Yucatán, un lugar donde todavía no hay justicia para las mujeres

Abraham Bote
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornda Maya

Mérida, Yucatán
Viernes 25 de junio, 2020

Leti es una mujer maya con discapacidad sicosocial, oriunda del municipio de Halachó. Fue violada en dos ocasiones por el mismo agresor, su vecino; no sólo no ha recibido justicia luego de ocho años, sino que los mismos que debieron garantizarle el acceso a la justicia la han discriminado por su origen étnico y su discapacidad.

Una de las resoluciones del juez penal fue que, por su discapacidad, se dejó copular, que no sabía discernir entre lo bueno y malo, y otros argumentos basados en estereotipos y discursos discriminatorios; la segunda vez, el Ministerio Público de Maxcanú se negó a tomarle la denuncia argumentando que, al ser una persona con discapacidad, primero debía acudir al Hospital Psiquiátrico por una prueba.

La mujer no ha encontrado justicia, alguna reparación, ni sanción para su agresor, quien sigue libre. Leti tuvo que mudarse a otro estado para poder continuar con su vida y no seguir sufriendo violencia. Las autoridades la abandonaron.

Éste es tan sólo uno de los tantos casos documentados por la agrupación Equis: Justicia para las Mujeres, que refleja la tortuosa ruta que atraviesan las indígenas para acceder a una verdadera justicia.

En concreto: abogadas, activistas, defensoras de derechos humanos, coinciden: en Yucatán no existe una justicia real para las mujeres. Pareciera que la justicia sólo es para el hombre, pero el panorama es peor para las mujeres indígenas mayas; en general, todas atraviesan diversos obstáculos: al poner una denuncia, son juzgadas, revictimizadas, no les creen, se les discrimina, no se cuenta con traductores que las apoyen; las mujeres suelen tener penas más severas en comparación con los hombres, y no hay transparencia en las sentencias.

[b]Autoridades ponen más obstáculos[/b]

Fátima Gamboa Ek, de Equis Justicia, indicó que casos como el de Leti son frecuentes. Los jueces o impartidores de justicia, y funcionarios, le niegan la justicia a las mujeres con pretextos basados en prejuicios, o les mienten: les dicen que el Ministerio Público no es la autoridad competente para atender sus casos y las envían al municipio con su comisario o juez de paz. Las autoridades deben facilitar el acceso a la justicia, no lo contrario; poner más obstáculos en el camino, advirtió la entrevistada.

Gamboa Ek, quien también es integrante de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, agregó que la falta intérpretes, traductores mayas, se vuelve otra piedra para el acceso a la justicia, pues su número es reducido y además se encuentran centralizados en Mérida, por lo que si una mujer en una comunidad va a denunciar, tiene que esperar o acudir otro día para que puedan siquiera tomarle la declaración.

“No hay justicia para las mujeres en Yucatán, pero mucho menos la hay para las mujeres indígenas. Viven en un sistema donde el Estado no ha garantizado la cercanía en sus servicios interculturales”, sentenció la activista.

Es decir, añadió, no hay suficientes intérpretes y traductores, ni promoción de los derechos de las mujeres indígenas. En un estudio realizado con 160 mujeres mayas, resultó que ninguna conocía qué son los Centros de Justicia para las Mujeres y el Poder Judicial. “Ninguna de estas instituciones, incluida la Secretaría de las Mujeres, se han preocupado por cumplir con su obligación de promoción de los derechos y justicia”, subrayó.

Las mujeres mayas han estado excluidas del diseño, de la mirada y el desarrollo de políticas públicas para prevenir, atender y sancionar la violencia en contra de las mujeres, agregó.

[b]Ni con asesores[/b]

El Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena apoya y acompaña a mujeres de Halachó para hacer denuncias, orientación legal, ofrecen también talleres sobre sicología y prevención a la violencia de género, salud sexual y reproductiva, entre otros servicios, a través de la Casa de la Mujer Indígena.

Mensualmente acompañan, en promedio, a cinco mujeres a interponer una denuncia. De esas, sólo una decide seguir el proceso, indicó Liria May Canul, coordinadora de la agrupación, quien reconoció que fallan las instituciones de procuración de justicia y ellas quedan en el abandono; cuando acuden a denunciar, los mismos jueces de paz, agentes del Ministerio Público, de la Fiscalía en Maxcanú o el Juzgado Familiar de Umán las discriminan; además las hacen esperar mucho tiempo y es peor si van solas.

Cuando van acompañadas de algún asesor no las dejan pasar o las cuestionan; que si son abogadas, que si tienen título; como si su presencia los incomodara. Y al no contar con intérpretes para apoyar a la mujer en su lengua, les hacen firmar acuerdos que no entienden y demás irregularidades.

Liria indicó que ella puede apoyar como intérprete en las denuncias, cuando no hay alguno, pero esto se le negó por no contar con un certificado que la avalara como tal. Consiguió certificarse y ni así le dejan ayudar a las mujeres que acompaña. “Ya estoy certificada como intérprete y tampoco, no me dejaron”, afirmó. Entonces, tiene que avisar al intérprete que está en Mérida para que vaya hasta Maxcanú, lo que hace más tardada la situación.

Por si fuera poco, son discriminadas por su apariencia, por su ropa, sus raíces mayas; por ejemplo cuando van a denunciar, en su mayoría todas portan un tradicional huipil, y son ignoradas; pero si viene otra persona con traje, sí la atienden, indicó May Canul.

