El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no descartó ayer la posibilidad de continuar la remoción de funcionarios nombrados por sus antecesores, en medio del reclamo internacional y de los mercados, tras la destitución el fin de semana por el Parlamento de un grupo de magistrados y el fiscal general.
“El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”, tuiteó el mandatario sin precisar qué funcionarios siguen en la mira del Congreso, controlado por sus aliados desde el 1 de mayo.
Los aliados de Bukele, que controlan 61 de los 85 escaños de la nueva Asamblea Legislativa unicamaral, destituyeron, apenas se invistieron en el cargo el sábado, a los cinco magistrados titulares y cuatro suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, la de mayor peso de ese tribunal, y de inmediato nombró a sus remplazantes.
También destituyeron al fiscal general, Raúl Melara, cuestionado por tener vínculos con la oposición, y nombraron un sustituto.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó el domingo la “profunda preocupación en Washington por la democracia de El Salvador”, y el secretario de Estado Antony Blinken llamó a Bukele para manifestarle lo mismo.
A las condenas se sumó la Unión Europea (UE), mientras el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a “respetar las disposiciones constitucionales”.
La embajada de China en San Salvador sostuvo que “la salvaguardia de la igualdad soberana y la no interferencia en los asuntos internos de otros países son el principio más importante de la Carta de Naciones Unidas”, en clara sintonía con lo que exige Bukele a sus críticos.
El apoyo de China llega en momentos en que el gobierno de Bukele, que reconoce a Pekín, no ha descartado retomar relaciones con Taiwán, considerado por los chinos una provincia rebelde.
Según reportes financieros, los bonos soberanos de El Salvador que vencen en 2025 cayeron 6 por ciento, mientras los de vencimiento a 2052 se derrumbaron hasta 10 por ciento.
La deuda pública del país ronda 90 por ciento del PIB.
Horas después de la decisión de los diputados, el abogado Aldo Cader Camilot, uno de los magistrados destituidos, publicó en redes sociales su carta de renuncia. Después le siguieron sus colegas Marina Marenco de Torrento y Carlos Ernesto Sánchez. Todos adujeron razones personales y familiares.
El fiscal general, Raúl Melara, pese a que aseguró que su destitución “es inconstitucional, al carecer de fundamento jurídico y de un debido proceso”, también presentó su renuncia irrevocable.
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