Joana Maldonado
Ilustración: www.inegi.org.mx
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Martes 14 de enero, 2020
El gobierno de Quintana Roo descartó iniciar algún proceso jurídico en contra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), órgano que realizará el censo poblacional con la cartografía que excluye territorio al estado pese a la petición del Ejecutivo de usar el vigente en la Constitución del estado.
El secretario de gobierno, Arturo Contreras Castillo, indicó aunque seguramente el INEGI, que realizará el censo de población del 2 de marzo al 27 del mismo mes, hará uso de la cartografía que resta territorio a Quintana Roo y favorece a Yucatán y Campeche y no el mapa actualizado publicado en el [i]Periódico Oficial del Estado[/i] en abril de 2019.
“Lamentablemente no es el real, el legal y seguimos defendiendo, no cesaremos en la defensa del territorio”, precisó, al añadir que el Comité Cívico pro-defensa de los límites está trabajando sobre las estrategias legales a emprender.
Tras el censo poblacional de 2010, Quintana Roo promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones legales contra el INEGI por el uso de un mapa que desfavorece a la entidad, no obstante Contreras Castillo descartó que ocurra nuevamente. Dijo que desde hace meses notificaron al INEGI de la inconformidad sobre el uso del mapa, pero que al no ser una entidad normativa no hubo resultados.
“La controversia es con los estados vecinos, ese es el asunto”, puntualizó el funcionario, aunque reconoce que el censo dejará fuera población que pertenece a la entidad y que genera una afectación -aunque mínima- en el reparto presupuestal que parte de la proporción de habitantes de los estados.
En una entrevista anterior, el coordinador del INEGI en el estado, Carlos Novelo Vela, refirió que la cartografía que utilizan es con base a los límites geoestadísticos, que no necesariamente coinciden con los límites político-administrativos.
En cuanto al conflicto limítrofe, el encargado de la política interna dijo que éste transita lento como todo lo relativo al ámbito constitucional y que no ha habido grandes movimientos en los últimos meses. Aseguró que Quintana Roo ha aportado todos los documentos que la autoridad jurisdiccional ha solicitado.
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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