A nueve meses de la matanza de abejas, aún está latente el riesgo

Carlos Águila Arreola
Foto: Daniel Kohan
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Jueves 20 de junio, 2019

El verano de 2018 fue, para decenas de familias de comunidades del municipio de José María Morelos, el momento más amargo en la apicultura de Quintana Roo: perdieron entre 24 y 30 millones de abejas y su patrimonio luego de que un empresario de Yucatán ordenara fumigar su terreno, un chilar cercano a los apiarios de la zona.

En la primera fumigación con Fipronil –químico altamente tóxico para los insectos– perdieron 357 colmenas en 18 apiarios localizados en el ejido Candelaria I. Las pérdidas por las abejas, la cera y la miel fueron calculadas en dos millones 300 mil pesos. En la segunda afectaron por lo menos 500, pero hay quienes calcularon que llegaron a las 700.

A nueve meses de la tragedia, el apicultor Wilson Avilés González, del ejido Candelaria y uno de los más afectados, acusó que no hubo una solución de fondo que evite que la matanza pueda repetirse porque “en México, ni el anterior gobierno ni el actual se atreven a regular el uso de agroquímicos”.

Los apicultores tuvieron que enfrentar, además, la deficiente procuración de justicia, pues al intentar denunciar lo ocurrido, en el Ministerio Público no intervinieron. Ni siquiera quisieron levantar la denuncia, alegando erróneamente que matar abejas no es un delito y que no tenían competencia en delitos ambientales.

En la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tampoco fueron escuchados, bajo la excusa de que era un delito patrimonial, no ambiental.

El caso trascendió fuera del estado de Quintana Roo, incluso pasó los límites del país: medios internacionales dieron cuenta de lo ocurrido y al calor de la presión mediática, la Fiscalía General del Estado (FGE) tuvo que tomar la denuncia, mientras que autoridades locales también intervinieron.

Aprovechando la urgencia de los apicultores para recuperarse de las pérdidas y asegurar la próxima cosecha, el empresario Pedro Pablo Erosa Manrique, dueño del chilar, logró que los afectados aceptaran una negociación que minimizaba los daños y no garantizaba que el hecho ocurra de nuevo.

“En un hotel, a puerta cerrada y respaldado por autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca de Quintana Roo (Sedarpe) y de la Fiscalía estatal, Erosa Manrique hizo firmar a los apicultores mayas un acuerdo en español que lo comprometía a pagar sólo la pérdida de 250 colmenas y no las 357 que afectó”, relató Avilés González.

El pago fue en dos partes, bajo palabra de no volver a fumigar, acuerdo que el empresario no respetó; a cambio, los apicultores aceptaron desistirse de la denuncia. Días después, faltando a su palabra, volvió a fumigar su chilar afectando ahora más de 228 colmenas en los ejidos San Felipe I, Nuevo Reforma y Kankabchen.

Para octubre el empresario había saldado el adeudo mediante el convenio firmado, pero debido a las denuncias en su contra condicionó el retiro al cierre del chilar, en noviembre.

Avilés González narró que Erosa Manrique cumplió y cerró su plantío; sin embargo, para él y los demás apicultores afectados, reponerse ha sido complicado y no han logrado recuperarse: “El empresario aportó 907 pesos por colmena, mientras que la Sedarpe entregó otro lote del programa ‘Peso por peso’. En total entregaron 120 colmenas”.

“El problema es que las colmenas no eran de buena calidad: de 12 desaparecieron cuatro; traían poca población, sin reservas, ni crías. Tampoco hubo una solución de fondo que evite que la matanza ocurra de nuevo, porque en México ni el anterior gobierno ni el actual regulan el uso de agroquímicos”, expresó.

Avilés González acudió a la reunión de diciembre en la Ciudad de México en la que varios apicultores y organizaciones civiles demandaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador prohibir el uso de algunos agroquímicos y regular otros.

“Hasta ahora no han hecho nada. Todo sigue igual; no hay ningún control ni cambios. Muchos apicultores también siguen usando insecticidas, plaguicidas y otros químicos. No deben usarse, pero la gente ve cómo le hace y los consigue. Urge que el gobierno regule, pero también que nosotros entendamos que no debemos usarlos”, afirmó.

Actualmente Avilés González está dedicado a la agricultura y apicultura orgánica. Entiende el valor y la importancia de las abejas, no sólo en términos económicos sino como base de la polinización de las plantas: “Sin ellas, sin las abejas, no hay frutos, no hay nada”, advirtió el apicultor morelense.