Áreas protegidas, 'reservas' de papel

Mucha ambición, poca claridad

Rafael Robles de Benito
Foto tomada de www.visitsiankaan.com
La Jornada Maya

Miércoles 13 de junio, 2017


Tiene razón Alfredo Arellano, secretario de Medio Ambiente del estado de Quintana Roo, cuando afirma que “no es necesaria un área natural protegida para ordenar ambientalmente y buscar la sustentabilidad” de una porción de territorio. De no ser así, habría que decretar área protegida la totalidad de la geografía nacional, cosa que es, desde luego, un sinsentido. A la luz de esta premisa, es preocupante la soltura y el desenfado con que se establecen áreas protegidas nuevas, con visiones muy ambiciosas de cobertura territorial, y con muy poca claridad acerca de cuáles puedan ser sus objetos de conservación.

Ahora parece estar en boga, en el karst yucatanense, el establecimiento de “reservas geohidrológicas”. Al menos, se proyecta una para Yucatán, y se habla de otra en Quintana Roo. Aunque algunos estudios sostienen que las áreas protegidas son eficientes en costos, y aportan 52 pesos por cada peso que se invierte en ellas, lo cierto es que esto no se refleja, ni en los presupuestos asignados para su manejo, ni en el bienestar de sus residentes locales. No obstante, pensamos que la mejor manera de proteger los mantos acuíferos de la península, tan vulnerables dada su condición kárstica, es estableciendo áreas protegidas sobre ellos. Una vez decretadas, ¿con qué recursos se van a manejar y administrar? ¿Con qué personal? ¿Se sumarán a la larguísima lista de reservas de papel?

Quizá valga la pena volver a los conceptos básicos: las áreas protegidas son porciones del territorio de un país, un estado, una región o un municipio, con el propósito de conservar muestras de ecosistemas, poblaciones de especies relevantes o carismáticas, rasgos espectaculares del paisaje o servicios ambientales. Quizá las reservas geohidrológicas propuestas estén concebidas como instrumentos para conservar en calidad de servicio ambiental de regulación, la disponibilidad de agua, y se localicen por tanto vinculadas a porciones particularmente frágiles del manto freático peninsular (el anillo de cenotes, por ejemplo, o áreas próximas a la costa, donde la extracción excesiva de agua puede generar problemas, debido a la intrusión salina). Pero quizá no sean el instrumento más apropiado para el propósito propuesto, dado que el manto freático se distribuye por todo el subsuelo yucatanense, el agua se mueve vertical y horizontalmente, y las actividades humanas que demandan su extracción o demeritan su calidad, acaban teniendo influencia en el agua en sitios lejanos a donde acontecen.

Bienvenidas las áreas naturales protegidas, cuando cuentan con respaldo social, presupuesto suficiente para su operación y personal capacitado y comprometido. Pero en el caso de la necesidad –insoslayable, por cierto– de proteger y garantizar la sustentabilidad de los acuíferos de la península de Yucatán, creo que resultaría más eficaz contar con instrumentos de ordenamiento ecológico del territorio robustos, eficaces y con fuerza de ley, que garantizaran que las actividades productivas (y generadoras de impactos ambientales, desde luego), se lleven a cabo en lugares que eviten riesgos e impactos al agua y mediante prácticas que garanticen su buen uso, eficiente, no contaminante y provistos de sistemas apropiados de tratamiento, reúso y reciclaje.