Gustavo Castillo y Emir Olivares
Foto: José Antonio López
La Jornada Maya
Ciudad de México
Domingo 1
Un juez federal con sede en Tamaulipas liberó a 24 policías de los municipios de Iguala, Huitzuco y Cocula acusados de estar involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Este domingo, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, dará una conferencia de prensa al respecto, luego de que en días pasados advirtió de la posibilidad de que un grupo de personas imputadas por la desaparición de los normalistas podría recuperar su libertad.
En tanto, el martes próximo la Comisión de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Serapaz, Fundar y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez convocarán a conferencia de prensa para emitir su postura.
Funcionarios federales confirmaron la información luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) explicó en un comunicado que un juez de distrito en Matamoros otorgó la libertad a los elementos luego de negar a la fiscalía especial de Ayotzinapa la ampliación del plazo de 10 días naturales que el propio juzgador le había dado para someterlos a los protocolos de Estambul.
Refirió que "la fiscalía de Ayotzinapa, como órgano del Ministerio Público Federal, autónomo e independiente, presentará todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones".
"Esto, al margen de la sentencia emitida el 31 de mayo de 2018 por un tribunal colegiado, en la cual se ordenó la reposición del procedimiento aplicando, en forma independiente a la PGR, los protocolos de Estambul a los policías locales y diversos procesados que alegaban haber sido torturados para obtener sus confesiones; también deberían establecerse las sanciones por demoras injustificadas y por dictámenes médicos cuestionados".
La FGR hizo referencia a la sentencia de mayo pasado, en la cual por decisión de un tribunal se ordenó la creación de "una comisión de ciudadanos en la que participara la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República para cumplir con las funciones de investigación y persecución de los delitos".
El pasado 4 de septiembre el subsecretario Encinas informó en conferencia de prensa que el procesamiento de los 142 detenidos por el caso Iguala se basó en 107 pruebas recabadas en diversas averiguaciones previas que abrió la PGR. Señaló que de ellas sólo subsisten 44, puesto que 63 fueron declaradas ilícitas por el primer tribunal colegiado de circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, debido a que se acreditó una serie de violaciones al debido proceso, la integridad personal y a la libertad al detectarse detenciones ilegales, tortura, incomunicación y violaciones al derecho a una defensa adecuada.
La liberación de los 24 policías municipales se suma a la de 13 elementos de Iguala, que ahora demandan una indemnización de un millón de pesos para cada uno, y a la de Gildardo López Astudillo, [i]El Gil[/i], uno de los líderes del [i]cártel[/i] de [i]Guerreros unidos[/i].
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