Agua y saneamiento, limitantes para el desarrollo peninsular

Abelardo Rodríguez*
Foto: Enrique Osorno
La Jornada Maya

Jueves 31 de octubre, 2019

La Presidencia de la República ha propuesto algunos proyectos de desarrollo para el sureste. El más grande de ellos, por su cobertura territorial, es el Tren Peninsular (TP). El proyecto incluye más de mil 500 kilómetros de vía férrea y 17 estaciones de servicio en donde se espera crear polos de desarrollo—tanto habitantes de la península, como migrantes de otros estados o de países vecinos—que provean servicios necesarios para el TP (ver “El Tren Maya. Un nuevo proyecto de articulación territorial en la Península de Yucatán. México”. GeoComunes / Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible). A veces se dice que el TP no es solo un proyecto de turismo, sino uno de oportunidades, incluyendo el transporte de mercancías y de gente. En esta nota exploro la posibilidad que tiene la nueva administración para evitar que el agua y saneamiento limiten este emblemático proyecto.

Las 17 estaciones de servicio extenderán las actividades económicas de los actuales centros de población a lo largo de la línea férrea. Se augura un crecimiento poblacional y económico. Sin embargo, debido a que algunas consultoras, predominantemente privadas y extranjeras, no han terminado los estudios de impacto ambiental y socioeconómico para el TP, no están disponibles los escenarios de áreas impactadas, empleos en diferentes sectores, niveles salariales, vivienda y servicios para la población adicional esperada. Se sabe que las poblaciones en las que habría estaciones de servicio tienen más de 25 mil habitantes y como resultado de las actividades económicas del TP se incrementará la demanda de agua y saneamiento dependiendo del tipo y número servicios de hospitalidad, preparación de alimentos y bebidas, entretenimiento, así como servicios especializados para diferentes tipos de turismo. Como el TP es un proyecto estratégico regional multisectorial, se esperaría que el suministro de agua potable y el tratamiento de aguas residuales sea sustentable.

La mayoría de los hogares urbanos en la península compra y bebe agua embotellada pagando entre 10 y 32 pesos por 20 litros (dependiendo de quién la venda) mientras que la población rural o urbana de bajos recursos bebe agua de pozo o la suministrada por las municipalidades. Esto revela una deficiencia o preferencia en la calidad del agua que proveen los municipios para beber y para el uso doméstico. Es importante mencionar el destino del agua que suministran las municipalidades después de ser utilizada: La mayor parte se reintegra al acuífero debajo de la capa de roca kárstica peninsular que por su naturaleza es porosa. Estadísticas del Agua en México 2018 (Comisión Nacional del Agua), reporta que el caudal tratado de agua en Campeche es de 4.06 metros cúbicos por segundo, 0.37 en Yucatán, y 0.07 en Quintana Roo. En Yucatán, por ejemplo, esto equivale a 21 mil 312 metros cúbicos de agua residual tratada en 16 horas (0.37 metros cúbicos multiplicados por 57 mil 600 segundos).

Asumiendo que cada habitante aporta 200 litros de agua residual por día y que todo el estado incluye a 2 millones de habitantes, entonces la capacidad de tratamiento de agua residual es solamente 5.3 por ciento (21 mil 312 metros cúbicos divididos entre 400 mil metros cúbicos de agua que aportan 2 millones de habitantes). Es muy probable que en Mérida este porcentaje sea inferior debido a la alta densidad de población y sectores productivos generando aguas residuales.

La situación en Quintana Roo también es dramática, con cinco veces menos capacidad que Yucatán en el tratamiento de aguas residuales y con una demanda de agua muy elevada por los servicios de hospitalidad, preparación de alimentos y bebidas, y de entretenimiento concentrados en ciudades de la Riviera Maya. No es de sorprender que algunas poblaciones cercanas a la costa, o a las lagunas, han notado los efectos negativos de aguas no tratadas que fluyen hacia estos cuerpos de agua. La gran parte del agua reintegrada al acuífero peninsular eventualmente fluye desde el interior de la península y llega a los litorales del Golfo y del Caribe. Esta problemática se presenta en el documental del Gran Acuífero Maya publicado por la UNAM a finales de 2018.

No es evidente que exista una planeación y políticas públicas entre la Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Energía (Sener), Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Turismo (Sectur), Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE); las Comisiones Nacionales de Agua (Conagua), Forestal (Conafor) y Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) por parte del gobierno federal y sus contrapartes estatales, los municipios, ejidos y comunidades indígenas, y las organizaciones de la sociedad civil que conduzca a la provisión sustentable de agua potable y su tratamiento.

El balance peninsular entre el suministro de agua y su saneamiento es negativo. Los costos para extraer agua del acuífero, su potabilización y su saneamiento se incrementarán con el crecimiento de la población y la aparente falta de coordinación en los tres niveles de gobierno que se requiere para un proyecto de desarrollo sustentable tan amplio como el TP.

Mérida, la ciudad más grande de la península, cuenta con una red de drenaje muy reducida y las aguas residuales domésticas, comerciales e industriales predominantemente son vertidas en sumideros o procesadas con sistemas anticuados. En este escenario de manejo de agua no sustentable no es imaginable que el TP genere el bienestar que requieren los habitantes de la península.

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es un proceso participativo, sistemático y estratégico de apoyo a las decisiones que aseguren que los aspectos ambientales y sociales de la sostenibilidad se consideren en la formulación de planes, políticas y programas de desarrollo. Se propone en México como un instrumento para mejorar el desempeño del Plan Nacional de Infraestructura en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo iniciando en 2006. Como secuela de la Reforma Energética, en 2013 se incluye a la EAE en la Ley de La Transición Energética de 2015 como requisito en proyectos complejos de energía alternativa. Sin embargo, el Reglamento de la Transición Energética publicado en 2017 excluye a la EAE como parte del proceso de transición.

En Yucatán, durante el primer semestre de 2018, se intenta promover el uso de la EAE en relación con los proyectos de energía renovable, pero el gobierno saliente no apoya la iniciativa. El desarrollo de la península, ya sea con el TP, con proyectos de energía renovable o alguno de los otros proyectos en la agenda regional de la presente administración, podrían emprender una fase de aprendizaje e implementar EAEs; esto crearía capacidad local para integrar los cabos institucionales, económicos y del tejido social que andan sueltos. Esto no es necesariamente lo que la Presidencia quiere para el TP, pero es un paso fundamental hacia la sustentabilidad social y ambiental de la región.

*Consultor.

[i]Mérida, Yucatán[/i]
[b][email protected][/b]