Frenan comunidades de Campeche al Tren Maya

Aseguran que la consulta fue de carácter "fraudulento"

Abraham Bote
Foto: Conaculta
La Jornada Maya

Calakmul, Campeche
Martes 28 de enero, 2020

Indígenas mayas pertenecientes a las comunidades de Xpujil, Calakmul, Campeche, integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), obtuvieron el pasado 14 de enero, por parte del Poder Judicial de la Federación, una suspensión provisional de la ejecución del proyecto Tren Maya, en respuesta a una solicitud de amparo que presentaron en contra del proceso de consulta, la cual calificaron como simulada, y que se llevó a cabo en asambleas informativas y consultivas con representantes y no con la población abierta, según indicaron.

El Juzgado Primero de Distrito, con sede en el estado de Campeche acordó conceder la suspensión provisional para la ejecución del Tren Maya, es decir que “las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y las autoridades responsables se abstengan de decretar la aprobación del proyecto” o bien, “se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva”. Con esta decisión del Juzgado, el Tren Maya se encuentra oficialmente suspendido de manera provisional por orden judicial.

De acuerdo con el expediente 12/2020-VI-B, se solicitó al Juzgado Primero de Distrito de Campeche la suspensión de la consulta indígena y la jornada de ejercicio participativo ciudadano, ordenada por el gobierno federal, junto con la aprobación del proyecto del Tren Maya. Sin embargo, se negó la primera porque son actos que “produjeron todos sus efectos y, por ende, ya no procede la suspensión, pues de concederse, en estas circunstancias, se le daría a la medida cautelar efectos restitutorios cuando no debe tener otros que los suspensivos”.

En rueda de prensa, realizada el día de ayer en esta ciudad, los miembros del CRIPX indicaron que la solicitud de amparo fue presentada el pasado 6 de enero, y en ella se reclama “la simulada y fraudulenta consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”, así como la “ilegal consulta y aprobación del proyecto denominado Tren Maya, cuya acción se realizó en flagrante violación a nuestro derecho humano a que se garantice una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.

“Con este amparo pedimos que los efectos de la consulta se detengan y se anulen; donde se dice que se aprobó el tren, y segundo que se anule el tren mismo”, sentenció Elisa Cruz Rueda, asesora jurídica del CRIPX; “que se detenga por la violentación al derecho libre determinación que se deriva en el derecho a la consulta, a la información plena, trato de buena fe”, agregó la litigante.

A su vez, indicó que hasta ayer, el gobierno federal no había respondido a este amparo; “no ha mandado sus informes justificados, lo que representa sistemáticamente una violación a la orden federal. “Si nosotros estamos aduciendo que hay una violación, el gobierno federal tiene que decir si es cierto o no; sin embargo no ha dicho nada”, subrayó la activista, quien afirmó que debieron responder en una semana al juez y no lo han hecho.

“De manera flagrante está violando la orden judicial que dice que se detengan las cosas hasta que sigamos este proceso de juicio de amparo. Todavía nos falta la audiencia constitucional, pero las autoridades federales no detienen el proyecto del Tren Maya, ellos están violentando el Estado de derecho, no las comunidades indígenas”, subrayó.

Precisó que se busca anular este proyecto de manera definitiva, que se cancele, pero están a la espera de lo que determine el juez por el beneficio de las comunidades. “Si ahora aceptamos este tipo de tratos para personas que no tienen voz, que no se les escucha, después van a venir por nosotros”, advirtió.

En la demanda se señala como autoridades responsables al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador; al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes. En el amparo que presentaron denuncian que el proceso de consulta se llevó a cabo sin cumplir con los estándares internacionales que marca el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual el Estado mexicano es parte, así como en contravención de lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Explicaron que la consulta no cumplió con el carácter de informada, ni previa, pues no recibieron información detallada con antelación suficiente, ni se respetó su derecho a la participación, y la estructura de los foros de la supuesta fase informativa, de fecha 30 de noviembre de 2019, fue diseñada e implementada de manera unilateral, por lo que sus formas y modos no fueron acordes con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comunidades.

Antes de consultar, agregaron, ya se había anunciado la aprobación del proyecto a través de diversos canales públicos. La consulta tampoco se realizó de buena fe y no fue culturalmente adecuada, dado que se repartieron papeletas electorales para depositar en casillas, a modo de votación, sin tomar en cuenta las formas de organización y toma de decisiones de la comunidad.

Ante los elementos expuestos anteriormente en la solicitud de amparo, el Juzgado acordó conceder la suspensión provisional “para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, para que las autoridades responsables se abstengan de decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien, al haber sido decretada dicha aprobación, se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto”, hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva.

“Las comunidades indígenas del pueblo maya peninsular y ch´ol, asentados en Xpujil, nos congratulamos por esta decisión y conminamos al resto de los pueblos en los estados de la República afectados por el Tren Maya, a que agoten la vía jurisdiccional para defender su derecho a una verdadera consulta, a la integralidad de sus tierras y territorios, y a la autonomía y libre determinación. Continuaremos trabajando en acciones jurídicas de defensa, llevando a cabo asambleas comunitarias en las que brindamos información relacionada con la defensa del territorio”, concluyó.