El alcalde meridano en la CDMX

Francisco J. Hernández y Puente
Foto: Twitter @RenanBarrera
La Jornada Maya

Viernes 4 de octubre, 2019

Una ciudad, cuya economía sí crece, y una ciudad que sí es segura, en contraste con lo que ocurre en muchas otras zonas del país. Esos son, sin duda, los dos grandes activos de la capital del estado de Yucatán que provocan flujos crecientes de migrantes, (del interior del país, pero ahora también de Centro y Sudamérica) que se alojan en Mérida como nuevos residentes o pequeños inversionistas, particularmente en el sector de los bienes inmuebles.

El indicador más evidente y que está a la vista, es la cantidad de vehículos automotores que hoy circulan por la ciudad, cifra que se acerca a los 700 mil. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en promedio, 30 mil vehículos de todos sus tipos se incorporan anualmente a la circulación vial. De hecho, este desbordado crecimiento del parque vehicular es a la vez la muestra de la crisis de movilidad ante la ausencia de un sistema de transporte público eficiente y moderno.

En este escenario nos enteramos por las páginas de este diario que el presidente municipal, Renán Barrera, cabildea con los representantes del gobierno federal la posibilidad de aumentar los recursos para la ciudad, previo a la aprobación del presupuesto, para plantearle cuáles son las necesidades de Mérida, “ya que en la medida que tengamos recursos tendremos posibilidad de hacer frente a nuestras necesidades”.

El encuentro del alcalde meridano con autoridades federales es un indicio más de las dificultades presupuestales que poco a poco han ido apareciendo a lo largo de este primer año de gobierno de la 4T. En esta ocasión se trata de las entidades federativas que han recibido menos recursos de la federación y, en particular, los municipios de las ciudades capitales, como es el caso de Mérida.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, al mes de agosto de 2019, el gasto federalizado pagado a todas las entidades del país disminuyó sustancialmente y sólo fue positivo para Tabasco, Durango y Nuevo León. En el caso particular de Yucatán el decremento fue de -7.9 por ciento, principalmente por la disminución de los recursos que se remiten vía convenios de desarrollo y los del Ramo 23, un ramo presupuestal que siempre ha tenido un manejo discrecional. Por su parte, las participaciones y las aportaciones federales, que sí están reguladas por ley, registraron un crecimiento de 1.9 y 2.6 respectivamente.

Ante tal evidencia parecería justificada la presencia de Renán Barrera en la Ciudad de México, pero es altamente probable que no sea el único, y que alcaldes y gobernadores de otras entidades hagan lo propio. A final de cuentas, todos viven mayoritariamente de los recursos que la federación les envía, con los que querrán hacer frente a sus necesidades de gasto. Según datos del INEGI para 2015, en promedio, el 95 por ciento de los recursos con los que cuentan los gobiernos de las entidades federativas provienen de la federación y sólo cinco por ciento provienen de ingresos propios, es decir, recursos que los gobiernos estatales recaudan para armar sus presupuestos anuales.

[b]4T y la austeridad republicana [/b]

En Yucatán, por ejemplo, en 2013, cuando el gobernador en turno tomó posesión de su cargo, el presupuesto que el Congreso le aprobó fue de 28 mil 859 millones de pesos. En 2018, cuando concluyó su administración, el presupuesto de Yucatán era ya de 40 mil 813 millones, es decir que a lo largo de la administración zapatista el presupuesto del estado registró incrementos promedio de más de 2 mil 300 millones de pesos anuales, pese al contexto de restricciones financieras impuestas al país principalmente por las condiciones del mercado petrolero internacional, específicamente la caída de los precios y la reducción de la capacidad productiva para generar excedentes exportables de crudo.

Con todo, en el período, al gobierno de Yucatán no le fue mal, no por su capacidad interna de captación de recursos, sino porque no dejó de recibir de la federación cada año más y más dinero. Pero llegó la 4T y la austeridad republicana, y este año el presupuesto de la entidad es de 40 mil 586 millones, poco menos que el del año anterior, aunque 92 por ciento de esos recursos siguen llegando de la federación. De ese total, sólo 3 mil 126 millones corresponden a ingresos propios, mismos que no alcanzan siquiera para armar el presupuesto de la ciudad capital del estado que es de 3 mil 317 millones de pesos.

La disputa por los recursos públicos será una constante en las semanas por venir, al tiempo que se discute el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2020 en la Cámara de Diputados. No se trata, por cierto, de un proyecto presupuestal sustancialmente mayor al de este año, por lo que el tamaño de la bolsa a repartir es más o menos la misma, sólo que con necesidades crecientes y rezagos acumulados a lo largo y ancho del país.

Con todo, presidentes municipales y gobernadores piensan que el cabildeo con la federación es la vía para conseguir más recursos. Así se han acostumbrado, renunciando incluso a potestades tributarias en sus entidades que les redituarían una mayor recaudación. Prefieren la popularidad que da la eliminación de impuestos como el de la tenencia y uso de vehículos que prácticamente ha dejado de existir que ser impopulares estableciendo nuevos gravámenes, así sea para apoyar sus finanzas.

La pregunta es entonces ¿cómo superar la incapacidad recaudatoria, de financiamiento, y de inversión pública que tanta falta le hace al país, a Yucatán y a una ciudad como Mérida con sus dos grandes activos? La respuesta está en la realización de una reforma fiscal que involucre a la federación y a sus 32 entidades federativas, en la que cada una asuma nuevas potestades tributarias. Eso obliga, sin embargo, a asumir un nuevo paradigma de gobernabilidad.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
*[b]Profesor del CEPHCIS-UNAM[/b]
[b][email protected][/b]