Perversiones institucionales

Normando Medina Castro
Foto: Notimex
La Jornada Maya

Jueves 15 de agosto, 2018

Las instituciones públicas fueron creadas con la premisa fundamental de servir y proteger los intereses de la colectividad bajo un marco normativo que, gradualmente se fue minimizando hasta convertirlo en instrumento de simulación al servicio de privilegios y beneficios particulares por encima del bienestar nacional.

No nos cansaremos de decirlo, la corrupción e impunidad neoliberal que inició en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue ganando terreno hasta alcanzar niveles de desenfreno en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, con daños incuantificables para nuestro país.

La perversión es definida como desviación, deformación, corrupción y envilecimiento. Algo que, en lugar de hacer el bien para lo que fue creado, hace lo contrario. Las instituciones fueron pervertidas, prácticamente todas, en mayor o menor grado.

Lo peor es que los políticos que ocasionaron desde los partidos políticos la grave situación de pobreza, desigualdad, violencia, inseguridad, corrupción e impunidad, siguen actuando, en abierto desafío al pueblo soberano que los echó del gobierno en las elecciones de julio del año pasado.

“Son tiempos de enderezar las instituciones, aquellas que no habían servido y no se habían preocupado de hacer lo que les corresponde”, dijo la doctora, Muna Dora Buchaín, en el programa Los Periodistas, de Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, del Grupo Radio Centro. Cuestionada por los periodistas, la doctora Buchaín, quien como directora general de auditoría forense de la ASF, hizo la investigación y armó el expediente de la llamada Estafa Maestra que hoy tiene en prisión a Rosario Robles Berlanga, habló de la importancia que en el gobierno actual exista un enfoque de Estado de combate a la corrupción.

Obligada a renunciar del cargo de directora general de auditoría forense de la ASF, en el gobierno anterior, por exhibir el saqueo de recursos públicos que involucraba a varios actores políticos importantes del país, de los cuales la más visible era Rosario Robles, ex titular de Sedesol y de Sedatu, afirma que es necesario que las personas enfrenten y paguen las consecuencias de sus actos. Aún así lamenta que servidores públicos cometan actos de corrupción sin tener necesidad. “Pudiendo vivir bien, lo arriesgan todo”, dijo.

La descomposición institucional era tal que, incluso había funcionarios que ofrecían dinero a los auditores de la Auditoría Superior de la Federación para “hacerse de la vista gorda” sobre desempeño irregular o simplemente para que no se les audite. La doctora Buchaín dejó claro que los auditores están en constante riesgo de ser tentados por la corrupción y es indispensable que tengan valores firmes.

Puso el dedo en la llaga cuando afirmó que las instituciones todavía están infiltradas por funcionarios afines a quienes causaron mucho daño a México, y ejemplificó, a pregunta de los periodistas, que en la Auditoría Superior de la Federación sigue como director jurídico, Víctor Manuel Andrade Martínez, quien se negaba a tramitar las denuncias correspondientes en casos insolventables y obstaculizó su trabajo al frente de la auditoría forense.

De manera abierta expresó que el actual titular de la ASF, David Colmenares Páramo, nombrado en el gobierno anterior, el 14 de marzo de 2018 para un periodo que fenece en 2026, carece de la capacidad y la solvencia que requiere la importante encomienda y por eso mantiene en la dirección jurídica a Andrade Martínez, quien es hermano del ex secretario de la función pública, Virgilio Andrade Martínez, el mismo que exculpó del escándalo de la Casa Blanca, a su amigo Enrique Peña Nieto.

Arrecian los problemas y escándalos de la secretaria del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo, Catalina Portillo Navarro, ventaneada por conflicto de interés e influyentismo, señalada de tener injerencia en asuntos internos de sindicatos. Retrasar a su conveniencia tomas de nota de las organizaciones, y extralimitarse en sus funciones, por lo cual, el dirigente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos de la República Mexicana, Sergio Alberto Padilla, solicitó su destitución y acusó que en Conciliación y Arbitraje, el secretario de Acuerdos, Moisés Almeida condiciona trámites a la entrega de dinero.

El gobierno estatal PAN-PRD, cuya estructura laboral es preferentemente foránea, ha terminado por exacerbar los ánimos de la burocracia local, relegada, e incluso los sindicatos combativos como el del DIF han tenido dificultades para recibir su toma de nota. Hay quienes no entienden que el poder es temporal, tiene fecha de caducidad, por eso siempre será mejor la fuerza de la política, que la política de la fuerza y la charlatanería demagógica.

El lenguaje de los hechos siempre será superior al de las promesas y los discursos, y cuando mucho se juzgó y prometió, se crean grandes expectativas que sólo pueden ser llenadas por acciones concretas y nunca por justificaciones y pretextos. Los señalamientos claros, precisos, en contra de funcionarios del gobierno de Carlos Joaquín González, simplemente han sido ignorados de manera sistemática. Nadie da la cara. Solo los bots y las publicaciones pagadas que no convencen a nadie. Para muestra un botón. El DIF es la instancia que atiende a los más necesitados, vulnerables y en riesgo. Los que menos tienen y más sufren. Por lo mismo la atención que se brinda en esa instancia tiene que ser necesariamente cálida, empática, solidaria. Todo lo contrario a lo que ha ofrecido la directora general del DIF estatal, María Elba Carranza Aguirre, señalada una y otra vez, sin que nadie le ponga freno.

El terrorismo que implica, con los asesinatos y daños económicos del cobro de derecho de piso por criminales no ha sido atendido en su real dimensión por ninguna autoridad y van peligrosamente en aumento. En fin, son cosas que pasan en nuestro país y en nuestro caribeño estado.

¡Hasta la próxima!


[b][email protected][/b]