La Jornada Maya
Foto: Gerardo Jasso

Chetumal, Quintana Roo
Domingo 31 de mayo, 2020

Por cuarta ocasión en los últimos tres años, el predio perteneciente al Área Natural Protegida (ANP) Huub’ Sak, de casi 70 hectáreas, en la laguna de Bacalar, fue despojado e invadido, ahora simulando una acción social, señaló Gustavo Rodríguez Elizarrarás, propietario del lugar, quien afirmó que las invasiones y la presencia de supuestos “otros dueños” comenzó con la especulación de la revalorización de los terrenos de Bacalar “y el Tren Maya, que significa una cereza adicional”.

En 2017, 2018 e inicios del año anterior, dicho terreno, ubicado en el Rancho Cinco Hermanos, de alta plusvalía en Bacalar, ha sido desalojado e invadido por un grupo de personas a quienes se les prometió lotificarlo. El predio es reconocido por el proyecto en materia de conservación y cuidado del ecosistema selva, mangle, laguna e incluso considerado ANP por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), y se reproducen en él más de 35 especies nativas para su conservación.

Huub’ Sak (caracol blanco) fue adquirida en 1985 y tres años después se logró su desincorporación a terrenos nacionales. Desde hace dos semanas que es ocupado por un grupo de personas que fue convocado supuestamente por el dueño del lugar, quien les “regalaría predios antes de que se lo quitara el gobierno”.

“Invitaba a la población a llegar ahí, y llegó una cantidad importante de personas que recibieron un supuesto lote de 25 por 25 metros y que los organizadores, según encabezados por dos grupos de la delincuencia local, Doña Julia y Don Venancio, que son conocidos y que eran los operadores no los que regalan los terrenos”, indicó Rodríguez Elizarraráz en entrevista telefónica para [i]La Jornada Maya[/i].

Aseguró que la verdad es que quienes planearon esta nueva invasión es Juan Osvaldo Morales Correa, quien en 2018 ya había solicitado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu), que se le asignaran 174 hectáreas del Rancho Cinco Hermanos y está asociado con Samuel Uicab Aguilar.

“Sedatu les da entrada, es una de las cosas que sorprende y genera muchos de los litigios y problemas en todo el país, porque uno llega y Sedatu da entrada y luego empieza el proceso burocrático. Morales Correa hizo esta solicitud en 2014 cuando tramitábamos lo del Área Natural Protegida y desarrollábamos el proyecto, es de todos sabido que yo tengo la posesión”, indicó.

Señaló que desde entonces él ha pagado los derechos ante el Ayuntamiento; estas personas argumentan tener la posesión, pero la habían adquirido desde abril de 2018 y luego en febrero de 2019, cuando ingresaron por la fuerza.

En octubre del año pasado, tras presionar a la Sedatu, ésta emitió un oficio de improcedencia a los invasores, y les negó tener algún derecho por ser predios desincorporados.

Esta gente (Juan Osvaldo y Samuel Uicab) no asimiló esto, y son los que están detrás de esta nueva invasión que la quieren transformar en una invasión social en donde se identifican como los dueños y les regalan los terrenos a los pobladores, su maña es hacerla social pero resulta curioso que la zona cercana a la laguna no se haya fraccionado, esa la guardan para ellos”, aseguró.

Según el denunciante, los invasores han pedido recursos a las casi 500 personas, con lo que están cometiendo un fraude. Consideró esto como una venganza, toda vez que la acción de los invasores se concentra sólo en sus terrenos, mientras que los espacios vecinos no han sido invadidos.

En medio de la pandemia por COVID-19, acusó que “los delincuentes tienen la carta abierta” y que ni en la Fiscalía General de la República (FGR) ni en la Fiscalía General del Estado (FGE) puede ampliarse la denuncia que ya se tenía abierta, porque al no tratarse de un asunto que se considere “grave”, los ministerios públicos no laboran.

Indicó que la defensa legal ha insistido en la FGR pero no hay respuesta: “Estoy utilizando los canales necesarios, pero yo quiero ampliar la demanda que está en la FGR. En febrero se me avisó que tenía que hacerlo en virtud de la denuncia que presentaron los senadores Arturo Borurs y José Luis Pech, fue ratificada en términos de delincuencia organizada, despojo e invasión y en ella se enumera a los primeros invasores de 2017 que no quitan el dedo del renglón con escrituras falsas y éstos últimos”.

Según el denunciante, la autoridad por comisión u omisión no respeta la propiedad privada. Afirmó que las autoridades deben actuar de oficio ante las tres denuncias acumuladas y no lo han hecho.

“¿Quiénes están detrás de estos peones? No lo sé”, dijo el afectado; aseguró que las invasiones a su predio iniciaron desde el comienzo de la especulación de la regularización de terrenos en el décimo municipio del estado, alrededor de 2017 y que ahora actúan por una vía que la autoridad, tanto estado como federación y municipio, consienten, que es a través de la invasión.

“Bacalar se transformó en la perla negra del estado y los ojos del mundo comenzaron a llegar y ha sido espectacular, pese a que no queremos que suceda lo que ocurre en otros municipios”, lamentó.

Edición: Elsa Torres


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