Jessica Xantomila
Foto: María Luisa Severiano
La Jornada Maya
Ciudad de México
Lunes 19 de agosto, 2019
Después de las manifestaciones realizadas en días recientes por mujeres que exigen alto a la violencia contra ellas, diversas organizaciones expresaron su respaldo al movimiento y denunciaron que las acciones emprendidas en todos los niveles de gobierno para atender esta problemática “son insuficientes”.
Indicaron que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que de enero a junio de 2019 fueron asesinadas mil 812 mujeres en México, es decir, un promedio de 10 por día. A ello se suman las denuncias por violación que el año pasado se registraron un total de 15 mil 322 a nivel nacional.
Además, la vida de las mujeres se desarrolla en un contexto de militarización de la seguridad pública que lejos de garantizar su integridad física y libertad, atenta contra ella, señalaron el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Persona, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
Señalaron que lo que sucede en la capital del país, es un indicador de lo que pasa en otros estados, por lo que, las acciones desde la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y los gobiernos de las entidades deben realizarse “sin dilación, con eficacia y respetando las manifestaciones de indignación y repudio, consecuencia de la ausencia de una política integral que proteja a las mujeres”.
En un comunicado, destacaron que como defensoras de los derechos de las mujeres han documentado “una ruta de impunidad y patrones” que responsabilizan a las víctimas de las agresiones y violaciones en su contra; la reproducción de los estereotipos de género por parte de las propias autoridades, y lo que esto implica para ellas y sus familias.
Ante este panorama, continuaron, “es indispensable señalar que no basta abrir las carpetas de investigación por los delitos que ponen en riesgo la vida de las mujeres, sino que es urgente y necesario que realmente se garantice el acceso a la justicia de una manera pronta y efectiva”.
La impunidad y la falta de respuestas eficaces por parte de las autoridades en todo el país, “agudiza la indignación y acrecienta el hartazgo social que necesita ser atendido sin descalificaciones, sino como el pulso que nos permite sentir y reconocer el nivel de afectación que hay en el tejido social, por la ausencia de una política pública integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que sufren las mujeres, expusieron.
En este sentido, las organizaciones demandaron que la jefa de gobierno de la Ciudad de México declare la alerta de género, negada en junio pasado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
De igual manera, se realicen investigaciones con perspectiva de género, que den con el conocimiento de la verdad y el esclarecimiento de los hechos de violencia sexual perpetrados por integrantes de cuerpos de seguridad pública y se sancione a las autoridades responsables de la filtración de información, violentando el debido proceso y la seguridad de las víctimas y sus familias, así como la reparación del daño y garantías de no repetición.
Pidieron la conformación de cuerpos de policías de género, formados específicamente para atender las problemáticas que ponen en riesgo a las mujeres, se realice la actualización de protocolos de actuación para las y los funcionarios públicos, a fin de garantizar su implementación con perspectiva de género, derechos humanos y la debida diligencia.
También, demandaron la participación social y política de las mujeres en el desarrollo e implementación de las estrategias que garanticen el derecho a una vida libre de violencia, los gobiernos eviten la criminalización de la protesta social contra las mujeres, niñas y adolescentes y se generen los marcos legales para sancionar a las autoridades que desde el Gobierno Federal, Estatal y Municipal por su acción u omisión violenten los derechos de las mujeres.
En el texto reconocieron la postura del Gobierno de la Ciudad de México de no criminalizar a las mujeres que se han manifestado.
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