Además, a las que están en una situación de violencia extrema se les niega una orden de protección alegando pretextos como “no se puede hacer nada”, “es algo familiar, no es delito grave, ustedes tienen que entender”, refirió.

“No hay una sensibilización por parte de los funcionarios, el ser indígena se ve como algo feo, sucio; pareciera que por ser indígenas no entienden, no comprenden, no hablan bien”, lamentó.

La suma de todo esto hace que muchas mujeres ya no se atrevan a denunciar, o dejen el proceso en el camino. El sistema las obliga a darse por vencidas, pues saben que no les van a hacer caso y además van a recibir malos tratos, y si se llega a interponer la denuncia, al final no pasa nada. Prevalece la impunidad.

“¿Para qué voy a denunciar? No hacen nada; si sé que mi esposo va a ganar, él tiene dinero para pagar un abogado, a mí ni un abogado me dan”, expresó May Canul. “La justicia es para el hombre, para la mujer no la hay”, remató. A su vez, ante este panorama desolador, indicó, que las mujeres piensan que violencia es lo que les tocó vivir, que es algo normal, nadie las puede ayudar, se resignan.

Rebeca Casanova, integrante de Apis Sureste Fundación para la Equidad, indicó sólo el 30 por ciento de las mujeres que acompañan logra tener acceso a medidas cautelares; es decir, protección de vivir situaciones extremas de violencia, y sólo el 20 por ciento logra completar el proceso de denuncia. Sin embargo, para obtener esto, en ambos casos, pasa de entre tres meses hasta más de un año.

Aún con su acompañamiento, les han dicho que tienen que esperar, que incluso no pueden ayudarlas con las medidas de protección, a menos que vayan con un abogado.

Durante el proceso, indicó que se han topado con comentarios de secretarios de acuerdos que no creen en las declaraciones, cuestionan si es verdad o son “artimañas”. “¿Es verdad lo que me están diciendo, o sólo me lo dicen para que den las medidas de protección?”, es uno de los comentarios.

“Señora, si sólo se las voy a dar [las medidas cautelares] por 72 horas, mejor prepara con su abogado o abogada su proceso de divorcio y ahí nos cuenta todo esto”, es otro pretexto.

Por lo tanto, han optado por crear redes de apoyo para hacer planes de seguridad que permitan proteger la integridad y vida de las mujeres, esto ante el abandono de las instituciones de justicia.

[b]Falta de transparencia[/b]

La abogada de Equis Justicia, por otro lado, acusó que prevalece la falta de transparencia, opacidad y rendición de cuentas en la justicia. El 86 por ciento de las sentencias no son públicas, indicó.

“No hay transparencia, no hay datos oficiales que provengan de las instituciones como la Secretaría de las Mujeres, Fiscalía General del estado y Poder judicial; no han impulsado datos desagregados sobre los índices de acceso a la justicia, inclusive de feminicidios, sobre todo cuando se trata de mujeres indígenas”, manifestó.

En el caso del Poder Judicial del estado de Yucatán, dijo que no ha hecho públicas, hasta el momento, sus resoluciones judiciales; es decir “no sabemos cómo los jueces están impartiendo justicia en el estado, sobre todo cuando se trata de mujeres indígenas o con discapacidad. Esto nos impide saber cómo es realmente la impartición de justicia en el estado, tenemos un problema falta de transparencia, opacidad y rendiciones de cuentas en la justicia”, enfatizó.

[b]Doble enojo de los impartidores de justicia[/b]

A pesar de que invierten más en la defensa de su caso, las mujeres en reclusión son castigadas con condenas más altas que los hombres, aunque se haya cometido el mismo delito, y puede ser hasta cinco años mayor, según reveló el estudio Diagnóstico Sobre la Percepción del Desempeño de la Defensoría Penal en México, elaborado por la agrupación Reinserta.

Saskia Niño de Rivera, presidente y cofundadora de la agrupación, indicó que en el país, sobre todo en los estados más conservadores como los del sur, donde se encuentra Yucatán, prevalece una cultura machista, sin perspectiva de género a la hora de dictar sentencias, basados en estereotipos, donde se suele juzgar de manera más severa a la mujer, pues se “sale” de su rol como mujer, que es ser madre y buena esposa.

Por ejemplo, indicó, en el estudio documentaron casos donde por el delito de “Homicidio en razón de parentesco” por matar a un hijo, las mujeres reciben mayor sentencia, a comparación de cuando el hombre había sido el autor material. “Porque era su obligación, como mujeres, cuidar de los niños”, expresó.

La activista explicó que esto tiene que ver a que el machismo, justifica al hombre que comete delitos porque es su obligación proveer, y la mujer es doblemente criminalizada y victimizada porque hace algo que no es adecuado para su “condición” de género y daña a la sociedad. “Hay un doble enojo por parte de los impartidores de justicia hacia las mujeres”, subrayó.

Además, no se toma en cuenta a las mujeres que al defenderse de las constantes agresiones que sufrían, mataron a su pareja y son juzgadas con sentencias máximas, “cuando estaban defendiendo su vida”, y tuvieron que llegar a esto luego de no ser escuchadas cuando fueron a denunciar.

En conclusión, las abogadas y activistas indican que urge instrumentar una perspectiva de género y derechos humanos en los impartidores de justicia para eliminar las prácticas discriminatorias, para que se logre una verdadera justicia, que se sancione al agresor, que no haya impunidad, ni más mujeres asesinadas, para que no existan más casos como el de Leti.

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Edición: Elsa Torres