Sandra Hernández García
Foto: Enrique Osorno
La Jornada Maya
Ciudad de México
Jueves 5 de septiembre, 2019
Diputados de Morena en el Congreso local presentaron la iniciativa de la ley del trabajo no asalariado, en la que se regula por primera vez el sexoservicio en la Ciudad de México.
De acuerdo con la iniciativa, las personas que ejerzan el sexoservicio no pagarán impuestos por el uso de la vía pública, sin embargo, el diputado Temístocles Villanueva dijo que todas las personas asalariadas deben aportar una contribución, incluyendo las trabajadores sexuales.
“En el caso del trabajo sexual tendrá que haber una medición, es un tema muy complejo, pero tendría que haber una tarifa única para las personas que ejerzan el trabajo sexual”.
La iniciativa establece que las sexoservidoras deberán contar con una licencia para el ejercicio de su trabajo, y mediante la cual podrán obtener preservativos en cualquier centro de salud.
En casos de enfermedad, invalidez o accidente de trabajo que tenga como consecuencia la inhabilitación de la persona a un plazo mínimo de seis meses, las personas trabajadoras sexuales tendrán derecho a un seguro de desempleo por enfermedad, incapacidad o discapacidad.
Asimismo se propone construir un sitio virtual que servirá como plataforma para que las personas trabajadoras sexuales intercambien opiniones respecto al trato de los clientes, así como las condiciones de higiene y seguridad.
Para el caso del comercio ambulante se proyectarán zonas especiales donde se podrán colocar puestos semifijos o móviles, con lo que se prohíbe que estos enseres se conocen fuera de escuelas, hospitales, clínicas, centrales de transporte, centros de asistencia social y asilos.
Las autoridades estarán obligadas a crear el Padrón de Personas Trabajadoras No Asalariadas de la Ciudad de México conformado por los registros de las alcaldías. Además los órganos administrativos emitirán una licencia con gafete y fotografía, con una vigencia de cinco años.
Los ambulantes estarán obligados a pagar un aprovechamiento por el uso del espacio público, cuyas cuotas serán determinadas por la Secretaría de Administración y Finanzas.
El instituto advirtió que minimizar estas conductas de riesgo representa un grave error
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