Revisarán de nuevo historial de candidatos de la GN
Serán sometidos a revisiones patrimoniales y enviados a exámenes de control de confianza
Gustavo Castillo García
Foto: Marco Peláez / Archivo
La Jornada Maya
Gustavo Castillo García
Sábado 15 de diciembre, 2019
Comisarios, coordinadores regionales y algunos jefes de división, entre ellos la comisaria Patricia Rosalinda Trujillo Mariel –quien formó la División Científica de la Policía Federal–, de los cuales no se han revelado sus nombres debido a que muchos están en perspectivas de sumarse a la Guardia Nacional, serán sometidos a nuevas revisiones patrimoniales y enviados a exámenes de control de confianza para certificar que durante la gestión de Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública federal en el gobierno de Felipe Calderón, no tienen nexos con grupos delictivos o se beneficiaron de actos de corrupción, indicaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad del gobierno federal.
Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se revise si hay mandos de lo que aún queda de la Policía Federal que hayan participado en actos ilícitos durante la gestión de García Luna y en esos casos se les despida, integrantes del gabinete de seguridad señalaron que durante las manifestaciones de inconformidad con su transferencia a la Guardia Nacional hubo elementos policiacos que denunciaron corrupción por parte de sus jefes, y también que la corporación era utilizada para realizar actos ajenos a la persecución de los delitos, tales como actividades para afectar a actores políticos u organizaciones sociales.
De esa manera, se han obtenido algunos indicios contra jefes regionales o divisionales de la hoy considerada extinta Policía Federal que presuntamente recibían dinero a cambio de favores, como adscripción de elementos o la no designación en operativos de alto impacto.
Los funcionarios entrevistados mencionaron que parte de los involucrados en corrupcpión se ubicarían entre los mandos de divisiones, como antinarcóticos y despliegue regional, además de la participación de funcionarios de carácter administrativo en la adquisición de bienes y servicios con sobreprecio.
Foto: Marco Peláez / Archivo
La Jornada Maya
Gustavo Castillo García
Sábado 15 de diciembre, 2019
Comisarios, coordinadores regionales y algunos jefes de división, entre ellos la comisaria Patricia Rosalinda Trujillo Mariel –quien formó la División Científica de la Policía Federal–, de los cuales no se han revelado sus nombres debido a que muchos están en perspectivas de sumarse a la Guardia Nacional, serán sometidos a nuevas revisiones patrimoniales y enviados a exámenes de control de confianza para certificar que durante la gestión de Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública federal en el gobierno de Felipe Calderón, no tienen nexos con grupos delictivos o se beneficiaron de actos de corrupción, indicaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad del gobierno federal.
Tras el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se revise si hay mandos de lo que aún queda de la Policía Federal que hayan participado en actos ilícitos durante la gestión de García Luna y en esos casos se les despida, integrantes del gabinete de seguridad señalaron que durante las manifestaciones de inconformidad con su transferencia a la Guardia Nacional hubo elementos policiacos que denunciaron corrupción por parte de sus jefes, y también que la corporación era utilizada para realizar actos ajenos a la persecución de los delitos, tales como actividades para afectar a actores políticos u organizaciones sociales.
De esa manera, se han obtenido algunos indicios contra jefes regionales o divisionales de la hoy considerada extinta Policía Federal que presuntamente recibían dinero a cambio de favores, como adscripción de elementos o la no designación en operativos de alto impacto.
Los funcionarios entrevistados mencionaron que parte de los involucrados en corrupcpión se ubicarían entre los mandos de divisiones, como antinarcóticos y despliegue regional, además de la participación de funcionarios de carácter administrativo en la adquisición de bienes y servicios con sobreprecio.
