La batalla por venir

Rafael Robles de Benito
Foto: Cuartoscuro / Archivo
La Jornada Maya

Martes 27 de diciembre, 2016


[i]Para Eduardo Batllori[/i]


Ignoro si esta vez se trata de molinos de viento o de rebaños de ovejas. Quizá sean gigantes o ejércitos frente a frente. Como quiera que sea, lo que sí tengo claro es que se anuncia una batalla en la que está en juego mucho más que un simple diferendo entre un gobierno local y el Ejecutivo federal. Ante la decisión -sensata, ponderada y justa- que ha tomado el gobierno del estado, de declarar el territorio yucateco como un área libre de transgénicos, la Presidencia de la República ha respondido presentando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional.

Habrá quienes juzguen esta medida como un mero prurito legalista por parte de la Federación, que aduce que el del estado usurpa funciones al pretender regular una facultad exclusiva del gobierno central. Lo cierto es que aquí hay mucho más que un mero asunto jurisdiccional. Para empezar, habrá que poner por delante el derecho de un estado soberano para determinar libremente el uso de su territorio, desde luego dentro de los límites establecidos en la Constitución, en tanto que expresión del pacto federal, y anteponiendo siempre el interés público frente a los intereses, siempre múltiples y frecuentemente contrapuestos, de los diversos actores privados que componente el concierto social.

También está en entredicho la legitimidad de continuar promoviendo la introducción de productos agrícolas que responden más a la demanda de los mercados internacionales que a la necesidad de una genuina seguridad alimentaria nuestro pueblo (dicho de otra manera, ¿quiénes en Yucatán consumen soya, como no sea en aceite o, en contadisimos casos, en platillos "orientales", no precisamente de Valladolid?) Puestos en el tema de los mercados internacionales, y de los números que tanto interesan al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ¿cuáles serán las consecuencias de la introducción de cultivos transgénicos para la producción de mieles en Yucatán? Y a la luz del impacto sobre las poblaciones de polinizadores, ¿cuáles serán las consecuencias sobre la biodiversidad regional, con cuya importancia se llenan la boca tanto la Semarnat, como la Sagarpa y la Sectur?

Antes que presumir la defensa de la condición "sacrosanta" de la tan frecuentemente violentada Carta Magna, y antes que apostar por proteger los intereses de las grandes trasnacionales agroindustriales en aras de la "salud de la macroeconomía", el Gobierno de la República haría bien en escuchar las voces, primero, de los pueblos originarios y dueños de la mayor parte de la tierra agrícola y forestal de nuestro país, y luego, la de los gobiernos locales que - como el de Yucatán, especialmente en voz del doctor Eduardo Batllori - defienden con conocimiento de causa, con un solidario sentido de justicia, y con profundo compromiso ante la búsqueda de la sustentabilidad ambiental del desarrollo, hoy pugnan por detener el paso arrollador de la moda transgénica.

No se trata de prohibir por prohibir lo que a otras luces podría parecer una actividad del todo legítima y hasta positiva. Se trata más bien de apostar por una postura prudentemente precautoria. Sabemos francamente poco acerca de las consecuencias del cultivo de transgénicos y de su impacto sobre los ecosistemas del estado y los servicios ambientales que ofrecen. Hay mucho de "ciencia basura" en las argumentaciones que adelantan tanto quienes los defienden como los que les temen. Es bueno entonces detener la expansión de los cultivos transgénicos, hasta en tanto conozcamos más acerca de su interacción con el entorno.

Así, pues, acompañemos con franqueza a quienes hoy están dispuestos por enfrentar la batalla, legal, sí, pero también política. En lo que a mí atañe, cuenten con este espacio, y con el aliento que esta voz pueda brindarles.

[i]Chetumal, Quintana Roo[/i]
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