La incluyente discapacidad

Felipe Escalante Tió
Foto: Oscar Rodríguez
La Jornada Maya

Martes 3 de diciembre, 2019

Pocas condiciones son tan incluyentes y democráticas como la discapacidad. Cualquiera puede tenerla, sin importar dónde se encuentre en la escala de ingreso, el nivel escolar o si nació en una gran urbe o una población remota. De hecho, si consideramos la vejez como un estado de discapacidad adquirida, todos estamos destinados a ella. A fin de cuentas, en el proceso de envejecimiento nuestras facultades van disminuyendo al grado de afectar nuestra movilidad, vista, oído y en algunos casos la memoria y habilidad comunicativa.

Se necesita muy poco para adquirir la condición de persona con discapacidad. Basta una fracción de segundo para que el feto se enrede el cordón umbilical alrededor del cuello y se produzca un momento de asfixia; un instante en el cual el cerebro en formación deja de recibir oxígeno, y entonces habrá un grado de parálisis cerebral; una ligera mutación en un par de cromosomas y el resultado será un hermoso bebé con síndrome de Down; un pestañeo al volante o un conductor con una cerveza de más, y alguien puede perder una extremidad o terminar utilizando una silla de ruedas el resto de su vida.

Basta poco. De niños algunos bromeábamos con la posibilidad de “dejar chop” a algún compañero en el juego de la kimbomba, y luego la telenovela Cuna de lobos reforzaría la idea de que era posible sacarle el ojo a alguien con un trompo; la intensidad del ruido que nos rodea ha debilitado la capacidad auditiva de por lo menos las últimas tres generaciones.

Y por ese instante, ese descuido, una persona se ve condenada a enfrentar obstáculos y discriminación por el resto de su vida, además de un alto costo económico y serias dificultades para el estudio, el trabajo y una existencia digna.

Porque por alguna extraña razón, la atención a personas con discapacidad marcha dando palos de ciego, porque tal pareciera que se pretende dar paliativos en lugar de atender el fondo. Digámoslo rápidamente: recibir una cantidad bimestral alivia en muy poco la problemática diaria de este sector de la población, comenzando con los gastos de un proceso de rehabilitación, que van mucho más allá de terapias físicas y consultas médicas.

Ayer, padres de menores usuarios del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón acudieron a Palacio de Gobierno a fin de pedir se reconsidere la aportación que hacía el gobierno del estado (44 millones de pesos al año) a este centro, que este año se vio obligado a cambiar de modelo de atención a fin de emplear a menos personas, y por consiguiente, atender a menos pacientes.

Podría pensarse que las instalaciones públicas pueden ofrecer una alternativa, pero esto es harto difícil sin una reforma de gran calado. Implicaría, en pocas palabras, cambiar el paradigma de salud pública que siguen el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como un nuevo modelo de atención en el aparato estatal de Salud, pero también transformar algunas áreas en la Secretaría de Educación y en las dependencias encargadas del trabajo.

Porque, siendo realistas, ¿puede el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) atender al seis por ciento de la población del estado, que es la que tiene una condición de discapacidad? A todas luces, la respuesta es que por más esfuerzos que haga el personal, hará falta el recurso humano y económico para garantizar la misma atención a cada usuario. Entonces, el concurso privado es necesario.

¿Debe entonces el gobierno del estado volver a entregar esa cantidad? Ante el panorama de falta de recursos para el próximo año, la respuesta es una honesta duda, más cuando los CRIT atienden un tipo de discapacidad, y en todo caso nuestro gobierno debiera destinar recursos por igual a asociaciones privadas que atiendan a personas con autismo, debilidad visual o auditiva. Sin embargo, no deja de ser hasta doloroso que los sacrificados ante el altar presupuestal resulten ser, literalmente, los más vulnerables.

Lo que en lo particular me resulta cierto es que ni las asociaciones civiles ni el gobierno por sí solos lograrán la inclusión plena de personas con discapacidad. Ambos deben marchar juntos hacia esa meta, hasta que sea una realidad en todos los ámbitos. Para que no ocurra otro caso como el de la niña Elvia, para que nadie sea discriminado por su condición, para ser, de verdad, un estado de paz.

Mérida, Yucatán
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