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No fue sorpresa que el ministro Luis María Aguilar, al analizar si procede una consulta popular para llevar a juicio a los ex presidentes del neoliberalismo, emitiera una opinión en sentido contrario. No es una decisión definitiva. La Suprema Corte analizará y votará el caso el primero de octubre. No fue una sorpresa porque el ministro Aguilar le debe su chamba –muy bien pagada: sueldo y prestaciones superiores a medio millón de pesos al mes– a uno de los ex mandatarios que serían enjuiciados, Felipe Calderón.

La Ley de Consulta Ciudadana es un laberinto de requisitos que deben de cumplirse antes de que alguna pueda realizarse y señala el paso obligado por la Corte. Incluso así, el presidente López Obrador envió la solicitud para hacer una consulta ciudadana para que sean sometidos a juicio por las autoridades correspondientes los ex jefes de Estado Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En primera instancia, no prosperó; la bateó el ministro Aguilar.

¿Quién es él? Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, forma parte de la Corte desde el primero de diciembre de 2009. Se desempeñó como su presidente de enero de 2015 a enero de 2019. Fue uno de los ministros que se opuso a la disminución de sueldos. Su dictamen sobre la consulta es elemental, pudo haber sido hecho por un estudiante de derecho que hubiera cursado la materia de constitucional. Dice que la consulta afectaría los derechos humanos de los mexicanos.

Estuvo a su alcance hacer una interpretación que hiciera justicia a las víctimas de los crímenes de los que se acusa a los ex presidentes, pero no lo hizo.

La Corte está integrada por 11 ministros, de los cuales tres fueron propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador: Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat. Suponiendo que los tres votaran en contra del dictamen de su colega Aguilar, son una minoría. Vale mencionar que en los sondeos que tradicionalmente hace esta sección y se publican los sábados, realizamos uno en fecha reciente sobre este tema con la participación de mil 677 personas. Los resultados pueden verse en la gráfica.

 

Ave de mal agüero

De repente hizo su aparición Ernesto Zedillo para decir que puede haber un colapso de la economía si los gobiernos no evitan una quiebra generalizada de empresas. Los gobiernos, expresó, “deben tomar en cuenta que si no se evita una quiebra generalizada de empresas, la próxima presa de la crisis podría ser el sistema bancario”. El sí sabe. A 24 días de iniciado su gobierno, el peso sufrió una devaluación catastrófica, hubo una quiebra generalizada de empresas y una de las presas fue el sistema bancario. No lo menciona, pero puso andar al Fobaproa para rescatar a los bancos, pero no a los que les quitaron sus bienes –carros, casas o departamentos–, a las familias mexicanas. Hoy en día todavía se sigue abonando el Fobaproa.

Ombudsman social

Asunto: ¿dónde estaban? Mi comentario se refiere a los manifestantes del Frena con sus tiendas de campaña. ¿Dónde las colocaron cuando fue el incendio de la guardería ABC, cuando el Fobaproa, cuando la estafa maestra, cuando la Casa Blanca, cuando el Pemexgate, cuando la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa? O por los feminicidios. Si desde entonces hubieran puesto las carpas, se creería en la legitimidad y congruencia de su movimiento. Demostraría su amor por México. Francisco Álvares Martínez/CDMX

R: ¿Y dónde estaban los dirigentes de los organismos empresariales? Todos callados ahora.

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Edición: Emilio Gómez


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