Carlos Águila Arreola
Foto: La Jornada Maya
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Martes 2 de enero, 2018

Quintana Roo es el tercer estado del país donde la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), ha iniciado el mayor número de averiguaciones previas y carpetas de investigación por delitos electorales.

El Estado de México encabeza la lista con cerca de dos mil 500; le sigue Veracruz con mil 52 y el Caribe mexicano con mil 10; no obstante, el estado veracruzano es donde más órdenes de aprehensión se han librado contra presuntos responsables con 142, seguido por el quintanarroense con 126, y Chihuahua con 112.

En seis años, la Fepade ha abierto nueve mil 395 indagatorias por ilícitos como la alteración del registro federal, del listado nominal o de la credencial para votar, y de 2012 a la fecha solicitó a jueces federales 986 órdenes de aprehensión (cada orden contempla distintos números de personas) que fueron concedidas.

De total de órdenes de aprehensión cumplidas, 260 se libraron durante el año que concluyó, 194 en 2016, 130 en 2015, 77 en 2014 y 153 en 2013.

El delito más recurrente que persigue la Fepade y por el que se originan las pesquisas que derivan en peticiones de órdenes de aprehensión, está contemplado en el título 24: Delitos Electorales, y en el artículo 411 del Código Penal Federal: Materia de Registro Nacional de Ciudadanos.

Según la ley, se impondrá de 70 a 200 días multa y prisión de tres a siete años a quien por cualquier medio cambie o participe en la alteración del Registro Federal de Electores (RFE) de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para votar.



Exhorto

En noviembre pasado, la PGR hizo un exhorto para conformar la Red Nacional Ciudadana de Observación para Prevenir y Combatir la Comisión de Delitos Electorales y la Violencia Política Contra las Mujeres en los procesos electorales 2017-2018.

Mediante la Fepade y la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, la convocatoria se realizó en colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por medio de la Oficina contra las Drogas y el Delito, y está dirigida a las organizaciones de la sociedad civil.

El objetivo es conformar y establecer una red permanente de observación y vigilancia de los comicios en México a escala federal y local, donde colaboren las instituciones convocantes en conjunto con la sociedad civil organizada e interesada en la prevención de los delitos electorales y la violencia política contra las mujeres.

En un comunicado, el INE alertó sobre los altos índices de violencia al cierre de 2017 y subrayó la necesidad de que las instituciones del Estado mexicano impidan que un “brote de inseguridad” inhiba la votación durante la jornada electoral del próximo domingo 1 de julio.

“Ciertamente hay algunas localidades donde se han registrado algunos incidentes y hay que aprovechar la experiencia para atenderlos, pero no parece un problema generalizado para merecer una expresión de esa magnitud, que lejos de generar seguridad y confianza para votar entre la población, podría inyectar algo de intranquilidad”, puntualiza el texto.


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