Piden vinculación a proceso contra Borge

Joana Maldonado
Foto: Captura de pantalla
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Viernes 6 de diciembre, 2019

La Fiscalía Anticorrupción solicitó la vinculación a proceso en contra de Roberto Borge Angulo en relación a la carpeta 159/2017 por el delito de peculado, derivado de la venta irregular de 18 predios propiedad del extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE) y el gobierno del estado en perjuicio de las finanzas estatales por un monto de 2 mil 500 millones 532 mil 744.12 pesos.

Esto en la audiencia realizada este viernes. Se trató de una audiencia inicial de imputación, en donde solamente le leen al imputado sus responsabilidades. La defensa solicitó una ampliación del término constitucional a 144 horas, por lo que la diligencia será reanudada el martes próximo.

La defensa desestimó la imputación al señalar que quién debe responder por el hecho es Claudia Romanillos, ex directora del IPAE, pues la estructura orgánica acota responsabilidades en donde el Ejecutivo no es garante.

Pero además acusa que esta carpeta incorpora los mismos hechos por los que a nivel federal se le acusan aunque la Fiscalía General de la República incorpora 22 (y no 18) predios como parte de la acusación por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los 18 predios que incorpora la carpeta se localizan en Tulum, Cancún, Cozumel, Solidaridad, Akumal, Mahahual, Chetumal y Bacalar que fueron vendidos muy por debajo de su costo comercial y violando los artículos 26 y 27 de la Ley del patrimonio por incumplir con el objetivo de la venta de representar “un bien colectivo”.

Raúl Karim De la Rosa Peláez, abogado defensor de Roberto Borge Angulo declaró que la audiencia se celebra en cumplimiento de una orden de amparo y sin necesidad de una orden de aprehensión.

“Borge se puso a disposición, no en cumplimiento a alguna orden de aprehensión hoy escuchamos la imputación y solicitud de vinculación”, dijo.

Según la defensa, los datos de prueba que presentaron los fiscales, decían que los inmuebles eran del IPAE y precisó que “es importante porque ese tipo penal fue modificado en una reforma al artículo 156 del Código Penal y se eliminaron elementos del tipo anterior”.

Anticipó que solicitaría la comparecencia de los peritos fiscales y el director de la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro), Eduardo Ortíz Jasso, porque la Fiscalía “solo incorpora lo que le conviene y omite aquellas cuestiones que le perjudican”, esto al referir los avalúos ya que todas las operaciones se realizaron a solicitud del IPAE.

E insistió que en la estructura del IPAE, el gobernador no es garante de los bienes, y si lo es el director, que en su momento era Claudia Romanillos.

“¿Quienes eran los encargados? Los comisarios de Agepro. No puede distraer lo que no estaba en su alcance (...) lo que le están imputando es que no asistiera a las asambleas, de tal suerte que cada quien tiene sus responsabilidades”, indicó.

El defensor acusó que en este tema existe “un fuerte componente político no legal” pues son bienes de dominio privado que el gobernador no administra.