Numeralia de la economía para 2019

La óptica del nuevo gobierno

Francisco J. Hernández y Puente
Foto: Cámara de diputados
La Jornada Maya

Miércoles 9 de enero, 2019

Sin mucho jaloneo, el pasado 23 de diciembre se aprobó el paquete económico de 2019, presentado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. Ese día, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación y días antes las dos cámaras habían aprobado la correspondiente Ley de Ingresos. El primero se publica en el Diario Oficial de la Federación como un Decreto Presidencial, por ello sólo lo aprueba la Cámara de Diputados, y la segunda, la revisan y aprueban las dos cámaras, al tratarse de una Ley que también se publicó en el Diario Oficial.

Ambos documentos, junto con el de Criterios Generales de Política Económica, definen el rumbo que el nuevo gobierno pretende darle a la economía mexicana en 2019. Los grandes proyectos, los objetivos y las metas que se pretenden alcanzar en el año con el que se inicia la llamada cuarta transformación.

Una de las definiciones más importantes del paquete económico aprobado, quizás la más importante, es la de no aumentar tasas impositivas ni crear nuevos impuestos, y no recurrir a mayores niveles de endeudamiento. Esa definición limitará ciertamente los efectos positivos y los alcances del gasto público ya aprobado, en un país con enormes rezagos y carencias. Se inicia, sin embargo, una reconfiguración de la estructura presupuestal que redistribuye los recursos para favorecer algunos renglones del gasto social y de infraestructura.

Presupuesto conservador

Se trata pues de un presupuesto no expansivo, cauteloso y hasta conservador, que atiende a los criterios que dicta la ortodoxia en materia de política fiscal. Con ello, se apuesta a que durante el año, las medidas de austeridad, disciplina, racionalidad y combate a la corrupción, vayan depurando la propia estructura del presupuesto para proceder más adelante a un reforma fiscal que fortalezca las finanzas públicas, particularmente por el lado de una mayor recaudación de ingresos.

De acuerdo a lo que ha ocurrido desde entonces y hasta los primeros días del año, los mercados han recibido positivamente la propuesta y las principales variables financieras se mantienen dentro de márgenes de razonable estabilidad.

Así, con un presupuesto de 5.8 billones de pesos se contempla que la economía experimentará un crecimiento del 2 por ciento y una tasa de inflación de entre 3 y 4 por ciento anual. Nada extraordinario respecto a lo que nos ha venido ocurriendo en el pasado.

De los 5.8 billones de pesos de gasto total, 4.1 billones (71 por ciento) corresponden a gasto programable, mismo que se destina a proveer bienes y servicios públicos a la población, y que de acuerdo con la clasificación económica del gasto se conoce como el gasto corriente y el de inversión gubernamental.

El 29 por ciento restante (1.7 billones de pesos) corresponde al gasto no programable, que se compone de gastos pendientes de años anteriores, pago de intereses y comisiones de la deuda pública y recursos que se transfieren a las entidades federativas y municipios, conocidos como participaciones federales que constituyen el monto principal con el que los gobiernos estatales arman sus propios presupuestos.

Durante el proceso de discusión legislativa se efectuaron reasignaciones al proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo, cuyo resultado fue una adecuación neta de 23 mil millones de pesos más, respecto a la propuesta original. Estas ampliaciones se concentraron en el gasto programable, favoreciendo al sector.

Agricultura y Desarrollo Rural, Educación Pública y Medio Ambiente y Recursos Naturales; y dentro del Gasto No Programable, destacó el incremento en el renglón de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, en tanto que se redujo el monto para el Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral.

Educación pública

En el sector Educación, las ampliaciones se concentraron en los programas de nivel superior, sobresaliendo el incremento en el programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, por 2 mil 600 millones de pesos, y el de la UNAM, a la que se le incrementó su presupuesto en 2 mil 500 millones. En Medio Ambiente y Recursos Naturales la ampliación se concentró en la Comisión Nacional del Agua, unidad a la que se le concedió una ampliación 4 mil 500 millones de pesos.

Con todo, el año no será fácil. Diversos y distintos nubarrones amenazarán a la economía nacional desde el exterior. Se espera por ejemplo, una desaceleración en el crecimiento de la economía mundial y de la de Estados Unidos en particular. Ésta sólo crecerá a una tasa de 2.6 por ciento, al igual que su sector industrial, frente al 3.7 por ciento de 2018. Esta desaceleración, por mínima que parezca, puede impactar el nivel de exportaciones de México, sin contar con la posible ampliación de las restricciones al comercio internacional que deriven de las prácticas proteccionistas desatadas desde el año pasado.

El tipo de cambio se mantendría en un promedio de 20 pesos por dólar, pero no escapará a las presiones externas y al ánimo de los agentes económicos que se mantendrán a la expectativa de la evolución del programa del nuevo gobierno. Las tasas de interés por su parte, se mantendrán en un nivel de 8.3 por ciento, en virtud de que no se esperarían cambios al alza en las determinaciones de la Reserva Federal respecto a ese indicador.

El precio del petróleo se estiman en un nivel muy conservador de 55 dólares por barril, tomando en cuenta el posible comportamiento futuro de los precios internacionales, pero, sobre todo, se les coloca en un nivel que de algún modo protege a las finanzas públicas ante una sobreestimación de los recursos derivados de las exportaciones del crudo.

Factores de desempeño

De acuerdo con la óptica del nuevo gobierno, los factores que podrían ayudar a un mejor desempeño de la economía mexicana en 2019 son: 1) que no se agraven las tensiones comerciales; 2) que el país empiece a recibir mayores flujos de inversión como cosecuencia del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá; 3) que se produzca un mayor impulso a la demanda agregada, como resultado de los incrementos salariales, la implementación de los programas sociales y la mayor inversión; y 4) una asignación más eficiente de recursos, y un incremento de la inversión por la reducción de la violencia y la lucha contra la corrupción.

Esperemos que la propuesta de política económica sintetizada en esta numeralia se desarrolle sobre este último escenario, para que el primer año de la administración siente las bases de un sexenio que realmente empiece a transformar a México.

*Profesor del CEPHCIS, UNAM.

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