidos

La limpieza corporal, especialmente la de manos, ha sido señalada por autoridades en materia de salud a nivel internacional y nacional como una de las principales medidas para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, en los asentamientos en condiciones precarias del país decenas de miles de personas carecen de acceso al agua. Es por eso que la SEDATU y la Secretaría de Salud, así como sus homólogas en cada entidad federativa, deben garantizar que estos sectores de la población no se vean inmersos en focos de contagio por la imposibilidad de acceder a los servicios más básicos, y a los cuales tienen derecho por formar parte del núcleo esencial del derecho humano a la vivienda adecuada. Asimismo, es vital que los organismos operadores de servicios de agua y saneamiento suspendan sin excepción los cortes de servicios domiciliarios y de centros ofreciendo servicios básicos, como clínicas, asilos, refugios, comedores y baños públicos.

Urgen a las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales a adoptar todas estas medidas para impedir que la crisis de salud de pie a una crisis en materia del derecho a la vivienda y servicios para la vivienda, así como para evitar graves daños a la vida e integridad de los sectores históricamente excluidos. Para efecto de lo anterior, las actividades requeridas para cumplir con estos cuatro objetivos prioritarios deben ser consideradas indispensables en caso de que las autoridades acuerden la suspensión de labores no indispensables de la Administración Pública Federal.

Firman organizaciones y redes:

06000 Observatorio y Plataforma del Centro Histórico
06600 Plataforma Vecinal y Observatorio de la Colonia Juárez, Ciudad de México
Agua para Tod@s Agua para la Vida
Bloque de Organizaciones Sociales
Brigadas Emiliano Zapata de México
Central Unitaria de Trabajadores, Veracruz
Centro de Atención a Mujer Trabajadora de Chihuahua A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria , O.P., A.C.
Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento A.C., COPEVI
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
Coalición Internacional para el Hábitat, Oficina para América Latina (HIC-AL)
Colectivo Cultura y Democracia, A.C. Ecatepec
Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México
Comaletzin. A. C.
Comité de Mujeres Ecologistas de La Huizachera - Río Santiago
Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo
COMUNAL Arquitectura
Consejo Popular Magonista, A.C.
Coordinadora de Colonias de Ecatepec
El Jardín de la Esperanza
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA)
Forjadores del Mañana, A.C., Ecatepec
Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares. (FNAMOP)
Fundar. Centro de Análisis e Investigación A.C.
Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C (IMDEC)
Investigación, Desarrollo, Educación y Acciones Sustentables A.C.
La Sandía Digital, Laboratorio de Cultura Audiovisual
Movimiento Urbano Popular
Movimiento Popular Pro Vivienda 10 de Junio A.C., Ecatepec
Movimiento Vida Digna, Ecatepec
Mujer y Medio Ambiente A.C.
Ocupa tu Ciudad A.C.
Organización Nacional del Poder Popular-PRP
Red de Desalojadxs de la CDMX
Red de Género y Medio Ambiente (Rgema)
Servicios para una Educación Alternativa, A.C., EDUCA
TECHO México
Unidad Popular EHECATL, Ecatepec,
Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda, A.C.
Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST)
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ)
Unión Popular Valle Gómez
Urbanita Radio

Académicos y activistas

Alberto Enrique Cano Bustamante, CDMX
Aleida Hernández Cervantes, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM
Arianne B. Reséndiz Flores, Doctorado en Urbanismo, UNAM
Brenda Rodríguez Herrera, CDMX
Carlos Luis Escoffié Duarte, Centro de derechos humanos, Facultad Libre de Derecho de Monterrey
Claudia Gómez Godoy, Colectivo de Abogad@s, Morelos
Daniel Vázquez, IIJ-UNAM y FLACSO-México
Darío Martínez, 06600, Ciudad de México
Elisa Cruz Rueda, Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena, Universidad Autónoma de Chiapas
Fernando Valadez, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad
Gustavo Romero, Facultad de Arquitectura de la UNAM
Hilda Salazar Ramírez, Morelos
Isabel Jiménez Maldonado Observatorio Ciudadano de Agendas de Género A.C
Jerónimo Aurelio Díaz Marielle, UAM Azcapotzalco
Jorge Peláez, Departamento de derecho, Universidad Iberoamericana CDMX
Juana Martinez Resendiz, UAM-Xochimilco
Lucía Álvarez Enríquez, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM
María Teresa Munguia Gil, CDMX
Maria Silvia Emanuelli, HIC-AL, CDMX
Mariana Mora, CIESAS
Maritza Rodríguez, CDMX
Miguel Fernando Anguas Rosado, Yucatán
Mylai Burgos Matamoros, Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Pablo Gaytán Santiago, UAM-Xochimilco
Pierre Arnold, Hábitat en Movimiento, CDMX
Rodrigo Gutiérrez Rivas, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Rodrigo Olvera Briseño, Querétaro
Rosalba González Loyde, Facultad de Ciencias Políticas, UNAM
Sergio González, 06600, Ciudad de México
Tatiana A. Alfonso S., departamento de derecho, ITAM
Víctor Manuel Arizmedi Pérez, CDMX