Yucatán es territorio maya

Resistencia a los proyectos

Enrique Gallegos Madrigal
Foto: Enrique Osorno
La Jornada Maya

Viernes 31 de mayo, 2019

El 28 de mayo del año en curso se publicó en la versión impresa y en medios electrónicos de La Jornada Maya un texto titulado “¿academia contra desarrollo?”, más allá de hacer alusiones personales, o responder a las alusiones personales que en ese texto se hace, es mi intención puntualizar lo siguiente: Plantear una disyuntiva entre estar a favor de los proyectos o en contra como única postura, sin matices y sin considerar los derechos de las comunidades indígenas mayas, es estar desvinculado de la realidad en el estado.

Yucatán es un estado pluricultural, y así habría que pensarlo siempre. En la última encuesta intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se reportó que 62.7 por ciento de la población se adscribía como indígena. De ahí que no se pueda tomar a la ligera el desarrollo de 23 proyectos de energías renovables en el estado, como si se tratase de cualquier otro proyecto económico o de inversión, ya que muchos de ellos están ubicados en territorio maya.

Aquí la resistencia no es hacia las energías renovables, es más, nadie discute la importancia en el desarrollo de tecnologías alternativas a los combustibles fósiles que ayuden a reducir los impactos al ambiente, pero si éstas se promueven bajo la lógica de capitalismo verde (megaproyecto dentro de un sistema neoliberal), los impactos negativos son mayores que cualquier beneficio que se pretenda alcanzar. Desde la presentación de la Estrategia Nacional de Energía 2012-2016 se comenzó a promover el desarrollo de proyectos de energías renovables, pero como siempre estuvo acompañada de la participación del sector privado, se dio lugar a la licitación de grandes extensiones de territorio en todo el país y ahí comenzó el desencanto.

Las resistencias a los proyectos de energía no son nuevas, en Morelos y Oaxaca tienen muchas experiencias de este tipo con organizaciones campesinas, indígenas y de derechos humanos, y aquí en Yucatán tenemos ejemplos como los de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíimbal, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, Articulación Yucatán y la Red de Peninsular de Litigio Estratégico en favor de los Pueblos Indígenas y las Comunidades Campesinas. Todas estas organizaciones (las locales y las de otras latitudes) surgen como respuesta a la amenaza de perder su territorio, y aunque no en todos los casos podría afirmarse que están (del todo) en contra de la instalación proyectos de energías renovables, la falta de diálogo por parte de autoridades y de las empresas, contratos engañosos y/o injustos, la falta de información y el hostigamiento que sufren líderes o lideresas de las comunidades por parte de grupos privados, acaban definiendo la postura que asumen.

22 proyectos de energías renovables

Actualmente se tiene conocimiento de 22 proyectos de energías renovables en el Yucatán (10 solares y 12 eólicos) distribuidos en el territorio que comprenden los municipios de Motul, Ixil, Kanasín, Acanceh, Buctzotz, Cuncunul, Tizimín, Sinanché, Yobaín, Dzilam de Bravo, Telchac Pueblo, Progreso, Suma, Cansahcab, Muna, Sacalúm, Ticul, Valladolid y Peto, aunque todos se encuentran en distintas etapas de desarrollo y la mayoría detenidos, se pretende aumentar la cifra según datos del Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional. Cabe mencionar que estos proyectos no se instalan en las ciudades, sino en zonas no habitadas con vegetación, lo cual que implica la tala de monte y el uso de tierras ejidales para fines distintos a la cosecha de la milpa.

Señalo lo anterior, no como una tragedia, sino como un hecho que no se puede pasar por alto, con la intención de poner en relieve que el modelo de desarrollo que se promueve junto a los parques eólicos y solares no solamente es un asunto económico. Ignorar que además de las implicaciones sociales y culturales, se están violando derechos, normas y compromisos internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas es gravísimo, lo mismo que ignorar que muchas veces las manifestaciones de impacto ambiental reflejan que las medidas de mitigación son genéricas y no son conscientes de los impactos a la naturaleza.

Ante este panorama, queda claro que lo que molesta no son las energías renovables, sino los proyectos con diseños e impactos negativos en sus distintas fases de desarrollo; agréguese también que, en ocasiones, las autoridades dan la espalda a las comunidades, lo cual implica que éstas tengan menos recursos para hacer frente a las grandes empresas. De ahí que el respaldo de organizaciones de la sociedad civil y la academia sea tan importante, no sólo para ayudarles a hacer más visible su lucha y los problemas a los que se enfrentan, sino como aliados estratégicos en una lucha difícil.

Mérida, Yucatán
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