La Jornada Maya

Óscar Rodríguez
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán / Archivo
La Jornada Maya

Mérida, Yucatán
Domingo 11 de noviembre, 2018

Acusado de feminicidio en grado de tentativa, el karateka Christian J.C.D. podría pasar hasta 37 años en la cárcel, según establece el Código Penal del Estado de Yucatán. El ahora imputado permanece en prisión luego que la juez Blanca Bonilla González decretara tal medida la madrugada del sábado.

La grave agresión física contra su pareja, Andrea C. M., que presuntamente realizó el experto en artes marciales. prendió de nueva cuenta los focos rojos para organizaciones defensoras de los derechos humanos, las que anunciaron que analizan solicitar de nueva cuenta la alerta de genero al gobierno federal, lo cual dependerá en gran medida de la respuesta que este próximo miércoles les ofrezca el gobierno que encabeza Mauricio Vila Dosal, en una reunión programada entre activistas y la titular del Instituto para la Igualdad de Hombres y Mujeres (IPIHEMY).

Como hemos informado, policías estatales arrestaron al karateca la semana pasada, luego que fue presuntamente sorprendido cuando golpeaba a Andrea en el interior de su domicilio, ubicado al norte de Mérida.

El caso se ha viralizado en redes sociales, luego que los familiares de Andrea expusieron la agresión, quien según se expuso a los fiscales del caso, se encontraba amarrada al momento del rescate.

Como ya es sabido, el presunto agresor fue remitido a la Fiscalía General del Estado tras ser arrestado, y luego fue presentado ante la juez de control Bonilla González, quien luego de larga audiencia decretó la legal detención y determinó mantener a Christian privado de su libertad.

La juez otorgó a la defensa del imputado el término máximo que permite la ley para aportar pruebas de la inocencia de su cliente, por lo que citó a ambas partes a una audiencia el próximo 14 de los corrientes en el Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom).

Tras hacerse publico el caso en las redes sociales virtuales y en medios de comunicación, diferentes actores políticos, activistas e incluso el encargado del despacho de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán salieron a condenar los hechos.

Mediante un comunicado de prensa, el gobierno del estado aseguró la imputación por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa para el agresor de la colonia Benito Juárez Norte y el que se haya decretado que se quede en prisión preventiva durante todo el proceso, es resultado de un esfuerzo conjunto que marca la pauta sobre la política de la presente administración en casos relacionados con la violencia hacia las mujeres.


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